Amaya Fernández dimite en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para poder ser presidenta del PP de Bizkaia

Amaya Fernández ha presentado finalmente su dimisión como auditora-jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas después de que se dictaminara que su puesto de asesora en esa institución era incompatible con ser presidenta de la gestora del PP de Bizkaia. Esta decisión desbloquea la renovación decidida por Génova hace ya semanas en la organización territorial del partido tras la salida forzada de Raquel González.

Fernández, que en el pasado recibió dos compatibilidades para ser miembro del comité electoral nacional del PP y del comité organizador del último congreso, vio bloqueado el poder simultanear ambas funciones. Un contudente informe apeló a la “apariencia” de neutralidad de los integrantes del órgano auditor y, asimismo, alertaba de que podía acceder a información “confidencial” que podía usar contra sus rivales políticos. Se le dio un plazo para elegir entre los dos puestos que expiraba este jueves y la dirigente del PP se ha decantado por el partido y ni siquiera presentará un recurso.

Lo ha comunicado en una carta rematada con un “yo elijo Bizkaia” y en la que señala al PNV por entorpercer lo que ella consideraba un mero trámite. Otra asesora del órgano auditor lo compatibilizó durante más de dos años con ser dirigente del PNV de Álava .“Durante los últimos días he vivido con impotencia, y en primera persona, acontecimientos alejados de una democracia en la que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”, expone.

Y añade: “Desde hace unos años he desempeñado mi labor profesional como asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), entidad fundamental para la mejora continua de la gestión del sector público vasco. Hace unas semanas, el Partido Popular me propuso asumir la dirección del PP de Bizkaia, un proyecto con el que legitimamente me identifico y que considero clave para la defensa del interés general del Territorio Histórico. Por ello, trasladé al Parlamento Vasco mi voluntad de compatibilizar mi labor política orgánica con mi trabajo en el Tribunal, cuestión que consideré un mero trámite administrativo, al ser público y notorio que cargos orgánicos de otras formaciones políticas pudieron compatibilizar responsabilidades políticas de primer nivel con un puesto de asesor en el Tribunal”.

Señala expresamente que “el PNV impulsó un informe del Parlamento Vasco” para declarar el conflicto de intereses y la incompatibilidad. Se agrega que “se filtró dicho informe a los medios de comunicación días antes” de su notificación -fue este periódico el que lo adelantó- y que se “vulneraron” sus derechos. “Ante todo ello, y votes a quien votes, me siento en la obligación de exponerte que este tipo de instrumentalización pone en serio riesgo las libertades y los derechos de todos los vascos. Hoy me ha tocado a mí, pero mañana te puede tocar a ti”, escribe.

“Si antes de pedir mi compatibilidad sentía que era necesario implicarme en un proyecto que defienda los derechos de todos, ahora lo siento aún más. El poder quiere que elija entre la seguridad laboral y mi vocación de servicio público porque cree que todos los vascos somos como sus dirigentes; porque quiere al disidente en silencio. Pero no somos como ellos. Estamos al servicio de las instituciones; no las utilizamos para perjudicar a quien no piensa igual. No ponemos por delante nuestro interés personal a costa de nuestra tierra”, apunta Fernández.

Y cierra: “Por eso, y dado que la institución desde la que se filtró el informe me ha dado la oportunidad de que esta conversación se produzca primero en la esfera pública, te anuncio mi renuncia como asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, decisión que comunicaré al Tribunal. Porque Bizkaia es demasiado importante, porque no somos como ellos y porque los vizcaínos y vizcaínas, cuando se nos da a elegir entre silencio remunerado o Bizkaia, elegimos Bizkaia. Yo elijo Bizkaia”.

Fernández fue edil en Barakaldo y luego secretaria general y 'número dos' en Euskadi con Alfonso Alonso. Cuando Génova, en tiempos de Pablo Casado, fulminó a Alonso, ella temporalmente asumió la presidencia del partido. Después, ya fue defenestrada en la etapa de Carlos Iturgaiz. Es en 2022 cuando accedió al Tribunal de Cuentas, donde el PP dispone de una vocalía con capacidad de nombrar a un asesor. Todos los partidos se reparten los puestos en este organismo.