Bizkaia intensifica el control de pagos en efectivo de más de 1.000 euros y el seguimiento a grandes deudores

La Hacienda Foral de Bizkaia ha aprobado el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal para el año 2025, que contempla medidas como la culminación de la implantación del sistema Batuz, un especial seguimiento de grandes deudores para detectar posible patrimonio oculto o la intensificación del control de pagos en efectivos superiores a los 1.000 euros.

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, que ha destacado que el fraude fiscal “no puede combatirse solo con medidas coercitivas y de control”, sino que deben complementarse con “actuaciones preventivas que refuercen la posición de las personas que cumplen con sus obligaciones tributarias” y son “la mayoría”, frente a “los pocos insolidarios que no lo hacen”. En este marco, el plan de lucha contra el fraude fiscal para 2025 se ha diseñado con cuatro directrices destinadas a la prevención del fraude, su detección y su regularización. La primera se centra en la información y asistencia a contribuyentes e incluye el refuerzo de la atención presencial, telefónica y telemática, además de ampliar funcionalidades y contenidos de la sede electrónica para adecuarla a las demandas de profesionales del asesoramiento fiscal.

Una segunda directriz está dedicada a culminar el proceso de implantación del sistema Batuz. Según ha recordado Berrojalbiz, “ocho de cada diez personas y entidades con implantación definitiva de Batuz en 2024 están ya cumpliendo”. En concreto, son 45.000, cifra a la que se suman más de 9.000 contribuyentes incorporados de manera voluntaria pese a que aún no están obligados a hacerlo.

Este año se enviarán cartas informativas a los contribuyentes que deben sumarse Batuz en las ventanas del 1 de julio de 2025 y del 1 de enero de 2026 y también contarán con canales de atención específicos creados para la gestión de este proyecto. Por otro lado, se desarrollará una nueva aplicación web para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, que se abrirá a la ciudadanía en la próxima campaña en el mes de julio, orientada a la integración de los borradores en la campaña de 2026.

La tercera directriz contempla actuaciones de obtención, normalización y análisis de la información con trascendencia tributaria, con el objetivo de “mejorar la calidad del dato” y su explotación.

La cuarta directriz se centra en la digitalización de la economía ya que, según ha indicado Berrojalbiz, “el acceso a la información con relevancia económica de las personas y empresas que operan en una economía cada vez más digitalizada es uno de los mayores retos” para la Administración tributaria.

En este contexto, se incluyen personas que realizan sus operaciones comerciales a través del comercio electrónico y “muchas veces” usan plataformas o intermediarios para alcanzar un mayor número de clientes. También entran en este campo operadores que disponen de sistemas de pagos y cobros electrónicos como alternativa a los métodos tradicionales, cuyo control “se dificulta aún más en el caso de que estén localizados en el extranjero”. Una dificultad que se agrava con la utilización de cryptomonedas.

En torno a estas cuatro directrices se han estructurado las actuaciones del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal de 2025, que se ha reorganizado y simplificado y que contempla medidas preventivas, de obtención de información y regularización, y de cobro.

Entre las preventivas, se van a desarrollar un nuevo sistema de avisos y una plataforma de servicios web que permitirá realizar las presentaciones de autoliquidaciones y declaraciones tributarias mediante intercambio automático de ficheros.

Además, se ha firmado un nuevo convenio para la impartición del módulo de educación tributaria de los cursos 2025-2026 y 2026-2027, con la ampliación del programa a los dos últimos cursos de primaria y a 1º, 2º y 3º de educación secundaria obligatoria. El objetivo es “llegar a seis de cada diez escolares”.

Según ha destacado la diputada, se va a incidir en el control del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF), “obligando a presentar mensualmente la autoliquidación de IVA para evitar un fraude que ha tenido especial incidencia en la recaudación de 2024”. Así, se modifica la normativa del IVA relativa a la obligación de garantizar o anticipar el pago del impuesto que se devenga con la salida de productos de depósitos fiscales de hidrocarburos, y Hacienda realizará actuaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta nueva regulación. Asimismo, se realizarán actividades de control para evitar y, en su caso, detectar lo antes posible la creación de tramas organizadas de empresas creadas para la defraudación del IVA.

Por otro lado, entre las actuaciones de obtención de información y regularización, se ha desarrollado una plataforma tecnológica orientada a cubrir el ciclo completo del control tributario.

Se realizarán actuaciones orientadas a verificar la información suministrada en las nuevas declaraciones relacionadas con la tenencia de monedas virtuales en el extranjero, así como los saldos y operaciones realizadas. También se continuará desarrollando la herramienta informática para conocer la información económica de las empresas en los diferentes canales de Internet.

El objetivo de Hacienda es “construir una imagen económica, lo más completa posible, de los negocios que operan en Bizkaia, con una presencia relevante en Internet”, como arrendamientos de inmuebles para uso turístico o temporal o la organización de celebraciones, conferencias y eventos.

Al igual que en los años anteriores, se realizarán actuaciones dirigidas a descubrir “cualquier mecanismo de ingeniería financiera” para la elusión del pago de impuestos mediante “la creación de estructuras fiscales artificiosas”. Igualmente, se realizarán inspecciones en grandes empresas y grupos fiscales para comprobar que declaran correctamente ámbitos específicos de la tributación, como la correcta acreditación y consolidación de deducciones y otros tipos de incentivos fiscales.

Por otro lado, se harán comprobaciones en actividades económicas en sectores con alto riesgo de existencia de economía sumergida o de ingresos no declarados, con especial atención al “uso intensivo de efectivo” o que no admitan pagos mediante sistemas bancarios.

La Hacienda vizcaína va a intensificar el control sobre pagos en efectivo superiores a 1.000 euros, que incumplan la limitación financiera de este tipo de operaciones, y se regularizará esta situación a los efectos de considerar gastos no deducibles en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF y de iniciar expedientes sancionadores a los operadores que incumplan la normativa.

Se realizará un control integral de la tributación correspondiente a los negocios inmobiliarios, incluida la explotación de apartamentos turísticos, y la correcta tributación en información suministrada por los ayuntamientos sobre licencias de obras a viviendas y locales.

Por lo que respecta a las actuaciones de cobro, se llevará a cabo un especial seguimiento de grandes deudores para detectar posible patrimonio oculto con el fin de que regularicen su situación tributaria, y un impulso de ejecuciones patrimoniales mediante actuaciones de embargo y de subastas.

La investigación de las personas deudoras que aparentemente carezcan de bienes y derechos ejecutables, pero que sean titulares o estén autorizadas en tarjetas de crédito o débito, y la detección de ocultaciones y vaciamientos patrimoniales, mediante el control y revisión de las operaciones de transmisiones de bienes y derechos, donaciones, renuncias a herencias y otras operaciones similares son otras de las acciones incluidas en el plan.