La sucesión de días históricos en Catalunya no terminará el 21N. Tras las elecciones autonómicas, tal y como adelantan los sondeos, asistiremos a cómo articular una compleja gobernabilidad, pero ese no será el mayor de los dilemas. Las elecciones autonómicas no habrán resuelto la cuestión de fondo que plantea el movimiento soberanista catalán en España. La relación entre Catalunya y España, que es de lo que estamos hablando, no se resuelve con unas elecciones autonómicas, por histórica que sea su participación. Las posiciones polarizadas limitan los temas del debate político (desde ahí se puede entender por qué ni Arrimadas ni Rovira supieron contestar a las preguntas de Évole relativas a la tasa de paro, la violencia de género y la fiscalidad). No es ese –lamentablemente- el juego. Como ocurrió en 2015, las autonómicas se plantean en términos plebiscitarios, solo que ahora, todas las opciones políticas han asumido el plebiscito, todos los actos de campaña, los discursos y las intervenciones se limitan a reivindicar identidades políticas. Es un absoluto y absurdo desencuentro.
La falta de diálogo, de negociación y de entendimiento responde a la absoluta falta de coherencia en la definición de los principales preceptos y realidades políticas. Tres significados dispares son claves para entender por qué no es posible siquiera iniciar un tímido acercamiento entre las posturas extremas y polarizadas. Se le está atribuyendo un significado muy distinto a la idea de legitimidad, de legalidad y de democracia. Cuando analizamos acontecimientos recientes como la aprobación de las Leyes del Referéndum y de Transitoriedad, la convocatoria y celebración del referéndum del 1 de octubre, la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución parece como si hubiéramos visto una película distinta.
El movimiento soberanista catalán entiende que es legítima su reivindicación independentista, considera legítimo el referéndum del 1 de octubre, como legítima entiende que es la aprobación de un marco legal que le permite responder a un mandato popular y ejercer así la democracia. Desde esta concepción de los principios democráticos, que ha devuelto la delegación de la representación a la movilización ciudadana en las calles, considera ilegítima la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El posicionamiento constitucionalista entiende que no es legítimo un referéndum que se fundamenta en la aprobación de unas leyes que desobedecen el marco legal establecido y atentan contra el imperio de la ley, por lo que no atribuye valores democráticos al movimiento soberanista y considera legal, legítima y democrática la aplicación del artículo 155.
Debemos ser conscientes de la raíz del desencuentro y empezar a tender puentes que partan del reconocimiento de que existen dos principios de realidad sumamente dispares y en dos planos paralelos que si no alteran su rumbo quedarán condenados al desencuentro (matemáticamente) infinito. El primer paso debe ser (re)conocer, siquiera críticamente, al otro y entender (que no necesariamente atender) su legalidad, su legitimidad y sus principios democráticos. Un primer paso debería ser asumir de forma sincera y realista que España es un Estado plurinacional con diferentes sensibilidades nacionales e identidades políticas. También debería ser posible entender que las naciones sin Estado pueden cumplir un papel relevante en la articulación del Estado español y en la configuración y construcción de Europa.
El debate político debe ser real, debe fundamentarse en posibles políticos y no caer en la llamada postverdad que no es más que una nueva palabra que hemos inventado para hablar de las viejas mentiras y de la antigua propaganda política. No se trata de qué relato triunfa o se impone, se trata de construir un nuevo relato en el que la razón política se imponga en la creación de consensos realistas y factibles, donde prevalezca el respeto a los derechos humanos, donde se reconozca la prevalencia de los derechos individuales. Quizá sea el momento de la traición.
Urge una reforma constitucional. Una reforma que permita abordar una segunda transición política que resuelva la articulación territorial y fiscal. Sin embargo, esta reforma solo será efectiva si somos capaces de asumir que la respuesta a este conflicto tiene que ser política, si somos capaces del (re)conocimiento. No resuelve una actitud revanchista, no resuelve la derrota del otro y mucho menos su humillación. Para recobrar la senda del imperio de la ley como salvaguarda de la democracia hemos de entender lo mismo por “ley” y por “democracia”. Estamos lejos de plantear una respuesta de este calado y altura política. El 21N no resolverá nada si a partir del 22N la gobernabilidad solo se construye intragrupos, porque una mitad (la que sea) no puede imponer a la otra un modelo político-identitario concreto.
Soy pesimista respecto a una solución política a corto plazo, me temo que todavía deberemos soportar posturas irreconciliables desde distintos principios de realidad y ajenos constructos teórico-políticos. Ahora bien, si somos capaces de consensuar una verdadera, profunda y transformadora reforma constitucional que aborde la necesaria segunda transición, no podemos olvidar que la primera transición también adolecía de la consecución de una igualdad y libertad verdaderamente efectivas, por lo que la segunda transición no podrá pasar por alto una reformulación de la democracia que permita universalizar el principio de ciudadanía y hacerlo extensible a todas las personas.
Esto solo lo podrá hacer si se centra en las condiciones sociales y si define el espacio público más allá del ámbito político. Tanto “lo público” como “lo privado” son ámbitos propios de la democracia. Por eso Arrimadas, Rovira y el resto de la clase política deberían tener muy presentes los indicadores económicos y sociales (paro, tasa de actividad, segregación ocupacional, conciliación, promoción, responsabilidades de cuidado, etc.) y conocer cuál es su impacto de género.
La revolución –feminista o no será- sigue siendo un tema pendiente y necesita de un sujeto político consciente para el nuevo contrato social que nos lleve de la ciudadanía a la ‘cuidadanía’, con el reconocimiento de los derechos cívicos, políticos, sociales y de cuidado. Pero, como ha ocurrido repetidas veces en la historia, me temo que tendremos que esperar, porque el debate territorial e identitario se ha impuesto al ideológico y la izquierda política, aunque teóricamente se declara internacional y cosmopolita, en su concreción práctica solo ha sabido afirmarse desde una identidad territorial, identidad que hoy vive en distintos principios de realidad.
*María Silvestre Cabrera es doctora en ciencias Políticas y Sociología. Ha sido directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y en la actualidad es profesora en la Universidad de Deusto, donde dirige el Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres
@_mariasilca
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