La calidad como prioridad en la inspección de los servicios sociales

La pandemia de coronavirus ha marcado un antes y después en los servicios sociales. También en lo que se refiere a la inspección de los centros. La Diputación Foral de Álava, a través de su Servicio de Registro e Inspección de Servicios Sociales, es la encargada de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a los centros tanto forales como privados que actúan en este ámbito en el territorio histórico. La inspección se realiza en residencias, viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, centros de día o centros ocupacionales, destinados todos ellos a colectivos de personas mayores, personas con discapacidad, con enfermedad mental, en situación de exclusión, menores de edad en situación de desprotección y víctimas de violencia de género.

En los dos últimos años, nos hemos cuestionado el orden de prioridades de algunos los aspectos que se revisan en los centros. La inspección no solo controla el cumplimiento de la legislación vigente. También orienta, forma y realiza acompañamiento para la resolución de dudas y necesidades, lo que se ha erigido como fundamental para los recursos sociales durante la crisis del coronavirus.

La Diputación Foral de Álava ha provechado este impulso, lo experimentado y lo aprendido durante la crisis sanitaria, para aplicar un plan bianual de inspección que busca no solo la revisión de las condiciones materiales, funcionales y de personal de los centros y servicios sociales, sino velar también por el respeto a los derechos de las personas usuarias.

¿Cómo nos hemos planteado cumplir con ese objetivo? Con el fomento de las buenas prácticas en la atención a personas, de forma que se garantice un trato digno y respetuoso, en especial en el entorno residencial. Con este plan, hemos dado un paso más en la inspección. Ampliamos la mirada más allá de la la mera comprobación del cumplimiento de la normativa.

Así, las inspecciones seguirán incidiendo en aspectos como la supervisión de las instalaciones, la prestación adecuada de cuidados básicos y de alimentación, la realización correcta del plan de cuidados y el plan de atención individualizada, y el control de las ratios de personal, sus funciones y su distribución horaria. También el conocimiento de los protocolos, entre ellos, los más importantes, como los de caídas, malos tratos, derivación a urgencias, úlceras por presión, visitas, sujeciones y errores en la medicación.

El plan contempla al menos una visita anual en el caso de los centros residenciales para personas mayores y mujeres víctimas de violencia de género, mientras que habrá un mínimo de dos inspecciones al año en los centros para menores de edad.

Además, a partir de ahora, pondremos el foco en la calidad y dignidad de la persona usuaria. Con este objetivo, introduciremos en las inspecciones elementos diferenciadores de calidad de los recursos. Algunos de estos elementos diferenciadores son la formación en geriatría de las personas profesionales en medicina y enfermería, la continuidad y estabilidad en el empleo con el objeto de favorecer un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio, la existencia de actividades diferenciadas y variadas para distintos perfiles de personas usuarias, o la realización de encuestas a residentes y familiares a fin de conocer su nivel de satisfacción.

También como novedad, el personal inspector acudirá de dos en dos a los centros, lo que permitirá interactuar más y mejor con las personas usuarias y profesionales. E incrementaremos las visitas en horarios poco habituales, incluso de madrugada. Continuaremos, asimismo, con la práctica adoptada durante la pandemia de realizar la inmensa mayoría de las visitas de inspección sin preaviso.

Unas medidas que pretenden reforzar la labor de nuestro Servicio de Inspección, que vela por el cumplimiento de la legalidad, sí, pero también valora los aspectos de calidad, consolida el carácter preventivo de la inspección, y promueve que esta sea más cercana y respete mejor los derechos de la persona usuaria.