En estos difíciles momentos para nuestros centros donde la COVID y sus consecuencias (sobre todo para la escuela pública) parecen ser el único tema y parecen también querer taparlo todo, conviene volver a recordar cuál es el principal problema que sigue debajo de la alfombra de nuestro sistema educativo vasco. Se llama segregación escolar, denunciada repetidamente por el Consejo escolar de Euskadi, Save the Children, y todos los agentes que trabajan en la enseñanza pública, red que la sigue sufriendo día a día sin que se quieran buscar soluciones.
En la CAV la concentración de alumnado de perfil socioeconómico bajo afecta al 46,6% del total de los centros y el 88,9% de esos centros con muy altos niveles de concentración son de titularidad pública según Save the Children (2018). La situación se sigue agravando, ¿cómo es posible? Es la consecuencia directa de años de negar recursos a la escuela pública y de financiar desmedidamente a la enseñanza concertada, de apostar por esta última en detrimento de la de todos y todas. El Gobierno Vasco asume un papel de árbitro imparcial tratando a dos redes desiguales como si fuesen iguales, y dejando que el tiempo y la falsa libertad de elección de centro sigan haciendo crecer esta segregación, que aparece como algo natural e inevitable.
Así, casi la mitad de los centros de enseñanza de la CAV (financiados con el dinero de todos y todas) siguen seleccionando a su alumnado por medio de cuotas económicas (“voluntarias”, ya que son ilegales), lo que crea una auténtica discriminación entre las familias que pueden elegir y las que no tienen la posibilidad económica para hacerlo, es decir, crea una brecha, una división social entre centros, crea la segregación escolar.
Ante esta realidad socialmente injustificable y las denuncias constantes que se producen año tras año, el Gobierno Vasco ha querido lavarse la cara con diversos documentos y planes que dicen defender la diversidad y la inclusión, pero que no cuestionan la realidad ni van al origen del problema: un sistema público-privado desequilibrado, desigual y discriminatorio.
El “II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva e intercultural 2016-2020” no se materializó ni en un 20%. El documento “La escolarización del alumnado de origen extranjero en el sistema escolar de la CAPV. Diagnóstico y nuevas medidas de intervención” de octubre de 2018, no aplicó ninguna medida concreta. El programa denominado Hamaika Esku es, por su parte, un parche insuficiente.
El “Convenio para la colaboración en favor de la convivencia y la equidad educativa” (Julio de 2019) solo incluía medidas de carácter social y asistencial y sólo en el ámbito de Vitoria-Gasteiz (el informe elaborado por la Mesa interinstitucional duerme en un cajón). Ese mismo mes, se puso en marcha el proyecto “Magnet-Erakarri” que se aplica sólo en seis centros de la CAV y ha sido denunciado por algunos de ellos por falta de recursos adicionales suficientes para su realización. Conviene leer las conclusiones de la Fundación Jaume Boffil, propulsora de la experiencia Magnet en Cataluña, que insisten repetidamente en que la segregación no se frena si desde el Departamento de Educación y desde el Ayuntamiento correspondiente no se toman medidas políticas específicas contra esta. Esas medidas de política educativa que no se están aplicando aquí.
En resumen, planes solo de papel, intenciones, bonitas palabras, medidas a medias, pero sin la dotación necesaria para ponerlos en marcha ni acompañarlos de medidas estructurales que puedan revertir la situación de desigualdad que genera este sistema. La consecuencia es que son los y las propias profesionales de la enseñanza, y las familias, con su implicación, quienes cargan a sus espaldas la gestión de la segregación escolar, segregación que afecta a toda la comunidad educativa y a su entorno social. Recordemos que el Gobierno Vasco, (PNV-PSE) se retrató ante este tema en septiembre de 2018, cuando impidió la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), liderada por la plataforma Zubiak Eraikiz y apoyada por más de 17.000 ciudadanas y ciudadanos, que buscaba impulsar el debate sobre las condiciones mínimas para avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y menos segregador.
Se pueden tomar muchas medidas ante la próxima campaña de matriculación en los centros educativos, momento clave para impedir el incremento anual de la segregación: creación de oficinas únicas de matriculación en cada municipio que garanticen una escolarización equilibrada del alumnado a la vez que gestionan también la matrícula de alumnado fuera de plazo; prohibición categórica del cobro de “aportaciones voluntarias” a las familias en los centros financiados con fondos públicos; cambios en el baremo de admisión eliminando la puntuación según renta y los puntos de libre disposición de que disponen los centros; control de los ratios de alumnado por aula en la red concertada; dotación de más recursos y plantilla a la red pública, (única red inclusiva, universal, compensadora de desigualdades y motor de la euskaldunización); creación de una tasa de inclusión máxima y mínima en todos los centros financiados con dinero público; no concertación de nuevas aulas cuando existan plazas suficientes en la red pública… es decir, políticas activas que promuevan la presencia de alumnado diverso en todos los tipos de centros.
Es tiempo de replantearse un sistema educativo vasco que segrega año tras año y no cumple los objetivos de inclusión que la sociedad vasca reclama y necesita. Hace falta asumir la realidad y querer cambiarla. Hace falta conciencia social para poner fin de una vez a una de las realidades más vergonzosas de nuestra sociedad.
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