En busca y captura un sospechoso de varios asesinatos en Bilbao que usó una app de citas entre hombres para quedar con sus víctimas

Un varón de entre 20 y 40 años sospechoso de asesinato se halla en busca y captura por encontrarse en “paradero desconocido” desde hace meses y estar inmerso en una doble investigación penal en los juzgados de Bilbao, según explican fuentes judiciales. Ambos procedimientos, en los que los crímenes se han calificado inicialmente como “homicidio”, se encuentran bajo secreto de sumario y, a pesar del revuelo suscitado en los últimos días en torno a ellos, no ha habido novedades recientemente.

El origen de esta doble investigación es un trabajo previo de la Ertzaintza para tratar de determinar si una serie de muertes de varones de mediana edad registradas como naturales inicialmente y conocidas desde otoño en Bilbao son en realidad crímenes que guardan una relación entre sí. Este cuerpo policial, además, envió hace ya tiempo una alerta a la Policía Nacional, a los Mossos d'Esquadra y a la Policía Foral de Navarra para que revisasen si casos similares que hayan podido ocurrir en sus respectivas jurisdicciones podrían estar igualmente vinculados.

Las fuerzas de seguridad buscan a un varón que, presuntamente, conocía a sus víctimas a través de una aplicación de citas llamada Wapo y que podría haberlas drogado para robarlas. Desde que 'El Correo' publicara algunos detalles de este caso –se alude a cuatro víctimas confirmadas y otras dos o cuatro más en revisión, en función de las fuentes pero el único dato oficial es que son dos las causas abiertas por homicidio en Bilbao– el hermetismo del Gobierno vasco, del Departamento de Seguridad y de la Ertzaintza es máximo.

Se alude a la necesidad de preservar la confidencialidad de una investigación en curso y ni siquiera se confirma –ni se desmiente– ninguno de los extremos que han trascendido. Patrulleros de Bilbao no han recibido ni instrucciones ni datos sobre lo ocurrido o sobre el sospechoso y en el Palacio de Justicia tampoco se conocen las circunstancias que rodean a estas actuaciones.

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, es de los pocos que se ha pronunciado públicamente. Ha pedido tiempo para que se complete la investigación. “Tiene que seguir su curso. No podemos generar una alarma sin conocer los datos o que se pueda hablar de que en Bilbao hay asesinos en serie o cosas por el estilo. Vamos a dejar que la investigación siga su curso y a ver qué da de sí”, señaló en la Cadena SER. El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, rehusó a dar información al respecto a preguntas de los periodistas.

Fuentes policiales y judiciales confirman que hay un sospechoso y que se trata de localizarlo desde hace tiempo. Se ha revisado en estos meses un número indeterminado muertes consideradas como naturales y, en los análisis de tóxicos de los cadáveres realizados 'a posteriori', se han localizado restos de sustancias inhibidoras.

El posible elemento común de todos esos decesos es que habían mantenido una relación con una misma persona, el investigado, a quien habrían conocido a través de la aplicación móvil y al que habrían invitado a sus respectivos domicilios. La investigación llegó a esa conclusión, según 'El Correo', cuando la familia de una de las víctimas denunció que habían continuado los movimientos bancarios en las cuentas del finado.

Dado que se trata de una persona de fuera de Bilbao y con vínculos con otras zonas, se lanzó una alerta a otros cuerpos para que localizaran posibles conexiones por si el sospechoso había actuado de la misma manera allí. Sin embargo, lleva tiempo en “paradero desconocido”, según recalcan fuentes judiciales.

Esta investigación en Bilbao –y la sucesión de informaciones sensacionalistas que la están acompañando ya– ha devuelto a la ciudad a los meses después de que se produjera el arresto de Juan Carlos Aguilar, conocido por regentar un gimnasio en la calle de Máximo Aguirre y que se hacía pasar por monje shaolín. En su caso se confirmaron dos asesinatos –dos mujeres de mediana edad– y fue condenado en 2015 a una pena de 38 años de cárcel por la brutalidad de los hechos.