Un estudio de torturas bajo sospecha policial
“Solo las prisas pueden explicar que una persona tan experimentada como Paco Etxeberria haya publicitado datos sobre malos tratos sin contrastar previamente la veracidad de esas denuncias por torturas”, en un estudio incluido en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco que estará finalizado para 2016 y que ha cifrado inicialmente en 3.587 las denuncias por torturas entre 1960 y 2013. La afirmación la ha realizado una persona acostumbrada a tratar con los reconocidos trabajos, tanto en España como a nivel internacional, del forense vasco, que ahora dirige y coordinada un equipo del Instituto Vasco de Criminología para realizar este estudio. Pero también algunos de los principales sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto el grito en el cielo porque consideran que Etxeberria es “injusto” e incluso “frívolo” e “irresponsable” por lanzar las abultadas cifras de denuncias “sin valorar su veracidad”, en palabras de Roberto Seijo, secretario general de ErNE, mayoritario en la Ertzaintza. El estudio atribuye a este cuerpo policial 271 casos denunciados, frente a los 1.319 casos referidos al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y los 1.174 cometidos supuestamente por agentes de la Guardia Civil.
Este equipo de expertos -en el que tambien participa, el doctor en Medicina y forense Benito Morentín, el doctor en Medicina y especialista en Psicología de la Salud Carlos Martín Beristain y la licenciada en Derecho y especialista en Criminología Laura Pego- lleva trabajando desde que el Gobierno vasco -en concreto la Secretaría de Paz y Convivencia que lidera Jonan Fernánde- les encomendó el trabajo en marzo del pasado año, dento de las actuaciones del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco del lehendakari Urkullu. Los plazos fijados en el plan para la entrega del estudio, finales de 2014, ya habían vencido. Pese a eso, el equipo ha preferido dar en febrero un primer avance, aun admitiendo la parcialidad de esta primera aproximación a la realidad de la tortura durante décadas en Euskadi. De hecho, realizado el trabajo de campo, el documento únicamente presenta 20 sentencias firmes con 31 víctimas y 49 personas condenadas. El nuevo plazo fija la entrega de la investigación y las recomendaciones para 2016, ya que pretenden emplear entre 9 y 12 meses para el proceso de verificación de ese mapa de la tortura en el País Vasco con dos periodos claramente diferenciados: Desde 1960 a 1978 y desde 1978 a 2013, siguiendo la periodicidad fijada para los decretos de abusos policiales.
A partir de estas fuentes, se dispone de un censo de 3.587 casos documentados de denuncias de torturas y malos tratos ante los tribunales o la opinión publica. El equipo del Instituto Vasco de Criminología (UPV) que coordina Francisco Etxebarria tiene elaborado un perfil individualizado de cada caso con consideraciones de carecer médico-psicológico y judicial. Un total de 1.183 personas han ratificado ya su denuncia mediante un documento por escrito y, de ellos, 56 han grabado sus testimonios en vídeo.
“Es una irresponsabilidad”
“No diferencian entre el material probado en los tribunales y las denuncias que se hacen en los tribunales o las que solo se hacen en los medios de comunicación”, censura el secretario general de ErNE, Roberto Seijo. “El trabajo del equipo que dirige Paco Etxeberria es absolutamente injusto, falso y es una irresponsabilidad que no hayan valorado la veracidad de las denuncias y lancen números alegremente. De hecho, la mayoría son denuncias sin fundamento y no es lo mismo hablar de torturas y malos tratos y de actuaciones policiales y detenciones”. Seijo añade además que la Ertzaintza “es la policía más garantistas con los derechos de los detenidos y la primera que aprobó un protocolo para las detenciones”, en la etapa del consejero de Interior Javier Balza.
Para el SUP, sindicato mayoritaria en la Policía, “es como mínimo una frivolidad presentar denuncias sin haberlas chequeado previamente y mezclar cuerpos policiales con niveles de detención por terrorismo tan diferentes en número”. Para el principal sindicato en el CNP, es “muy poco edificante ver que un Gobierno propaga esas cifras sin haberlas acreditado previamente”.
El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Antonio Delgado, saluda este tipo de estudios, pero pide profesionalidad, y más en un tema como éste que ha sido utilizado políticamente por la izquierda abertzale para “el desprestigio de las policías”. “Bienvenidos sean este tipo de estudios, que debería ser obligatorio para las instituciones, pero con criterios profesionales y basados en sentencias, no en denuncias de torturas que la propia ETA ordenaba a sus miembros cuando eran detenidos”.
Paco Etxeberria ya advirtió, meses antes de entregar el informe, que el objetivo “pese a las evidentes dificultades, trataremos de acreditar, en la medida de lo posible, estos casos de denuncias de torturas”. Y recordó que reconoce que “el crimen mejor escondido es el de las torturas”. Entre otras cosas, porque muchas veces los tribunales no ha actuado con diligencia, al igual que los forenses, sobre todo en la etapa de la Transición, pero también en los últimos años.
El Tribunal de Estrasburgo ha condenado en cuatro ocasiones a España por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos desde 2010. La primera sentencia lleva fecha de 28 de octubre de 2010 y las siguientes son de 8 de marzo de 2011, 16 de octubre de 2012 y dos casos más en la sentencia de 7 de octubre de 2014. En esa última resolución judicial, Estrasburgo consideraba que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.
