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El Instituto Vasco de Medicina Legal reivindica su intervención en los casos de bebés robados

De las 1500 denuncias de casos de bebes robados registradas por la fiscalía del estado español (el 28% de las cuales se encuentran ya archivadas), 231 corresponden al País Vasco, pero a pesar del número elevado, tan sólo se han realizado ocho exhumaciones públicas, en el territorio de Gipuzkoa; y otras dos privadas, correspondientes a la provincia de Bizkaia. “Hay una desproporción entre el número de denuncias y las exhumaciones realizadas”, dice Carlos Cuberos, forense director del Instituto Vasco de Medicina Legal.

Gipuzkoa engloba la gran mayoría de las denuncias interpuestas, acumulando 200 del total de 231, pero según alega Luis Querejeta, jefe del servicio de Patología de Gipuzkoa, “tan sólo se han solicitado nueve informes al instituto”. En general, hablamos de exhumaciones realizadas en nichos, panteones o tierra virgen; a bebés comprendidos en un periodo de entre 32 y 52 años atrás; de entre los siete meses de gestación y los seis meses de vida; tanto hombres como mujeres.

En algunos de esos casos, se ha confirmado la identidad de los restos encontrados de manera coincidente con el ADN de los progenitores denunciantes, pero en otros, no se han encontrado restos óseos estudiables o identificables para determinar un resultado, ya que “sólo se ha encontrado un ataúd vacío”, dice Querejeta, “a pesar de que se ha llegado a niveles microscópicos en la búsqueda de restos”.

La posición que el instituto mantiene a este respecto sostiene que “los restos óseos de un recién nacido sólo podrían llegar a desaparecer con una bomba atómica o condiciones absolutamente excepcionales”, asegura Querejeta, y añade, “podemos hablar de diferentes grados de degradación, pero no de desaparición”. En cualquier caso, asegura que no es competencia del instituto “emitir un juicio acerca de porqué no existen estos restos”, pero sí lanza la invitación de “hacer reflexiones al respecto”.

A pesar del ocultismo desarrollado en algunos casos entorno a la publicación de los informes, lo que sí asegura Querejeta es que a las familias que han interpuesto las denuncias nunca les ha faltado información, ya que “han estado en todo momento informadas de cada uno de los pasos, y cada uno de los resultados”. Querejeta ha destacado que “cuando se confirma la correspondencia de ADN, a veces los progenitores sienten la necesidad de pedir disculpas por el proceso llevado a cabo, pero ellos tienen el derecho de conocer la verdad”.

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