Olano y Goia acusan a la Diputación de “manipular documentos” en el 'caso Bidegi'
Quienes fueran diputado general de Gipuzkoa y diputado de Infraestructuras Viarias durante la pasada legislatura, Markel Olano y Eneko Goia, han comparecido en la Comisión de investigación de Juntas Generales sobre presuntas irregularidades en la gestión de Bidegi en las obras de la AP-1. En la misma, han asegurado que la querella presentada por parte del ente foral en el Juzgado de Azpeitia es una “herramienta para la estrategia de la izquierda abertzale”. Así, Olano ha acusado a la Diputación guipuzcoana, y en concreto a la portavoz foral, Larraitz Ugarte, de “mentir” y de “manipular documentos”. A su juicio, la postura del gobierno foral es de “matonismo político, utilizando las instituciones en contra de su adversario político”.
La Diputación presentó en noviembre una querella contra tres exresponsables de esta sociedad pública. Según los análisis realizados, se pagaron 3,4 millones no ejecutados y se les imputan los delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, ya que en los documentos relacionados con la construcción del tramo Eskoriatza Iparra-Arrasate Iparra (Epele) de la AP1, se observa que las liquidaciones abonadas en junio de 2011 y las cantidades contrastadas hoy en día, no coinciden. Este cantidad se podría haber pagado por trabajos de movimiento de tierras en el depósito de materiales en Basagoiti 2 supuestamente no realizados. Por el momento han tenido que declarar como imputados un exdirectivo de la sociedad pública Bidegi, un representante de la empresa de ingeniería Eptisa-Cinsa y un representante de la UTE Laurena.
El exdiputado general ha asegurado que esta comisión, formada con los votos a favor de Bildu, Aralar y PP, está basada en una querella con “argumentos que son mentiras”. A su juicio, es “mentira” que se pagaran obras no realizadas en la AP-1 y la Diputación ha ocultado “información a propósito”, como que en Basagoiti 2 se realizaron obras intermedias. Así, ha apuntado que las declaraciones de Ugarte en las que afirma que la UTE recibió 20 millones más de los que había solicitado, son “muy graves”. Ambos representantes nacionalistas aseguran que “no se pagó ni un solo euro de más que no fuera justificado”. Goia ha explicado que esta obra tuvo “importantes dificultades” y ha querido aclarar que al principio de la misma, el contratista pidió 180 millones de euros, y finalmente la liquidación se cerró en 150 millones.
Responsabilidades políticas
Tanto Aralar, Bildu y PP, han pedido a los representantes del PNV que aclarasen cuales eran sus responsabilidades durante la pasada legislatura y si participaban directamente en las negociaciones con las empresas. Ambos han recordado que eran presidente y miembro del Consejo de Administración de Bidegi, por lo que tenían relación directa con el director general de este ente público, Borja Jauregi, fallecido el año pasado. Ambos han mostrado su total confianza en Jauregi y en las decisiones tomadas mientras ejerció este cargo.
Por su parte, el portavoz de Bildu, Iban Asenjo ha exigido documentación para demostrar que la Diputación está mintiendo, tal y como aseguran los miembros del PNV. Sin embargo, Goia ha respondido que no tiene por costumbre “llevarse documentación cuando deja un cargo”, y asegura que dicha información “está en Bidegi”. Además ha insistido en que no tiene dudas de que “los conceptos de esa liquidación son trabajos que se realizaron”. Asimismo, ha concluido diciendo que se encuentran ante “una denuncia falsa”, en la que existe “manipulación y mala fe” por parte de la Diputación.
