El Parlamento investigará los comedores escolares sin oposición del PNV por un viraje de última hora

El Parlamento vasco, fruto de un acuerdo político entre Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu que adelantó eldiarionorte.es la pasada semana, ha decidido constituir una comisión de investigación en torno a la externalización del servicio de comedores de la escuela pública para analizar si hubo responsabilidad de la Administración en el cártel que conformaron las empresas de cátering para repartirse entre 2003 y 2015 los diferentes lotes del contrato y maximizar sus beneficios, lo que según José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) ha tenido un coste de 85 millones para el Gobierno y 35 millones para las familias. La sorpresa en el debate, en el casi han tenido más importancia las conversaciones entre bambalinas que los discursos desde la tribuna, ha sido el viraje de última hora en el sentido de voto del PNV, que se iba a oponer a la investigación, después de que su socio en el Ejecutivo, el PSE-EE, haya anunciado en el hemiciclo que “no se iba a oponer” a la creación de la ponencia.

Se da la circunstancia de que los partidos del Gobierno habían presentado una enmienda de totalidad conjunta en la que rechazaban la propuesta de Elkarrekin Podemos y PP -estaba pactado que EH Bildu no la firmara de inicio para que los 'populares' no se sintieran incómodos- y se limitaban a “ratificar” a los “acuerdos” de la Cámara sobre la materia en la pasada legislatura. Entre esas decisiones se hallaba el rechazo a la comisión de investigación. Por eso mismo, la oposición había esperado hasta el regreso de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala -de baja médica durante muchos meses y que se reincorporó la pasada semana- para poder así contar con 38 votos frente a los 37 de los socios de Gobierno. De hecho, esta iniciativa llevaba en 'stand by' desde noviembre esperando este momento.

El 'no' del PNV parecía evidente. Tan es así que el portavoz 'jeltzale' en el debate, David Latxaga, ha realizado una durísima crítica a las intervenciones de Becerra y de las representantes de PP y EH Bildu, Juana Bengoechea y Eva López de Arroyabe, respectivamente. A su juicio, la comisión sólo tenía como objetivo “poner a Euskadi al mismo nivel de corrupción de España”, ser “una plataforma para ensuciar”.

“El PNV no es Dios, controlarle no es blasfemia”

El PNV ha dirigido sus dardos a la bancada del PP y a su “habilidad para convertir sus problemas en los problemas de todos los que se dedican a la política” y para “extender la mancha a todos para que sus pecados parezcan menores”. Latxaga ha lamentado también que en ese “viaje colectivo a los infiernos” haya buscando en Elkarrekin Podemos y la izquierda abertzale sus aliados. Ello ha motivo la dura réplica de Bengoechea: “El PNV no es dios. Esto no es una blasfemia. Controlar al pnv no es manchar la política. Sé que 'jeltzale' viene de 'Jaungoikoa ta Legezarra', pero no están en un plan divino”.

Pero antes de este encontronazo había intervenido el socialista José Antonio Pastor y había explicado que si el cambio en el modelo de gestión de los comedores aplicado en 2015 supuso un ahorro de 7 millones es lo mismo que decir que años atrás se está pagando de más. “En el grupo socialista no obstaculizaremos la comisión”, ha dicho Pastor como colofón a su primera intervención.

En ese momento, varios parlamentarios del PNV se han revuelto en sus escaños. Una de ellas, Jone Berriozabal, se ha dirigido hacia el escaño de Pastor. Tras una conversación con el representante del PSE-EE, Berriozabal ha tenido varios contactos con Latxaga y con el coordinador de su grupo, Iñigo Iturrate. Finalmente, en su segunda intervención, Latxaga ha señalado en la tribuna que su partido “no tiene nada que esconder” y, acto seguido, Luke Uribe-Etxeberria, el 'jeltzale' que marca el sentido del voto en todos los debates, ha gritado 'abstentzioa' a toda la bancada. Con ese giro de última hora, los nacionalistas han evitado quedarse solos y que se hiciera visible la ruptura de la unidad con su socio de Gobierno.

Un caso destapado en 2016

El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.

Durante el pleno, los proponentes han aportado algunas cifras más concretas. Según Becerra, parlamentario de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, el agujero económico podría rondar los 130 millones de euros. Como Bengoechea (PP), ha subrayado que el 35% del coste del servicio es asumido por las familias, por lo que han destacado el impacto directo en los bolsillos de la ciudadanía. “La alimentación escolar se ha convertido en un negocio y no en un servicio”, ha abundado desde EH Bildu López de Arroyabe, quien ha añadido que la nueva comisión permitirá citar a las empresas ya que se negaron a comparecer en su día ante la Cámara con un escrito idéntico.

Este asunto llegó incluso a motivar una investigación de la Fiscalía del País Vasco, cuyo titular entonces, Juan Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, que declararon que no existía ningún tipo de mercado cerrado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado uno a uno los recursos de las empresas sancionadas, que recurrieron la multa impuesta por Competencia. Eso sí, a pesar de dar por probadas las irregularidades, redujo la cuantía de las sanciones en un 60% al entender que las empresas actuaron de aquella manera por la desidia del Gobierno vasco, una de las cuestiones en las que quiere incidir, precisamente, la comisión de investigación, según han destacado los proponentes.

Para el PNV, en cambio, ha quedado claro ya que la Administración no tuvo ningún papel activo en estos hechos. “Hablen con propiedad. Estas prácticas se llaman prácticas colusorias, pactos entre empresas para eliminar la competencia entre ellas. Por mucho que se empeñen no tienen que ver con el mundo educativo. Pueden darse en cualquier otro ámbito”, ha señalado.

Se da la circunstancia de que el PNV es el partido que durante menos tiempo del investigado ha gestionado la cartera de Educación. El sistema de comedores escolares luego cuestionado se puso en marcha en el año 2000. Hasta 2009 fueron consejeros de EA (formación ahora integrada en EH Bildu) los responsables de Educación, de 2009 a 2012 la responsabilidad recayó en el PSE-EE y desde entonces hasta ahora en el PNV. Elkarrekin Podemos ha agradecido expresamente la “coherencia” de EH Bildu de apoyar la comisión a pesar de que será objeto de investigación la gestión de EA.

El archivo de la segunda investigación

De cara al curso 2015/2016, el equipo de la consejera Cristina Uriarte modificó parte del sistema de adjudicación del servicio, lo que ya generó un ahorro de 7 millones de euros anuales. Sin embargo, la empresa que puso en conocimiento estos hechos -Aibak, que llegó a 'adivinar' ante notario cuáles serían las empresas ganadoras del concurso año a año- volvió a dirigirse a Competencia para alertar de que el fraude continuaba en marcha a pesar de los cambios introducidos. Con el nuevo sistema, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes territoriales, pero perdió la pugna contra MCC en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. Asimismo, había áreas geográficas en las que únicamente competían entre sí dos marcas de la propia MCC.

Como adelantó eldiarionorte.es, estos hechos motivaron una segunda investigación por parte de Competencia, que llegó a solicitar un informe externo para analizar los nuevos datos. En el medio del proceso, la que fuera presidenta de este organismo de control, Pilar Canedo, salió del cargo tras ser nombrada como vocal de la CNMC estatal. La primera decisión de su sucesora, Alba Urresola, fue archivar este expediente. En su primera comparecencia parlamentaria, PP y Elkarrekin Podemos preguntaron a Urresola por esta investigación y la primera respuesta de la presidenta fue asegurar que desconocía el asunto. Tras las repreguntas de la oposición, terminó por admitir que sí existía esa causa y que se le había dado carpetazo.