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Una familia denuncia a dos colegios concertados de Bilbao por el cobro de cuotas educativas ilegales

Urkullu y otros altos cargos en un acto en la ikastola Begoñazpi

Iker Rioja Andueza

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“Respecto al pago del concepto de aportaciones, comentaros que se trata de un importe obligatorio ya que a pesar de que la ikastola es un centro concertado, la financiación del Gobierno vasco no cubre la totalidad de gasto”. Con esta respuesta por correo electrónico en la mano, una familia de Bizkaia lleva meses denunciando tanto internamente como ante Educación que una ikastola privada de Bilbao, Begoñazpi -un centro religioso que tiene como peculiaridad que imparte la docencia en euskara vizcaíno- cobra cuotas ilegales por el servicio educativo que presta. La misma familia, además, afirma que ocurre lo mismo en otro centro, Ikasbide, perteneciente a la patronal Kristau Eskola que aglutina a la mayoría de colegios católicos. En declaraciones a este periódico añaden, además, que sienten que “el Gobierno vasco es cómplice” por “hacer la vista gorda” con un práctica extendida y corriente.

Ahora que Euskadi debate sobre su reforma educativa y se ha dado de bruces con la evidencia de que es la comunidad autónoma con más alumnado matriculado en centros de titularidad privada -casi el 50% del total en las etapas obligatorias-, ha vuelto a primera línea el papel que ha de jugar la enseñanza pública y cómo se financian los conciertos educativos. Por ley, llevan ya muchos años prohibidas las cuotas en centros privados que reciben financiación de la Administración para, supuestamente, cubrir la demanda que no puede atender la red pública. Pero en la práctica se optó por la concertación universal y no subsidiaria y se han establecido pagos encubiertos que se han convertido en verdaderas barreras para las familias de nivel socioeconómico bajo. Particularmente en las ciudades -con especial incidencia en Vitoria- eso ha motivado la guetización de colegios públicos mientras ikastolas, colegios religiosos o cooperativas, en una alta proporción aunque con excepciones, no matriculaban, por ejemplo, a estudiantes llegados del extranjero.

La pelea de esta familia, que tiene hijos matriculados en Begoñazpi e Ikasbide, se inició con el confinamiento, en marzo de 2020. Según su razonamiento, si las cuotas eran por servicios complementarios -una práctica que sí es legal-, el parón por la COVID-19 debería implicar una reducción y una devolución a las familias. Sin embargo, la reclamación cayó en saco roto y supuso el inicio de una odisea para, al final, recibir por escrito la constatación de que el centro interpreta como “obligatorias” las cuotas. Como en la pública, los colegios concertados pueden cobrar por el comedor, el transporte, el material escolar u otros servicios, pero no por la enseñanza como tal. Sin embargo, esta ikastola es muy clara al indicar que hay al menos 90,35 euros mensuales para “servicios de ikastola”.

“La diferencia entre los ingresos recibidos por el Gobierno vasco y los gastos anuales debemos cubrirla con las aportaciones de las familias. Mediante dichas aportaciones, además de financiar parte del gasto de personal y de los gastos de mantenimiento, financiamos [...] la plataforma 'Educamos', la plataforma Moodle, la conexión wifi en todas las aulas, talleres y servicio de orientación”, escribe este centro a la familia tras sus repetidas quejas. Añade que que el coste total de un alumno es de 5.097 euros y que “las aportaciones del Gobierno vasco” no pasan de 3.568 euros. “Cobran cuotas por una parte del sueldo de los profesores y por una parte de los costes fijos de la ikastola. Si les quiebra este modelo, que suban las cuotas y sean privados de verdad”, afirma la familia, que siente imposible devolver las cuotas porque los 90,35 euros van en un mismo recibo con los 96,50 euros del comedor, por lo que su hijo quedaría sin ese servicio. “No les puedo dejar sin comer”, lamenta.

En Ikasbide la cuota y los gastos complementarios sí van separados, en diferentes recibos. Por lo tanto, esta familia está devolviendo el cargo mensual que se hace por los gastos educativos. “Hemos devuelto todos los recibos que consideramos ilegales desde el confinamiento”, indican. Eso sí, muestran su perplejidad porque, mes a mes y a pesar de haber manifestado su oposición a esos abonos, les sigan girando religiosamente la misma cantidad. Además, periódicamente reciben comunicaciones de que mantienen una deuda con el colegio. En la última ya superaba los 500 euros. “Que yo sepa, lo voluntario no genera deuda, ¿no?”, ironizan sobre las cuotas obligatorias. “Si me pides ayuda y me pides un donativo, igual me lo pienso. Pero el mero hecho de tener ni número de cuenta no te da derecho a cobrar. Si esto fuese legal, ya tendríamos un monitorio para que pagáramos la deuda, y no pueden hacerlo”, explican sobre este segundo caso.

Esta familia deja varias reflexiones sobre la situación de la escuela concertada. “Hay familias que van a estos centros y cuando les presentan el presupuesto incorporando unas cuotas ilegales se quedan lejos de la escolarización ahí [...]. Eso fomenta una segregación”, interpretan. Y añaden: “Uno no va a un sitio pensando que le van a engañar. Tratan de cubrir un déficit con cargo a las familias”. En su pelea, elevaron la queja a la inspección educativa de Bizkaia. Por error, en uno de los dos colegios, Ikasbide, le hicieron llegar un mensaje con el texto “Hay que tener cuidado porque ha escrito este mismo correo al Gobierno vasco” cuando se enteraron de esta denuncia.

¿Cuál fue la reacción de Educación? La familia cree que ofreció una respuesta inconcreta. Le indicaron que “se puede solicitar al centro el desglose de todo lo que se está pagando, cuales son los conceptos [sic], para tener conocimiento de lo que está pagando”. Acto seguido pegan en el correo electrónico artículos de la normativa en vigor y aseguran, sin entrar al fondo de este caso, que “los centros concertados en relación a las actividades formativas escolares tienen la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas y, por ello, no puede existir cobro alguno para estas enseñanzas”. “El Gobierno y los inspectores son cómplices necesarios haciendo la vista gorda. Es una estafa a gran escala. Que lo tengamos normalizado no quiere decir que sea legal. Si lo hiciese cualquier otra empresa, el dueño estaría con los grilletes puestos”, clama esta familia.

El debate sobre la financiación de la concertada ha entrado de lleno en los trabajos para la reforma educativa. El consejero Jokin Bildarratz, fruto de las bases pactadas entre los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ha anunciado “auditorías” y controles a los centros privados financiados, así como que se les harán extensivas las medidas contra la segregación. Sin embargo, sobre las cuotas, en el Parlamento se limitó a ofrecer una solución “progresiva” a una práctica lleva siendo años ilegal. Un reciente estudio mencionaba que el 90% de los concertadas cobra. En el caso de Euskadi, era la tercera comunidad con las cuantías más elevadas detrás de Madrid y Catalunya. La media era de 160 euros por alumno y mes. Además, en estos meses se ha acordado tanto subir los módulos que cobran estos centros como reducir el mínimo de alumnos necesarios para solicitar los fondos públicos, cuando en otras comunidades como La Rioja lo que se hace es aprovechar la caída de la natalidad para reducir las externalizaciones.

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