El Gobierno de Pradales desliza que el Estado pone “obstáculos” para no ceder capacidad de gestión aeroportuaria

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, regresa de su enésimo viaje a Madrid con malas sensaciones pero con billete de vuelta para la semana que viene. Por un lado, este miércoles se ha reunido por vez primera pero sin grandes avances una subcomisión paritaria que sienta a los Gobiernos central y vasco para tratar de dar cauce al deseo del Ejecutivo de Imanol Pradales de que Euskadi pueda participar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, que son del operador estatal Aena. Por otro lado, ya está cerrada para dentro de siete días otra cita, esta vez con el ministro Ángel Víctor Torres, para entregarle “en mano” diez propuestas para otras tantas transferencias pendientes del Estatuto de 1979.

El PNV arrancó a Pedro Sánchez, a cambio de la investidura de 2023, un acuerdo para cerrar el despliegue estatutario antes del final de 2025. Como añadido, aunque los aeropuertos son de competencia exclusiva del Estado si son de “interés general”, el Ejecutivo autonómico desea ganar en capacidad de gestión. Pradales plantea la idea de una filial de Aena, una entidad ahora privada en un 49%, con posible fórmula. El Gobierno central y los inversores de Aena lo rechazan de plano y se limitan a ofrecer reforzar unas comités ya existentes y que son paralelos a las sociedades de promoción, Bilbao Air, VIA y Ortzibia, en los que las instituciones locales ponen dinero para captar vuelos. Ambas partes se dieron cuatro meses para hallar una fórmula “negocial” que satisfaga a ambas partes. Ahora se pone como plazo, aunque las reuniones han empezado en octubre, que también este resuelto el asunto antes de finales de 2025.

En todo caso, según Ubarretxena, sus interlocutores ponen “obstáculos” y no son precisamente “legales”. Deslizan que hay un veto político a ampliar las capacidades de Euskadi en materia aeroportuaria. “La experiencia nos demuestra que, con voluntad y acción política, se pueden superar los obstáculos y creemos que ahora también será posible”, emplaza la consejera, que ha acudido a Madrid con varios de sus colaboradores pero sin la parte socialista del Gobierno vasco, que es la que gestiona el área de Movilidad Sostenible y la que financia a Bilbao Air (por vía indirecta), VIA y Ortzibia.

El Gobierno vasco insiste en que “existen fórmulas y precedentes en otros ámbitos como en el sector gasístico, que pueden servir como referencia”. Está ya descartado el modelo catalán, en el que se creó una 'Aena autonómica' que gestiona de modo totalmente independiente unas instalaciones pero de pequeño tamaño. Las de interés general siguen controladas por el Estado. Explica el equipo de Ubarretxena que el Ejecutivo de Sánchez accedió a que esta subcomisión buscara una fórmula para dar cauce al “interés” del Gobierno vasco en participar en “la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en su territorio”.

En paralelo y a falta de las diez propuestas de la semana próxima, los Gobiernos central y vasco siguen negociando la transferencia completa de la gestión de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. En julio se inició el proceso con prestaciones no contributivas, en septiembre ha llegado el acuerdo sobre las políticas pasivas de empleo (el SEPE) y está pendiente el acuerdo final sobre pensiones y los medios materiales y humanos de la Seguridad Social. Sea cual sea el resultado, el Gobierno central rentendrá las funciones de regulación del sistema, incluida la fijación de las cuantías.