El Gobierno vasco no ve “pruebas fehacientes” para creer que el Baco desaparecido lo tenga “un particular”

El Departamento de Cultura del Gobierno vasco sostiene que “no existe en estos momentos ninguna prueba fehaciente” de que la escultura romana original del dios Baco del yacimiento vitoriano de Arkaia “se encuentre en estos momentos en manos de un particular”, según ha explicado en el Parlamento Vasco el consejero del ramo, Bingen Zupiria, en respuesta a una pregunta de EH Bildu. La Fiscalía de Álava y la Ertzaintza mantienen abiertas las diligencias 11/2022 para intentar conocer a los posibles responsables de una “presunta apropiación indebida” de una pieza histórica, “hoy en paradero desconocido”, según han admitido ya también otras instancias como la Diputación de Álava.

Indica Zupiria que “el descubrimiento de la pieza conocida como Baco de Arkaia se produjo, al parecer, de forma casual como consecuencia de unas obras públicas de 1976 a 1981”. Por lo tanto, fue “antes de la constitución del actual Gobierno vasco” y también antes de la Ley de Patrimonio Histórico de España de 1985 o de la normativa autonómica propia, de 1990. Así las cosas, el asunto se rige por la normativa de la II República, un texto de 1933 que sobrevivió a la dictadura y que se aplicaba entonces. En su artículo cuadragésimo, esa norma establece que “de todo hallazgo fortuito y del producto de las excavaciones hechas por particulares debidamente autorizadas, se dará cuenta a la Junta Superior del Tesoro Artístico”. Este órgano se creó en plena Guerra Civil y su principal misión fue salvar las obras de arte del Museo del Prado. La norma prevé que se pueda “conceder el disfrute de lo hallazgo al descubridor” aunque “a condición de que se comprometa a permitir el estudio, la reproducción fotográfica o el vaciado en yeso de los objetos encontrados”. Si se entrega al Estado, podría comportar una “indemnización”.

El Baco pasó de Arkaia al museo arqueológico, ahora reubicado en otro edificio. Se hicieron dos copias y, según el Gobierno vasco, el área de Museos y Arqueología de la Diputación “ha venido desarrollando las funciones de custodia”. “Por lo mismo, es la Diputación foral la que se está responsabilizando de las tareas tendentes a localizar el paradero actual de dicha escultura”, informa Zupiria. La diputada actual del ramo, Ana del Val, ya ha prometido que actuarán “caiga quien caiga”, aunque ha reprochado las críticas de otros partidos políticos sobre el asunto cuando el área de Cultura ha tenido responsables de PNV, PP o EA en los últimos años. Según Zupiria, para poder declarar la pieza como bien mueble de interés cultural es necesario “tener acceso al objeto” y es un proceso “que puede durar entre seis meses y un año”, por lo que “no aportaría” nada diferente en el contexto actual. Además, incide el Gobierno en que ese estatus “no se centra tanto en la materialidad [de una pieza] como en la información histórica que aporta para reconstruir el contexto al que pertenece”.

Según publicó 'El Correo', existe una sospecha de que el original habría estado en manos de Jon Buesa. Se la habría entregado en mano el operario que la descubrió entre los demás restos de Arkaia. En ese momento, Jon Buesa era ingeniero foral. Luego ocupó cargos públicos con el PNV. También ha sido empresario, y sus mercantiles han estado implicadas en el gran caso de corrupción conocido hasta ahora en Euskadi, el 'caso De Miguel'. Una de las copias estuvo en el museo de arqueología hasta 2009.

También en respuesta a preguntas de EH Bildu, otro consejero del Gobierno, el de Seguridad, Josu Erkoreka, indica que los delitos contra el patrimonio cultural los investiga en la Ertzaintza la misma unidad que analiza los delitos verdes. Explica que es una sección denominada “de Medio Ambiente y de Urbanismo”, y que recibe todos los casos recogidos en el título XVI del Código Penal, esto es, “delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente”. Son diez agentes únicamente y la Ertzaintza ya había recibido críticas por la escasa plantilla para analizar solamente los delitos ambientales, incluso por parte de la Fiscalía, que en ocasiones ha recurrido al Seprona de la Guardia Civil.

“En el período comprendido entre los años 2016 y 2021, la Ertzaintza en su conjunto ha realizado un total de treinta investigaciones por delitos contra el patrimonio cultural”, incide Erkoreka. Según Seguridad, este grupo puede recibir apoyo operativo de patrullas, inspectores generalistas, del equipo de delitos informáticos o de la unidad de Policía Científica. También se apunta a que podrían pedir “drones” o equipos “subacuáticos” si fuera preciso. Desde 2010, explica el Gobierno, este grupo ha recibido formación específica sobre patrimonio histórico y cultural.