La Guardia Civil y la Policía Nacional liberaron el año pasado en Euskadi a 17 víctimas de trata de seres humanos

La Guardia Civil y la Policía Nacional lograron liberar el año pasado en Euskadi a 17 víctimas de redes de trata de seres humanos, en su mayoría mujeres y niñas, mientras que tres grupos delictivos dedicados a este tipo de explotación fueron desarticulados. Esta cifra se recoge en el balance de actividades realizadas el año pasado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Euskadi, que ha sido presentado este lunes por el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, que ha estado acompañado por el jefe superior de Policía del País Vasco, Jesús Herranz Torrubia, y el general jefe de la Zona de la Guardia Civil, José Antonio Mingorance.

En el caso de las 17 víctimas de las redes de trata de seres humanos, la Policía Nacional liberó en su mayoría a personas que estaban siendo explotadas sexualmente. Itxaso ha explicado que el perfil de estas víctimas es principalmente femenino, ya que mujeres y niñas están expuestas a un mayor riesgo de ser victimizadas, especialmente aquellas en situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas a la pobreza, conflictos armados o inestabilidad política. La Policía Nacional desmontó tres grupos delictivos relacionados con este tipo de explotación.

Por otra parte, la Policía Nacional realizó diversas operaciones contra la explotación laboral. En fechas recientes ha detenido a tres personas en Donostia por “prácticas nocivas” en la contratación laboral en el ámbito de la hostelería. El año pasado detuvo a varios empresarios relacionados con el sector del comercio y de la construcción por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores.

Desde mediados del año pasado, la Policía Nacional ha constatado un aumento de los delitos contra los derechos de los trabajadores, en su mayoría ciudadanos extranjeros. Cada semana, la Policía Nacional realiza de media dos inspecciones para verificar las denuncias que le llegan. Los sectores más afectados por este delito son la hostelería, comercio, construcción y locutorios.

Junto a la liberación de las víctimas de trata, en el balance conjunto de ambos cuerpos de seguridad destacan la detención de 1.019 personas por la comisión de algún tipo de delito (estafas, hurtos, agresiones, ciberdelincuencia, redes de inmigración ilegal) y la desarticulación de 20 bandas de delincuencia organizada.

También son reseñables las operaciones de incautación de drogas: La Policía Nacional confiscó 537,08 kilos de cocaína (entre otras drogas) y la Guardia Civil 878 kilos de hachís. En total, entre ambos cuerpos se incautaron casi 2.500 kilos de diferentes drogas. En el caso de los delitos relacionados con la droga, la operación más relevante de la Policía Nacional (y una de las más importantes de los últimos años) se produjo con la intervención en el puerto de Barcelona de una auto-caravana enviada por barco desde Latinoamérica con 534 kilos de cocaína de gran pureza oculta en un doble fondo y con destino a Euskadi.

La droga incautada habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 60 millones de euros. La investigación desarrollada por la Policía Nacional del País Vasco comenzó hace más de dos años. En total, este cuerpo de seguridad se ha incautado de 669,15 kilos de droga en el conjunto de operaciones desarrolladas en 2022.

Por su parte, la Guardia Civil (en el ejercicio de sus competencias como policía judicial) se incautó de 1.754,5 kilos de droga, la mayor parte hachís (878 kilos). También desmanteló dos laboratorios para el corte y adulteración de drogas sintéticas con 30 kilos de sustancia de corte.

En conjunto, las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) han intervenido 2.423,65 kilos de diferentes drogas (cocaína, hachís y marihuana principalmente).

Entre otras operaciones, la Guardia Civil investigó delitos de terrorismo de ETA no esclarecidos, así como de enaltecimiento y humillación a las víctimas. De esa forma, logró esclarecer el asesinato del concejal socialista Juan Priede, cometido por ETA en marzo de 2002 en Orio (Gipuzkoa).

El trabajo desarrollado permitió identificar a una de las personas que colaboró en el asesinato, quien posteriormente ha sido juzgado por la Audiencia Nacional. El delegado del Gobierno ha recalcado que la Guardia Civil y la Policía Nacional “nunca han dejado de perseguir estos delitos, aunque algunos de ellos hayan podido prescribir”.

Además, la Guardia Civil investigó delitos de odio cometidos en redes sociales y desarticuló dos organizaciones criminales dedicadas al favorecimiento de la migración ilícita de personas extranjeras en situación irregular con la intención de trasladarse a otros países de la UE. En este caso realizó once detenciones.

Otras tres investigaciones sobre el tráfico ilícito de armas permitieron incautar numerosas armas de fuego. En el ejercicio de sus competencias de intervención de armas y explosivos, la Guardia Civil concedió en Euskadi 72.147 licencias, autorizaciones y revistas de diferentes tipos de armas, y realizó 894 inspecciones a instalaciones y establecimientos sujetos a control administrativo.

En octubre de 2021, la Guardia Civil puso en funcionamiento a nivel nacional los 'Equipos@' especializados en la persecución de delitos a través de la red. Concretamente, los 'Equipos@' del País Vasco han detenido durante el año 2022 a 112 personas por la comisión de estafas, usurpaciones de identidad, falsedades documentales y extorsiones a través de internet.

En su labor de vigilancia de costas y salvamento marítimo la Guardia Civil practicó 470 inspecciones en embarcaciones recreativas y profesionales. Además, se prestó seguridad en 72 pruebas deportivas y se remolcaron 19 embarcaciones, auxiliando a sus ocupantes y se participó en 9 búsquedas de desaparecidos en el mar.

Por otra parte, la unidad de la Guardia Civil dedicada a la protección de la naturaleza (Seprona), desarrolló la operación 'Hozkailu', en la que se detuvieron a cinco personas y se investigó a otras 13 por transportar residuos desde el Puerto de Bilbao a países africanos (Nigeria, Senegal, Ghana y Guinea Ecuatorial).

Asimismo, la Policía Nacional expidió durante el año pasado en Euskadi 45.557 permisos de residencia, tramitó 315.580 DNI, y 128.512 pasaportes. También tramitó 4.083 solicitudes de protección temporal a ciudadanos ucranianos como consecuencia de la invasión rusa (1.571 son menores de edad).

De las personas detenidas por la Policía Nacional el año pasado, 1.498 lo fueron por infracciones de la Ley de Extranjería (la mayoría por carecer de permiso de residencia), 448 por diversos delitos y 320 por reclamación judicial. Además, otras 216 personas fueron detenidas por su relación con redes de inmigración ilegal.

Entre las operaciones más destacadas, la Policía Nacional detuvo el año pasado a tres personas dedicadas a captar y reclutar nuevos integrantes para organizaciones terroristas yihadistas. Además, en Gipuzkoa arrestó a 13 personas por empadronar fraudulentamente a 75 personas en dos viviendas de Irun con el fin de obtener ayudas sociales, prestaciones sanitarias y permisos de residencia.

Al principal investigado se le impuso una sanción de más de 343.000 euros por infracción a la Ley de Extranjería, al facilitar empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros a cambio de pagos mensuales. En Bilbao, se detuvo a 23 personas acusadas de presuntos delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental por estafar ayudas sociales destinadas a familias sin recursos y para el alquiler de viviendas derivadas del empadronamiento fraudulento a otros compatriotas.