Una investigación revela “irregularidades” en la concesión de permisos a centros privados y concertados de Euskadi

Un alumno entra en un colegio este lunes en Bilbao tras las vacaciones navideñas. EFE/Luis Tejido

Los requisitos que deben cumplir los centros de enseñanza de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en Euskadi están regulados por el Real Decreto 132/2010, que otorga, entre otras cuestiones, la autorización administrativa que determina cuántas unidades (aulas) y plazas educativas (alumnos) debe tener cada centro teniendo en cuenta su capacidad e instalaciones. La concesión o denegación de nuevas autorizaciones administrativas se publica en el Boletín Oficial del País Vasco y debe estar en vigor para el día que comienza la admisión del alumnado. La norma también regula que cada centro debe tener sus propias instalaciones, es decir, en un mismo edificio no puede haber varias escuelas. Una investigación publicada este martes por el sindicato Steilas saca a la luz una serie de “irregularidades” en los centros concertados que muestran que estas cuestiones no se respetan, lo que facilita “un sistema dual segregador”.

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Entre las “irregularidades” encontradas en el estudio, titulado 'La educación no está en venta', se revela, por ejemplo, el hecho de que en Donostia hay un edificio que alberga tres escuelas diferentes: el centro concertado Karmelo, el Liceo Francés Larrun (también concertado) y la escuela privada infantil Tilin Talan. “Los centros escolares deben situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a su uso escolar. El estudio muestra claramente el trato de favor y la complicidad del Departamento de Educación con los centros privado-concertados, hasta el punto de convertir la escuela pública en una subsidiaria de los mismos”, han explicado los delegados del sindicato Steilas Ainhoa Astigarraga y Juan Zubia durante la presentación de la investigación en Bilbao.

Otra de las cuestiones que el estudio ha sacado a la luz es “la sobreoferta de los centros privados concertados” que se ve agravada por el hecho de que la natalidad ha caído más de un 30% en Euskadi en los últimos años. A modo de ejemplo, han señalado que en Vitoria se ofrecen en tercero de Educación Infantil 1.425 plazas en colegios privados, pero tan solo 989 niños se matriculan en esos colegios. “Las ofertas actuales en los centros de la red privada están sobredimensionadas. La privada no tiene limitación alguna y puede recibir más alumnado, por lo que son sus 'sobras' quienes acuden a la pública”, han argumentado.

Oñati es otro de los ejemplos que aporta el estudio. Con 71 niños nacidos en 2020, la planificación para los cursos 2016-2022 en las aulas de 2 años de Educación Infantil incluye 161 plazas disponibles: 75 en la Ikastola Txantxiku, 50 en Elkar Hezi Kristau Eskola -las dos escuelas concertadas- y 36 en la escuela pública Urgain. “Ayer mismo, 17 de enero, comenzó el proceso de admisión para la elección de los centros de Educación Infantil y Primaria de Euskadi. Estas matriculaciones son de vital importancia y la sobreoferta de los centros privados da ventaja a éstos sobre los públicos”, han denunciado desde el sindicato.

“Toda esta sobreoferta que se ha ido planificando a lo largo de los años en la red privada es una sobreoferta que está completamente inflada, puesto que la sobreoferta que hay en la pública está muy ajustada. La sobreoferta en la privada tiene sus riesgos, y nosotras, como sindicato, estamos muy preocupadas. La concertación ya no está supeditada a si se cumplen condiciones o si se necesita en ese entorno concertar otro servicio educativo. Simplemente con que les den los números, se les concierta. No se mira si se necesita o no, si euskalduniza, si está matriculando a alumnado de bajo nivel socioeconómico o si esa concentración es favorable para la sociedad o va a repercutir en el sistema público educativo”, ha lamentado Astigarraga.

También se han encontrado “irregularidades” en los permisos administrativos y de admisión. Teniendo en cuenta que por norma la autorización administrativa de los centros debe estar en vigor para el día en que comienza la admisión del alumnado, el sindicato Steilas ha denunciado que hay aulas que primero introducen su planificación, es decir, matriculan a sus alumnos, y después obtienen dicha autorización. Como ejemplo han destacado la Ikastola Orereta, en Rentería, que en Educación Infantil “escolarizó a 292 alumnos para el curso 2012-2013 cuando tan solo contaba con autorización administrativa para 240. Es decir, escolarizó a 52 niños más”. Algo que, según han señalado, “se va corrigiendo poco a poco”, pero que a día de hoy sigue ocurriendo también en colegios como el Presentación de María de Vitoria, en el que en 2021 se escolarizaron 148 alumnos y se contaban con 146 plazas o el San Juan Bosco (Salesianos de Barakaldo) que de 138 plazas que tenía escolarizó en 2019 a 146 alumnos.

A pesar del exceso de plazas, que según el sindicato Steilas deja claro que “la oferta de los centros públicos y concertados del entorno es suficiente”, existen centros que exigen un aumento de aulas. Ejemplo de ello es la Ikastola Laskorain en Tolosa, que solicitó la modificación de la planificación sexenal para pedir un grupo más para primero de Bachillerato, pero que le fue denegada por la delegación territorial, que consideraba que la oferta que se ofrecía en el municipio guipuzkoano era suficiente. El colegio, descontento con la decisión tomada, presentó una reclamación y, al pasar por la Dirección de Centros y Planificación (órgano que se incluye en la Viceconsejería de Educación del Gobierno vasco), se le autorizó el aula extra, haciendo que tuviera cinco aulas para Bachillerato con un total de 430 plazas. Sin embargo, tan solo se matricularon 307 alumnos.

“Privatización salvaje” de guarderías

Por último, la investigación dedica un apartado a la “privatización salvaje” de las escuelas infantiles. En este sentido, destacan la Guardería Txanogorritxu, una franquicia que, según han detallado “ha nacido para hacer negocio con las escuelas infantiles” que, les parecería “legítimo si su negocio fuese 100% privado, pero no es el caso”. Desde que el Gobierno vasco comenzó en 2002 a proveer con dinero público las escuelas privadas infantiles, las subvenciones a estos centros han alcanzado los 26.595.744 euros. Según han denunciado desde Steilas, el hecho de que el Departamento de Educación financie en algunas guarderías el 60% de lo que cuesta a las familias, hace que las cuotas de algunos centros privados sean más reducidas que las de los públicos, por lo que, estas últimas, quedan vacías. “¿Cómo es posible que se provean de dinero las guarderías privadas con un claro ánimo de lucro mientras las plazas del servicio público se encuentran vacías? Es un claro despilfarro de dinero público. Es también una clara apuesta por un servicio privado”, han asegurado desde el sindicato, quienes inciden que para defender esta situación, el principal argumento que utilizan desde el Gobierno vasco que el derecho de elección de un centro u otro pertenece a las familias.

Lo que buscan desde el sindicato Steilas con la publicación de este estudio es que “se fortalezca el sistema educativo público y se den pasos hacia una red pública única”. Para ello, de cara a la consolidación de la oferta sexenal 2022-2028 exigen que “deje de perpetuarse la sobreoferta” que denuncian puesto que, según han recalcado, “se ha iniciado el proceso de prematriculación sin ninguna medida correctora para hacer frente a la segregación escolar y sin tener en cuenta la caída de la natalidad”. Además, han emplazado al Departamento de Educación a que opte por “replantear el sistema educativo” dentro la nueva ponencia del Parlamento Vasco que establecerá las bases de la futura ley educativa de Euskadi. “A medio plazo la red pública debería ser significativamente mayoritaria. Poner límites a la educación privada y suspender sus conciertos si no responden a una lógica social”, han indicado desde el sindicato, quienes además, han reivindicado un marco legal que permita a los centros privados concertados su publificación, de manera que se integren en la red de titularidad del Gobierno vasco.

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