PNV y EH Bildu acuerdan sacar adelante una reforma de la ley de empleo público para blindar las exigencias de euskera

El Parlamento Vasco, este jueves, se internará en una zona no explorada no ya en la legislatura sino probablemente en los diez años que llevan gobernando juntos PNV y PSE-EE. El Ejecutivo va a operar por separado en un debate legislativo, en este caso en lo relativo a la reforma de la normativa autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Los nacionalistas presentaron en solitario, hace ya un año, la iniciativa y ahora, a horas del debate, han alcanzado un acuerdo con EH Bildu, que se convertirá en socio circunstancial y que facilitará la ley con una abstención.

La reforma viene motivada por una cascada de sentencias judiciales que han respondido a recursos contra convocatorias, sobre todo en ayuntamientos. Sectores de la denominada 'euskalgintza' han denunciado una “ofensiva” judicial y cargos locales de PNV y EH Bildu se han movilizado en el mismo sentido. Así, el partido mayoritario del Gobierno, el PNV, planteó un blindaje de la ley autonómica con una reforma quirúrgica, de artículo único. Los socialistas pronto pusieron pie en pared y escenificaron una brecha desconocida en su década de matrimonio de conveniencia, en la que únicamente han actuado por separado en temas previamente pactados, como la reforma del Estatuto en su día.

En paralelo, EH Bildu presentó una alternativa más ambiciosa, mucho más larga y que hacía que las dos lenguas oficiales fuesen exigibles de inicio en la Administración. Bebía de modelos como el catalán o el gallego, expusieron. Es más, durante la tramitación simultánea y paralela de ambos textos, la formación abertzale lanzó críticas por insuficiente al plan del PNV. La realidad del Parlamento es que, sin el PSE-EE, el PNV carece de mayoría. EH Bildu tiene sus mismos escaños. En las dos votaciones anteriores de la ley, en ponencia y en comisión, la de EH Bildu ha ido decayendo y la del PNV se ha salvado sin más apoyos que los propios, con el socio de Gobierno en contra, pero con la abstención decisiva de la coalición abertzale.

De cara al pleno, PNV y EH Bildu han alcanzado un acuerdo. Lo han firmado, por parte de los primeros, los dirigentes Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano y, por parte de EH Bildu, Pello Otxandiano y Josu Aztiria. EH Bildu quería garantizarse que su abstención no sería a cambio de nada, sino contar con garantías de que, si el plan del PNV naufraga, se revisará, se analizará y se podrá retomar la reforma en otros términos.

En todo caso, lo que aprobará la Cámara será diferente a la propuesta inicial del PNV. En el camino, el propio grupo se autoenmendó y ha sacado adelante tres enmiendas para una reforma de artículo único. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Iñigo Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Los términos del acuerdo

El documento firmado es de seis páginas en cada uno de los idiomas oficiales. En su versión castellana, se alude a una “vía de trabajo compartida” para “avanzar” en este tema “de manera ordenada, responsable y útil”. EH Bildu se compromente a “facilitar” la nueva ley, una vía “adecuada y técnicamente prudente” y también una “contribución efectiva” a la normalización del euskera“ en la Administración, como ”garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía“.

A partir de ahí, se hará un “seguimiento compartido” del “despliegue” y de los efectos de los cambios. Habrá una “comisión de seguimiento” y “en el caso de que [...] se concluya que la modificación legal ahora posibilitada no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales” se abrirá un nuevo proceso “ordenado” para “elaborar una nueva propuesta”. EH Bildu ha logrado introducir ahí que se tendrán en cuenta sus modelos -“por ejemplo Cataluña o Galicia”- e incluso la “doctrina” del Tribunal Constitucional, que aún tiene que pronunciarse sobre la normativa ahora en vigor y que seguramente reciba nuevas peticiones sobre esta reforma, como ha deslizado el PP.

PNV y EH Bildu crean un “espacio estable” de “intercambio entre partidos” y se prometen “lealtad, discreción y voluntad”, aunque los primeros seguirán gobernando con el PSE-EE. Será a los tres años de entrada en vigor de la ley, en 2029, cuando “en su caso” se puedan tratar la “necesidad de analizar nuevos ajustes normativos o aplicativos”. Significativamente, apuntan a que se analizará la situación también a la luz del Estatuto que esté vigente, dando a entender que podrían llegar a buen puerto las negociaciones para modificarlo.