Los territorios vascos dan por cerrada una década de batalla por la financiación de la instituciones

El actual marco de financiación de las instituciones vascas fue regulado por ley en 2007 con una vigencia hasta 2011. Desde entonces, por falta de acuerdo, la conocida como Ley de Aportaciones ha estado una década prorrogada aunque en muchos períodos todas las partes estaban controladas por el mismo partido, por el PNV. Hasta ahora. Gobierno vasco, las tres diputaciones y Eudel -la asociación que engloba a los municipios- han prestado este jueves en Vitoria tras “un Consejo Vasco de Finanzas extraordinario” a la altura de un “acuerdo extraordinario” el anuncio del pasado viernes de que hay consenso para el período 2022-2026. Parecen olvidadas las quejas de Álava y Gipuzkoa por la infrafinanciación y el señalamiento a Bizkaia por lo contrario.

“Álava y Gipuzkoa aceptan que la metodología del cálculo de los coeficientes horizontales es correcta”, ha proclamado Unai Rementeria, diputado general vizcaíno. Preguntados si compartían el análisis, sus homólogos alavés, Ramiro González, y guipuzcoano, Markel Olano, no le han enmendado la plana. “Este acuerdo es muy digno”, ha explicado Olano, quien ha señalado que “se han producido desajustes desde 2007” pero que el modelo nuevo, “desde el punto de vista del territorio de GIpuzkoa, no puede ser más positivo”. Ha dicho que saca una espina que tenía clavada él que lleva en el cargo desde 2007 salvo el paréntesis de 2011 a 2015.

La financiación vasca es compleja. El principio básico es que la recaudación corresponde a las Haciendas de los tres territorios. A partir de ahí, se calcula un Cupo que se abona al Estado por los servicios de su competencia. En el plano local, toca repartir los recursos restantes entre los tres niveles, el autonómico, el foral y el municipal. Así las cosas, se establecen dos tipos de coeficientes, el vertical y el horizontal. En el caso del vertical, al Gobierno vasco le corresponde el 70,81% del total de los recursos. Es una cantidad ligeramente mayor que la anterior, del 70,04%. ¿Por qué? Porque ha ganado en competencias como Prisiones, la AP-1 y 68 u otras materias. Y luego están los coeficientes horizontales, que determinan qué parte del todo común pone cada Diputación por su peso económico, recaudatorio y demográfico. Históricamente, Bizkaia ha aportado alrededor de tres sextos, Gipuzkoa dos sextos y Álava un sexto.

De hecho, el peso de cada provincia no se altera en el nuevo acuerdo. Entonces, ¿por qué Álava y Gipuzkoa consideran que mejoran los problemas del modelo anterior? Porque se ha actuado sobre un mecanismo compensatorio llamado fondo general de ajuste, llevando a la ley elementos correctores extraordinarios planteados en 2019 precisamente por este problema. “No tenía tanta importancia el coeficiente horizontal, sino fijar el mecanismo de garantía. Álava está satisfecha”, ha señalado González. Y el acuerdo supone también que el porcentaje de participación de los municipios en los tributos concertados suba al 39,23%. Según Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, dota al final al entramado institucional vasco de una “visión tridimensional”, autonómica, foral y ahora también municipal.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha explicado que este acuerdo será trasladado a un proyecto de ley que aprobará el Gobierno el próximo 27 de julio. Remitirá el texto al Parlamento Vasco, que lo tramitará con la previsión de que entre en vigor para que pueda estar en vigor de cara a los presupuestos de 2022. No habrá problemas, porque el Ejecutivo tiene mayoría absoluta. Sobre esos presupuestos nuevos, Azpiazu ha adelantado que la propuesta del Ejecutivo de Iñigo Urkullu pasará por unas cuentas “valientes” e “inversoras”, que den un “empujón” a una economía castigada por la pandemia. No obstante, la fotografía final está condicionada a que se conozcan los marcos de déficit y deuda para 2023, ya que aún no hay acuerdo con el Estado.