El Gobierno central rebaja el gasto sanitario mientras Extremadura quiere subirlo en 65 millones

El Gobierno central de Mariano Rajoy ha mandado a Bruselas una previsión de presupuesto nacional para el año que viene, que entre otras cosas plantea reducir el gasto sanitario público. El dinero se rebajaría hasta el 5,8% del producto interior bruto (PIB) español frente al 5,95% de este año, un tajo de 1.678 millones de euros que podría afectar a los servicios de salud autonómicos.

Si eso se cumple, 2018 será el año con menor gasto en sanidad, una partida que lleva reduciéndose desde hace ocho años, 2009, cuando alcanzó el 6,7% del PIB. La federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública (FADSP) ha puesto el grito en el cielo y reprocha que mientras se pregonan la mejora económica y el fin de los recortes, se sigue apretando la tuerca de los recortes sociales.

Ese 5,8% del PIB significa según esa federación que España, que pese a todo mantiene uno de los mejores servicios de salud públicos del mundo, no solo no será puntera en presupuesto sino que quedará más de un punto por debajo de la media de la Unión Europea que es el 7,2%.

El país ocupa el puesto 15 de los 28 de la Unión Europea, muy lejos de los países más desarrollados (Alemania Francia, Reino Unido, etc), y por detrás de países como Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, “teóricamente más pobres”, sigue rechazando la FADSP.

Frente a esas intenciones del Ejecutivo Rajoy, también se ha manifestado en contra la Junta de Extremadura, que sostiene que hay una “infrafinanciación” de la sanidad pública que afecta a su sostenibilidad. La financiación de la sanidad “nunca debería estar por debajo del 6,5% del PIB”, ha reclamado varias veces el presidente Guillermo Fernández Vara. “Y esa posición es la que defenderemos en la negociación de la nueva financiación autonómica”, añaden fuentes del Gobierno regional.

Los planes son opuestos a los de Rajoy y el borrador presupuestos de Extremadura 2018 dado a conocer esta semana prevé en políticas de sanidad un montante de 1.604 millones de euros, 65 millones más, lo que supondría un aumento del 4,2%.

En ese borrador se incluye un incremento de deuda autonómica por valor de 70 millones de euros.

Globalmente la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales (que incluye también dependencia o promoción social) elevaría su presupuesto el año que viene algo más, un 4,3%.

El negocio de la salud

Para la federación de asociaciones por la sanidad pública el objetivo teórico de Rajoy para el año que viene es alcanzar el déficit marcado por la Comisión Europea, que supone una reducción de 16.000 millones de euros de gasto público y que el gobierno pretende cargar sobre el gasto social destinado a sanidad, educación, protección social o pensiones. Pero el “objetivo real” es “debilitar al sistema sanitario público para crear espacios al sector privado y a los seguros médicos que han experimentado un gran crecimiento a pesar de los recortes”.

El miércoles pasado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, estuvo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, y que presidió la ministra Dolors Montserrat.

Aludió a un punto clave que no estaba en el orden del día, que es el de la financiación, “que se toca parcialmente en un informe sobre los fondos de cohesión, pero reclamamos que existan esos fondos y que se defina qué queremos del Sistema Nacional de Salud”.

Vergeles ha pedido que se aborde de una vez por todas el análisis de los expertos en financiación sobre el Sistema Nacional de Salud “que nos merecemos los españoles y las españolas”.

La reducción del gasto según la FADSP entra en contradicción con el aumento “brutal” del gasto farmacéutico, especialmente el hospitalario que creció en torno a un 25% en los últimos años. La subida del gasto en medicamentos sería el resultado de la estrategia de los laboratorios farmacéuticos de fijar unos precios “desproporcionados” para los nuevos medicamentos para tratar enfermedades como la Hepatitis C (más de 30.000 euros por tratamiento), el cáncer o las enfermedades autoinmunes.

Por otro lado pesan mucho en el gasto la compra “irracional” de aparataje tecnológico (pese a tener ya de ellos una de las mayores tasas por habitante de la UE), el aumento de la concertación con el sector privado al que se derivan numerosos pacientes en listas de espera, o la utilización de la colaboración público-privada para financiar, construir y gestionar nuevos hospitales “que multiplicó por siete el coste de los mismos”.

El recorte del gasto sanitario coincide para colmo con una mayor demanda de atención asociada al aumento de la pobreza y del envejecimiento de la población.

Consecuencias

La principales consecuencias de todo esto son para la federación de la sanidad pública un aumento exponencial de las listas de espera (la patronal de hospitales privados se ha ofrecido recientemente a solucionar la quirúrgica a cambio de 1.700 millones de euros), asociado al desmantelamiento de servicios, cierre de camas y recorte de profesionales. La espera para operarse en España pasó de 83 a 115 días en seis meses. El número total de pacientes que aguardaba ser intervenido al acabar 2016 llegó a 614.101, 45.000 más que seis meses antes

Deterioro de la calidad de la atención de los enfermos, especialmente de la Atención Primaria responsable de las actividades promoción y prevención de salud, e incremento del malestar y la frustración del personal sometido a reducciones salariales y aumento de la precariedad (las plantillas se han reducido en más de 25.000 trabajadores aprovechando la no reposición de las plazas del personal jubilado, mientras que más de la mitad no tienen plaza en propiedad), lo que hace que muchos profesionales están emigrando a los países nórdicos, Alemania, Austria o el Reino Unido, son otras consecuencias.

Además riesgo para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema sanitario dado que se reduce el gasto mientras aumentan los costes por la privatización, y aumento de las tensiones entre CCAA, que pueden poner en riesgo la cohesión del sistema.

Entre las medidas que propone la federación está prohibir a los médicos de la pública ejercer en la privada, una actividad que está “parasitando” al sistema nacional de salud.