El Juzgado archiva la denuncia de Monago por no estar acreditado que le coaccionaran
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz ha ordenado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, iniciadas a raíz de una denuncia que el presidente de la Junta, José Antonio Monago, presentó el pasado 4 de marzo contra tres miembros del Campamento Dignidad por un presunto delito de coacciones, denuncia que luego amplió a otras tres añadiendo los de amenazas e injurias.
En un auto la jueza, a la vista de que el pasado 9 de abril el propio presidente retiró la denuncia, y pidió el archivo de las actuaciones más la suspensión de su declaración prevista para el próximo día 27, y de que varios días después la Fiscalía se sumara a esa solicitud de sobreseimieto, ha dictado el archivo sin perjuicio de que alguna de las partes inicie otras acciones; no se pronuncia sobre las costas, de manera que cada parte pagará a sus abogados.
Da fin al proceso momentáneamente dado que no ha quedado debidamente acreditada a su juicio la perpetración de los delitos imputados, y ante el hecho de que la marcha atrás del presidente priva a ella y al fiscal de una diligencia “esencial” como es su declaración como perjudicado y testigo.
“Sin oír al señor Monago Terraza a efectos de concretar los actos violentos protagonizados por los denunciados, y si realmente los mismos llegaron a impedirle de alguna manera la realización de actos de su vida privada y familiar, o a modificar o alterar los mismos, difícilmente puede estimarse proporcionada ni útil la prosecución de una investigación que estaría abocada al fracaso”.
Del fiscal a la jueza
El pasado 4 de marzo, por las protestas del Campamento Dignidad ante la urbanización de Badajoz donde vive, el presidente puso en manos de la Fiscalía una denuncia contra Antonio Chacón, Manuel Cañada y Rodolfo Corella, del Campamento, además de pedir para ellos una orden de alejamiento de 1.000 metros de él, su vivienda y sus hijos, medida cautelar que la jueza denegó.
Seis días después, el 10, amplió la denuncia, esta vez por amenazas e injurias, contra Isabel Rodríguez y su marido, que protestaban reclamando una vivienda, y el 18 la extendió a otra mujer, Isabel Pintado, además de pedir este mismo día que se investigara qué personas, de acuerdo con las acampadas, le daban a éstas aviso de sus entradas y salida de casa.
El 8 de abril la Fiscalía de Badajoz sumó a las diligencias judiciales testimonios de varias personas por hechos también de presuntas coacciones por parte de las dos mujeres ocurridos en Montijo y Olivenza, con motivo de actos públicos del presidente Monago; pero súbitamente al día siguiente, el 9, el presidente retiró la denuncia inicial y las sucesivas ampliaciones, y el asunto se da por terminado.
