Lemus quiere suspender de militancia a Felipe Martín tras el archivo de la causa contra Ropero
El secretario provincial del PSOE en Badajoz, Rafael Lemus, va a proponer la suspensión de militancia en el partido del abogado Felipe Martín, tras haber archivado el Juzgado de Villafranca la causa contra el alcalde de la localidad Ramón Ropero por malversación de dinero público y falsedad documental.
Todo son cargos orgánicos del partido puesto que Ropero es presidente provincial, y Felipe Martín vocal de la ejecutiva local de Badajoz; es este aspecto, la denuncia entre compañeros, lo que más ha molestado a Rafael Lemus según ha dado a conocer en redes sociales.
“Sobre este asunto”, la causa judicial en Villafranca, “hasta el día de hoy he guardado silencio . He seguido con tristeza cómo un militante y miembro de una ejecutiva local del PSOE denunciaba sin pruebas al presidente provincial del partido socialista , Ramón Ropero”.
“Dicha denuncia”, añade Lemus, “solo se podía entender desde el resentimiento personal y eso no es digno de ningún compañero que se precie. Por ello y tras haber sobreseído esta absurda y dañina causa quiero comunicar que instaré a la ejecutiva provincial para que eleve a la ejecutiva federal la suspensión de militancia del denunciante, el cual ha dado pasos suficientes para que nos replanteemos su situación”.
Felipe Martín, criticado por otras personas tras haberse archivado la causa por un presunto desvío de dinero en contrataciones artísticas del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, ha respondido que él lo único que hizo fue denunciar los hechos ante Fiscalía, y es ésta la que remitió la causa al Juzgado.
Unos hechos que le llegaron de manos de la formación Villafranca Avanza, franquicia electoral local de Podemos.
“Y ahora”, continúa Martín, “la juez ha dado su opinión, que yo acato por encima de todo, al margen de si discrepo de la misma, o no”. El abogado y dirigente socialista está estudiando la sentencia por si decide presentar recurso de reforma como paso previo a otro de apelación ante la Audiencia Provincial“.
La jueza Instructora, añade en sus explicaciones, “sí da por probado que lo que yo decía en mi denuncia, a saber, que se desviaba un 10% por cada contrato, es cierto. Ocurre, no obstante, que ella no lo ve como malversación de caudales públicos, y yo sí. Solo que yo soy abogado, no juez”.
