El recurso de la Junta sobre Valdecañas ha superado un filtro en el que muere el 90 por ciento de los casos

Los recursos de la Junta de Extremadura, de los propietarios de las casas y de los ayuntamientos, para evitar el derribo total de la urbanización Marina Valdecañas, han superado un primer filtro en el que mueren el noventa por ciento de los presentados, de ahí la impresión positiva pero llena de cautelas que tiene el Gobierno extremeño sobre la decisión del Tribunal Constitucional de tener en cuenta sus alegaciones.

Así el máximo tribunal español admite a trámite una propuesta que cuenta con el aval judicial previo del Tribunal Superior de Extremadura, cuya sentencia fue mantener lo ya construido -casas, hotel, campo de golf, marina- pero no construir nada más derribando lo que estuviera en fase constructiva; una sentencia que cayó en desgracia en la instancia siguiente superior, el Supremo, que ha dicho que hay que derribar todo y dejar aquello como estaba, a nivel de tierra.

Al admitir ahora el Constitucional los recursos de la Junta y de los propietarios, que quieren volver a lo que decía el Tribunal Superior con sede en Cáceres, el Ejecutivo regional se aferra a esa “positiva” decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dar entrada y proceder a estudiar a fondo los recursos de amparo planteados.

Para hacer una valoración de los criterios que maneja el Constitucional la Junta espera a conocer el contenido del auto, pero no deja de celebrar el que desde el punto de vista estadístico, “es poco frecuente que el Constitucional admita a trámite estos recursos (solo un 10%)”, explican fuentes del Ejecutivo regional a la agencia Efe.

Los recursos de amparo han sido planteados por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, según ha informado el TC en una nota.

“La Junta de Extremadura respeta y acata la decisión de la justicia constitucional, en este caso favorable a las pretensiones ejercidas”

“Una cuestión que pone de manifiesto que la Junta de Extremadura tiene sólidos argumentos en su postura y que las cuestiones planteadas tienen especial transcendencia constitucional, al entender que el recurso versa sobre una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica”.

En opinión del Ejecutivo, esta admisión a trámite permite plantear cautelarmente la suspensión de la sentencia del Tribunal Supremo que determinó el derribo absoluto del complejo y la restauración de los terrenos a la situación anterior a 2007.

Se trata de un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas sobre el río Tajo.