Guardiola dice que las dueñas de Almaraz ya han pedido la prórroga, pero en realidad no hay unanimidad
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha vuelto a insistir en que las propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Energy) han pedido la prórroga hasta 2030, pero en realidad, solo lo han hecho dos de las multinacionales eléctricas, Iberdrola y Endesa.
Según el Gobierno, no fue una “petición formal”, sino más bien una mera “declaración de intenciones”, que ni incluye a la tercera propietaria de la central extremeña ni al sector, y que, además, va “en perjuicio de consumidores y ciudadanos”.
En realidad, en esa carta que firmaron Iberdrola y Endesa no solo pedían alargar la vida de Almaraz, sino de todas las centrales que son de su propiedad, pero no la suscribían ni Endesa ni EDP. Las cuatro firmaron junto al Gobierno el protocolo de cierre en 2019, que supone el apagón de los reactores de forma progresiva, empezando por el de Extremadura en 2027.
Es verdad que en el caso de Almaraz, Naturgy es la que menos participación tiene, pero, según el Ministerio para la Transición Ecológica, “hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación”.
Sin embargo, Guardiola insiste en que esa petición ya está hecha, por lo que pide a la ministra, Sara Aagesen, que se siente “de una vez” con las eléctricas para abordar la prórroga. Y eso a pesar de que el Gobierno ya dijo que la “declaración de intenciones” de dos de las empresas “no cumple con las tres líneas rojas establecidas para tramitar una petición formal (la carta no lo es)”: esas tres premisas, recuerda Transición Ecológica, son “que haya seguridad para las personas”, que se garantice la seguridad de suministro y “que no suponga un mayor coste para los ciudadanos”.
Pero la presidenta extremeña ha vuelto a decir que la voluntad de las propietarias de Almaraz es “clara” y que la Junta de Extremadura “peleará hasta el final”. “Lo que tiene que hacer la ministra es sentarse de una vez por todas con las propietarias, con las comunidades autónomas y tomar una decisión que se toma desde el sentido común y no desde el sectarismo y de la ideología”, ha manifestado Guardiola.
Por su parte, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha insistido en la postura del Gobierno: “Son las empresas quienes tienen que pedir la autorización y llevan desde diciembre sin reunirse. Ahora dicen que será en septiembre, pero aún no se han puesto de acuerdo”.
Quintana ha subrayado que el Gobierno ya ha dejado claros los requisitos para una posible prórroga, y ha insistido en que serán las empresas las que deban reunirse y comunicar su voluntad de continuar con la actividad de la planta.
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