Jueces y fiscales han respaldado este miércoles en Badajoz la protesta convocada a nivel nacional en contra de la pretendida reforma de la carrera judicial, con un paro en el que ha participado la jueza Beatriz Biedma, que instruye el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno central, por la Diputación de Badajoz.
Biedma no ha querido realizar declaraciones sobre la causa judicial en la que están procesados David Sánchez o el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y se ha limitado a expresar que todo lo que ha tenido que decir está en sus “resoluciones judiciales”. En su último auto consideraba que Gallardo habría cometido un “fraude de ley” al tomar posesión de su acta como diputado y convertirse en aforado para “dilatar la causa”. También le acusa de “conseguir un fin ilegítimo mediante el uso de mecanismos formalmente legales, utilizando las instituciones públicas en beneficio propio o de allegados”.
La magistrada del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz Zaira González, que ha leído el manifiesto en la protesta de jueces y fiscales, ha mostrado el “apoyo” del sector judicial a Beatriz Biedma, “tal y como se ha hecho público días atrás”, pues “siempre que se toca a alguien relacionado con el Gobierno enseguida salen las manifestaciones en contra de los jueces, los cuales solo aplican la ley”.
Protesta en la Ciudad de la Justicia de Badajoz
González ha leído el manifiesto “firmado por la mayoría de las asociaciones judiciales y de fiscales del país” durante el paro de diez minutos que han llevado a cabo a las puertas de la Ciudad de la Justicia, ha manifestado posteriormente a los medios que “uno de los dos anteproyectos de ley” pretendidos “cambia el acceso a la carrera judicial y fiscal, con lo que se provoca una injerencia política en este sistema”.
A su juicio, este sistema rebajaría “la excelencia, el mérito y la capacidad”, pues se crearía “una prueba escrita, que podría filtrarse y cuya evaluación es de carácter subjetivo” o “un centro de opositores dependiente del Gobierno de forma directa”. También se modifica el Estatuto del Ministerio Fiscal, una reforma que se tramita además “por la vía de urgencia, sin el necesario y conveniente trámite parlamentario”, con el objetivo “de dar más fuerza entre otros al fiscal general del Estado, elegido por el Gobierno”, ha apuntado.
Como acontece con algunas de estas medidas “se pone como excusa además a Europa, pues el Gobierno alude que con ello busca cumplir el mandato de la Comisión Europea, para nombrar jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos”, ha dicho.
Si el Ejecutivo central no da marcha atrás “no se descarta una huelga”, ha adelantado González.