Habrá debate monográfico sobre el cumplimiento de la Agenda del Cambio de Vara

La Asamblea de Extremadura celebrará, a petición del PP y aceptación por parte del PSOE, un debate monográfico sobre el grado de cumplimiento de las medidas propuestas por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en su Agenda del Cambio, tras obtener el visto bueno de la Junta de Portavoces.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, quien ha precisado que en las próximas semanas se marcará la fecha para sustanciar esta sesión plenaria.

Cuestionado por este debate, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha señalado que será “muy interesante” comprobar cómo el Ejecutivo regional ha sido “un gobierno cumplidor del programa” que presentó en la Asamblea para ser investido.

El diputado se ha mostrado sorprendido con que pida este debate el partido que “estuvo cuatro años gobernando Extremadura y llevó a la comunidad a la ruina económica, financiera, política y social”.

Y de que se lo pida a quien, en tres años y medio, se ha “echado Extremadura a sus espaldas” y ha “recuperado el diálogo político y social, restituido los derechos de los extremeños y recuperado la capacidad de la economía para generar empleo”.

Más parados con Monago

Ha recalcado que fue el anterior Gobierno de José Antonio Monago el que alcanzó “un récord histórico de parados” en la comunidad, “184.100 desempleados en el primer trimestre de 2013”, mientras que “hoy hay 50.000 parados menos” y “eso lo dice todo”.

Por su parte, Teniente ha considerado que se trata de un debate “importante”, de balance de una legislatura “perdida”, “no solo por los incumplimientos, sino por los resultados”.

El PP ha solicitado este debate al considerar que el Gobierno regional del PSOE “no ha cumplido su palabra en materia electoral”, según dijo en la rueda de prensa en la que lo anunció. Y ha pedido la retirada inmediata de la Agenda del Cambio del portal institucional “Extremadura cumple”, ya que no solo “es una retahíla de falsedades” sobre el grado de cumplimiento, sino una “utilización de recursos públicos con fines electorales”