El PSOE quiere que desde la Asamblea se reclame al Gobierno nuevas subidas del salario mínimo

El Grupo Socialista ha registrado una propuesta de pronunciamiento para que la Asamblea de Extremadura inste al Gobierno de España a continuar con la senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60 % del salario medio, lo que beneficiará a 80.000 trabajadores de la región.

La iniciativa parlamentaria ha sido presentada este jueves por el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, que ha resaltado que el SMI ha subido durante el Gobierno de Pedro Sánchez un 46,7 %, 344 euros más de incremento hasta alcanzar los 1.080 euros, lo que ha beneficiado a uno de cada tres trabajadores de Extremadura, una de las regiones donde más incidencia tiene esta medida.

El diputado socialista ha considerado que el apoyo unánime de la Asamblea a esta propuesta sería “útil” para facilitar el acuerdo en las negociaciones que va a iniciar el Gobierno de España con sindicatos y empresarios para incrementar el SMI.

A su juicio, sería importante que “por una vez” el bloque de la derecha vote a favor de esta medida, ya que ha recordado que el PP y Vox rechazaron el aumento del salario mínimo, que se ha demostrado que no ha perjudicado a la economía.

Además, ha subrayado que ha llegado el momento de la política “útil” y con “mayúsculas” centrada en las cuestiones del día a día de los ciudadanos, como la subida de las pensiones en un 3,8 %, tras la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su “giro a la ultraderecha”.

La propuesta, que ayuda a la igualdad de los españoles, al facilitar la conversión con otras regiones, según Ferreira, aboga también por que la subida del SMI hasta el 60 % del salario medio quede garantizada en el Estatuto de los Trabajadores.

El diputado socialista ha criticado que el PP haya usado al Parlamento extremeño como una “sucursal de Génova”, con el fin de “importar la estrategia de crispación”, y que solo haya presentado a debate iniciativas para confrontar con el Gobierno de España, “confundir a la ciudadanía” y para “dividir a la sociedad entre territorios”.