UGT pide al Gobierno que haga “todo lo posible” para paralizar la Ley de Concordia de PP y Vox en Extremadura

UGT Extremadura ha pedido al Gobierno de España que haga “todo lo posible” para paralizar la tramitación de la Ley de Concordia de Extremadura y que de aprobarse, interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta norma que derogaría la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de la región.

En un comunicado, ha recordado que el pleno de la Asamblea rechazó la semana pasada, con los votos en contra de PP y de Vox, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura. De este modo, ha dicho, se “da un paso más” hacia la aprobación de una nueva norma que supone “un ataque directo a los derechos de las víctimas del franquismo y a los principios democráticos recogidos en la legislación estatal”.

Desde UGT han denunciado que este proyecto de ley representa “un grave retroceso en materia de memoria, justicia y reparación”. “No solo elimina derechos reconocidos por la Ley estatal de Memoria Democrática, sino que impide su aplicación efectiva en la comunidad autónoma, vulnerando el deber institucional de preservar la verdad histórica y la dignidad de las víctimas”, ha apostillado.

Para el sindicato, derogar la Ley de Memoria Histórica es “dar la espalda al sufrimiento de miles de familias extremeñas” y ha considerado que esta nueva norma “no busca la concordia, sino el olvido”.

Por ello, ha pedido al Gobierno central que haga “todo lo necesario para paralizar la tramitación de esta nueva ley y frenar así un ataque directo a los valores democráticos”, ha declarado el secretario de Memoria Histórica y Democrática de UGT Extremadura, Salvador Ramos.

“La llamada Ley de Concordia invisibiliza los crímenes y represalias sufridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, ignorando el deber moral institucional y legal de honrar a quienes fueron perseguidos y asesinados por razones políticas, ideológicas, religiosas, de género, identidad u orientación sexual”, ha indicado.

UGT ha reafirmado, por tanto, su compromiso con la defensa de la memoria democrática y ha exigido que “ninguna norma regional se utilice como instrumento para reescribir la historia ni silenciar la voz de las víctimas”. “El retroceso democrático que supone esta ley debe ser revertido en los tribunales”, ha concluido.