Los sindicatos culpan a Monago y Rajoy del cierre de Aguablanca, pero también riñen a Vara

Las direcciones regionales de CCOO y UGT en Extremadura han culpado este jueves a los dirigentes del PP José Antonio Monago y Mariano Rajoy de no haber hecho nada para evitar el cierre de la mina Aguablanca, que se produce a partir de este momento al ejecutar la empresa Lundin Mining el ERE anunciado en enero pasado.

Pese al compromiso del Gobierno central del PP en su ex ministro José Manuel Soria de acelerar la declaración de impacto ambiental (DIA) para que alguna nueva empresa pudiera continuar la explotación en galerías subterráneas, el ERE ha llegado a su fecha de ejecución legal sin que haya tal licencia ambiental, y varios portavoces del PP –la delegada del Gobierno en Extremadura, el alcalde de Santa Olalla del Cala (Huelva) o el propio PP de Andalucía- han dicho este jueves y a la vez que la DIA no tiene nada que ver con el cierre, y descargan toda responsabilidad en los técnicos de Medio Ambiente.

Por el contrario UGT, CCOO y el PSOE de Extremadura han señalado directamente a Rajoy por no hacer nada, y a Monago por no reclamárselo, aunque el secretario regional de Comisiones Obreras Julián Carretero también ha regañado al presidente de la Junta Fernández Vara por ir a los platós de TV a hablar de su partido en vez de plantear desde esos altavoces los problemas de la región, y no ocuparse de problemas acuciantes bajo su competencia como son los cierre de la mina de Monesterio o de la fábrica de confección textil Fuentecapala en Navalmoral.

Literalmente Carretero ha dicho que deje de “zascandilear”.

La secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez, ha reprochado “la desvergüenza” de Monago en este asunto, por no exigir a un gobierno de su partido la DIA, lo que pone de manifiesto que le importa “poco o nada” la región. No encuentra una explicación razonable más allá de la falta de voluntad política para esta situación.

Carretero ha criticado que Vara no aproveche su capacidad para aparecer en medios nacionales para exponer las necesidades de empleo y futuro de Extremadura. “Extremadura tiene muchos frentes abiertos como para estar pendiente de quién va a ser el presidente del Gobierno”.

La dirección de la mina está entregando las cartas de despido a 109 trabajadores, que se unen a la veintena que ya la habían recibido, y solo quedarán unos 30 dedicados a las labores de mantenimiento y a la espera de que pueda llegar la DIA. Lundin Mining no ha querido manifestarse, ante el requerimiento de eldiarioex, sobre el proceso de despidos.

CCOO Extremadura entiende que la Junta de Extremadura debe abrir un proceso con los agentes sociales para estudiar alternativas a esta zona, del mismo modo que ocurre con otras comarcas de la región, como la de Almaraz o Campo Arañuelo.

PSOE

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-SIEX en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha achacado a la “dejación de funciones” de gobierno por parte de Mariano Rajoy, el cierre de la mina de níquel y el despido de sus trabajadores.

Según el portavoz socialista el Gobierno de Mariano Rajoy ha mentido, ya que aseguraban que iban a hacer todo lo posible por emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no lo han hecho.

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha reiterado en Sevilla el respaldo de su partido a los trabajadores de la mina situada en Extremadura pero que “da mucho trabajo” en Andalucía, “especialmente en el municipio de El Real de la Jara” (Sevilla), y ha pedido “agilidad” al Gobierno con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que espera la mina.

La Junta de Andalucía piensa en los suyos

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, ha lamentado la situación de la mina de Aguablanca e indicado que espera que el desarrollo de la actividad minera en la provincia les permita “reincorporarse”.

Para Romero, el único papel que puede jugar la Junta de Andalucía en este momento es el de intentar que “estas personas de Huelva puedan reincorporarse” en las líneas de trabajo de la minería onubense que se están potenciando, por lo que espera que por su experiencia puedan ser útiles para futuros proyectos.

La Junta de Andalucía tienen “una base importante de inversores” y ya “se han ofrecido contactos a estas empresas” pero tiene que ser el sector privado el que determine si es el momento de invertir. Y es que en la actualidad hay un momento de “convulsión en la minería” por los precios del metal, por lo que tienen que ser las empresas las que tomen la decisión de invertir en ampliaciones de proyectos, porque es un momento “complicado”.

MATSA, interesada

Entre las empresas que podrían estar interesadas por mina Aguablanca está MATSA, una filial española titular de los derechos de explotación de la mina de Aguas Teñidas y mina Magdalena en Almonaster La Real, y de la Mina Sotiel localizada en el término municipal de Calañas, todas ellas en Huelva.

La actividad de MATSA consiste en la investigación y explotación de yacimientos minerales y su tratamiento en la planta de procesamiento ubicada en Almonaster. Esta planta tiene en la actualidad una capacidad para procesar 4,6 millones de toneladas de mineral al año.

Es la única explotación subterránea minera en operación en la provincia de Huelva y una de las dos grandes minas de cobre que existen en España.

MATSA es propiedad de TM Mining Ventures, SL, una empresa conjunta al 50% entre Mubadala Development Company, una compañía de inversión y desarrollo con sede en Abu Dhabi y Trafigura Group Pte Ltd, un líder mundial en el mercado de las materias primas.

El PP echa balones fuera

El alcalde de Santa Olalla del Cala (Huelva), Antonio Plaza (PP), ha restado importancia a que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no haya llegado a tiempo ya que en su opinión la ejecución del ERE previsto para este mismo jueves se hubiese llevado a cabo de todas formas.

Su empeño está ahora en buscar alternativas a los 40 puestos de trabajo que se han perdido de familias de la localidad.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha coincidido en que el cierre “no tiene nada que ver” con la declaración pendiente. La DIA es un tema “técnico”, una autorización medioambiental, añadía, y desde el PP de Andalucía han defendido respecto a esa declaración que no se puede trabajar en la mina “sin seguridad”.