El registro que impide el acceso voluntario a las salas de juego ya supera los 1.500 inscritos en la región

Se denomina registro de interdicciones y quienes se inscriben de forma voluntaria tienen vetada la entrada a los locales de apuestas y de juego.

Un total de 1.505 personas se encuentran en la actualidad dada de alta en este registro en Extremadura según los datos de la Junta. La cifra ha crecido más de un seis por ciento respecto al año anterior, cuando había 1.410 personas en la lista.

En los últimos tiempos ha crecido el número de establecimientos de apuestas y el juego online al mismo tiempo que se ha acentuado el problema de la ludopatía, según advierten las asociaciones que trabajan las adicciones.

Ha crecido la alarma social ante el riesgo de conductas adictivas en lo que muchos denominan la ‘heroína del siglo XXI’. Preocupa sobre todo el goteo incesante de jóvenes y de los colectivos más vulnerables como principales consumidores.

El nuevo Ministerio de Consumo ha anunciado una regulación específica tanto para la publicidad del juego como para los bonos de captación y fidelización en la modalidad online. A ello se suman las restricciones establecidas en Extremadura, donde se aprobó un decreto ley de Fomento del Juego Responsable que establece una distancia mínima de 300 metros de puerta a puerta entre los locales de apuesta y los centros educativos.

La Asociación Cacereña de Jugadores de Azar en rehabilitación (Acajer) aplaude las medidas que se están poniendo en marcha, aunque advierte que llegan tarde.

Javier Ponce de León, miembro del colectivo, apunta a un problema social de primer orden. “El problema que tiene el país, desde la población hasta la administración, no reacciona hasta que el problema es ya bastante fuerte. Las medidas para frenar esta vorágine pueden ser maravillosas, pero llegan demasiado tarde”.

El nuevo ludópata

Desde la asociación explican que el fenómeno del juego ha cambiado por completo en la última década. Si antes el perfil del jugador era el de una persona de más de 40 años, adicta a las tragaperras, el bingo o el casino, hoy el ludópata tiene poco más de 20 años y opta por el juego online y las casas de apuestas.

“No es que el problema sea mayor o menor, simplemente ha cambiado y afecta a una población mucho más joven, incluso menores de edad que acceden con la tarjeta de crédito de un familiar o suplantando también su identidad”.

¿Qué puede hacer la Administración?

Fuentes de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública trasladan a este diario su preocupación por el abuso que se observa entre la juventud por la práctica del juego, especialmente el relacionado con las apuestas deportivas, tanto presenciales como online.

Ante las reclamaciones ciudadanas el Ejecutivo dice que comparte a preocupación, aunque corresponde a la Administración buscar un equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al ocio responsable, velando para que un tiempo de ocio y de disfrute no se convierta en un juego problemático-compulsivo y, por tanto, patológico.

Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen delimitado el ámbito de actuación en materia de juego de valor monetario. Al Estado le corresponde la regulación de las actividades de juego que se realizan a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, y a la comunidades el juego presencial.

Incide en que la normativa prohíbe la entrada a los establecimientos de juego a los menores de edad y a los inscritos en el Registro de limitaciones de acceso. Así se exige a los locales que tengan un servicio de recepción que exigirá la identificación de cuantos usuarios acudan, con sanciones de hasta 600.000 euros.

El del juego es un sector inmerso en un proceso permanente de innovación tecnológica que apuesta decididamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y de nuevos canales de distribución, mediante el empleo de importantes plataformas informáticas, electrónicas, sistemas operativos y otros dispositivos telemáticos.

La Junta dice que tanto desde el Gobierno como desde las administraciones se llevan a cabo campañas publicitarias a favor de un juego y reparar sus efectos negativos. No obstante incide en que la orientación sobre el juego responsable no solo es tarea de las Administraciones, sino de toda la sociedad y en relación con los jóvenes menores de edad la responsabilidad principal es de los padres.