La región no se sostiene con funcionarios y autónomos, argumento PSOE para la ley de parques de ocio
La Ley de Grandes Instalaciones de Ocio ha superado este miércoles el debate de totalidad en la Asamblea de Extremadura, con tres partidos básicamente a favor de la misma, PSOE, PP y Ciudadanos, y solo uno en contra, Podemos, que sin embargo no ha querido presentar enmienda a la totalidad aunque sus opiniones contra el texto lo son en toda regla.
No lo ha hecho porque según el diputado portavoz socialista Valentín García, tenían miedo a quedar mal ante la opinión pública.
El diputado de Podemos Daniel Hierro ha llegado a decir que la región se puede convertir en “el prostíbulo de las grandes empresas”, semanas después desde que ese partido asociara esta propuesta de ley a los casinos y la prostitución.
El mayor encontronazo se ha producido pues entre morados y socialistas. Los primeros no quieren estos parques de ocio, y los segundos les han replicado que lo que no se puede sostener es una economía basada en los autónomos y los funcionarios; un modelo “que nos llevaría la ruina, la autarquía, ¿así quieren sostener el Estado del Bienestar?”.
Se trata de una iniciativa de ley no de la Junta de Extremadura sino del Grupo Parlamentario Socialista, que ha defendido su portavoz Valentín García. Agilizar la tramitación de grandes proyectos que han llegado a la Junta –un par de ellos, en La Siberia y Campo Arañuelo- para grandes instalaciones de ocio en familia, con zonas deportivas, acuáticas, centro comercial y también casinos, además de viviendas.
Lo que hay, y lo que se necesita
El texto, que ha tenido aportaciones del PP, pretende poder tramitar en el menor plazo posible pero con las mayores garantías jurídicas, inversiones para aprovechar “lo que Extremadura tiene” –sol, agua, naturaleza, patrimonio histórico, grandes extensiones- a fin de crear “lo que más necesita”, riqueza y empleo, argumenta García.
Esta propuesta de ley exige para que la empresa tenga esas facilidades una inversión mínima de 1.000 millones de euros, 1.000 hectáreas de superficie, 2.000 empleos directos, 3.000 plazas hoteleras, y una superficie para viviendas que no exceda el 20% del total del proyecto. Unos números mastodónticos para las inversiones que se suelen hacer en Extremadura.
Según el PSOE tendría un efecto multiplicador en la economía y empleo, en la inversión y consumo, haría revertir la emigración de la zona, y proporcionaría ingresos fiscales
La empresa queda obligada a donar tres millones de euros anuales para un fondo de protección del patrimonio histórico y ambiental, pero a la vez tendría libertad de horarios comerciales, y reducciones en impuestos.
García habla de una expansión del turismo internacional, que se ha duplicado en los últimos años, y una abundancia de turismo familiar que busca experiencias de ocio, pasar de “hoteles exclusivos para pocos” a centros vacacionales para muchos: sol, agua, biodiversidad, naturaleza “y en el triángulo Lisboa-Madrid-Sevilla”.
Son instalaciones intensivas en mano de obra, un centro tipo según el portavoz socialista proporciona 12.500 empleo directos e indirectos en los años de construcción, y luego en la fase de funcionamiento 4.000 entre directos, indirectos e inducidos. Por cada euro puesto por la empresa en la fase de construcción, 1,86 de valor añadido, y por cada euro de gasto del turista, 0,72, ha seguido asegurando Valentín García.
El PP, por medio de Víctor del Moral, ha dicho que su partido apoya todos los proyectos que creen empleo y riqueza, pero ha advertido que hay partes de la propuesta de ley que no han sido revisadas por el Consejo de Estado, y si no se modifican con total precaución podría llegarse a un problema como el de Marina Valdecañas.
“Ni en Cádiz es igual”
Las mayores críticas han llegado en este pleno de la Asamblea por boca del diputado de Podemos, Daniel Hierro. Su partido viene insistiendo en que es “la ley de los macrocasinos” que convierte a los promotores en agentes urbanizadores y expropiadores, y pide igualdad de trato a todo tipo de empresas sea cual sea su tamaño, algo que “no sucede ni en Cádiz” según el socialista García, gobernada por Podemos.
Hierro cree que todo esto es humo cara a las elecciones, que al final no se va a instalar nada, y ha criticado la bajada de impuestos a estos grandes proyectos. Sin embargo los concejales de Podemos en Mérida han votado a favor de bajárselos a la azucarera en Mérida, ha repuesto García.
Podemos anuncia enmiendas para no convertir la región “en el prostíbulo de las grandes empresas, el casino de aquellos que no les aceptan en otras regiones y aquí les abrimos las puertas por desesperación”.
García (PSOE) le ha replicado que decir que donde hay casinos hay prostíbulos “es tan poco riguroso como afirmar que quien juega online está masturbándose constantemente”, y a unas palabras fuera del pleno del secretario regional de Podemos, Álvaro Jaén, ha respondido que “tranquilo que a Galapagar no va a llegar la expropiación de ninguna casa, señor Jaén, es mentira que con esta ley vayan a expropiarse casas”
Victoria Domínguez, de Ciudadanos, pide mucho rigor técnico legal: “Estamos a favor de las inversiones empresariales pero con seguridad jurídica y que no respondan solo a las expectativas de los promotores”. En su opinión el consenso previo no debería haberlo buscado el PSOE solo con PP, sino con todos los grupos políticos.
