“El caso de Aurelia Rey tan sólo es la punta del iceberg”

Héctor Tejón se convirtió durante días en la cara visible de Stop Desahucios en A Coruña y también en uno de los protagonistas involuntarios del conflicto de Aurelia Rey, la anciana cuyo desalojo fue paralizado por la presión ciudadana. Agarrado al megáfono, este sociólogo en paro -“en activo no retribuido”, prefiere decir él- leyó comunicados, cuidó de Aurelia, atendió a la prensa y se emocionó varias veces tras una semana tan intensa como agotadora. Con un discurso firme y claro, pide a la sociedad que se implique en una problemática que va mucho más allá del caso de esta mujer de 85 años, que aún está pendiente de una solución definitiva, y al que llegó la raíz de su participación en movimientos como el 15M, pero sobre todo por su “inquietud personal” en una problemática como la de la vivienda.

Y de pronto, te encuentras con el caso de Aurelia Rey...

El caso de Aurelia es muy particular y muy específico, una parte del problema que no puede significar el todo. A nivel de la opinión pública, es mucho más sencillo ir contra un banco que contra un propietario individual. No es lo mismo una familia que firma una hipoteca, no es capaz de pagarla y va a ser desalojada, que este caso. Además, nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar con todo lo que nos encontramos durante estas últimas semanas.

¿Con qué se encontraron?

No sabíamos de las relaciones de poder de la familia propietaria. Tengamos en cuenta que antes de iniciar las movilizaciones hablamos con Servicios Sociales de A Coruña y con el abogado de los denunciantes. La respuesta del Ayuntamiento fue siempre a misma: “no tenemos pisos y la mejor opción es una residencia”. También intentamos detener la orden de desalojo hablando con los dueños del piso, pero no lo conseguimos. Luego nos movilizamos porque el lanzamiento era inminente y conseguimos pararlo.

Todo por el retraso en el pago de dos meses de alquiler...

Claro, porque en este caso ni tan siquiera hay un impago, sino un retraso. Es una ley más que discutible a que permite que se desaloje una persona en esta situación. Recordemos que el primer retraso fue en 1999 y el segundo en 2011. Fue ahí cuando los dueños aprovecharon para iniciar el proceso legal que terminó en el intento de desahucio. La familia buscaba una opción legal que les permitiera echar a Aurelia de su casa. Es un caso claro de mobbing inmobiliario y de especulación. Tengamos en cuenta que varios de los edificios colindantes al de Aurelia son propiedad de la misma familia, incluido el inmueble donde vive.

La familia acusa a Aurelia Rey de no facilitar las cosas con su comportamiento...

La familia siempre dijo que era muy difícil convivir con Aurelia y Aurelia dice que es muy difícil convivir con la presión de la familia. Nosotros siempre intentamos llegar a un acuerdo antes de iniciar las movilizaciones, pero no lo conseguimos.

¿La repercusión mediática les sirvió para lograr su objetivo?

Recibimos mucho apoyo de todas las partes del Estado gracias a la repercusión mediática que tuvo el tema y esto nos sirvió de mucha ayuda, pero también surgieron otras actitudes no tan positivas hacia nosotros. Aurelia no eligió estar en el foco de nada. La familia propietaria tiró por la vía penitenciaria en lugar de reclamar la mediación de los Servicios Sociales, que tienen también esa función. Pasamos de una solución amistosa a una resolución conflictiva. Se aprovecharon del marco legal vigente para llevar a cabo el desalojo.

¿Hay más casos como los de Aurelia?

Ya nos están llegando nuevos casos. Sabemos que no puede ser que Aurelia sea el todo, pero tampoco la podemos dejar sola porque es una situación de exclusión social flagrante. Recordemos que Aurelia Rey cobra una pensión no contributiva de unos 370 euros y vive por debajo del umbral de la pobreza. Por eso pedimos la implicación de la ciudadanía. Tuvimos mucho apoyo, pero también sabemos de mucha gente que se implicó en la censura moral al culpar a Aurelia de rechazar pisos que estaban muy lejos o de vivir en el lugar donde vive. Digamos que también surgieron celos entre clases. En vez de ver en Aurelia una persona jubilada que cobra una miseria, algunos vieron en ella una persona que vive en una zona que teóricamente no le correspondería por su nivel económico.

¿Le dolieron algunos de esos comentarios?

¿Por qué no puedes vivir en cualquier lugar de la ciudad? ¿O es que ya aceptamos el clasismo por zonas? Al final, la clase baja social reproduce discursos que van en su contra. Aurelia Rey lleva más de treinta años viviendo en la misma zona. ¿Qué diríamos si el mismo caso de Aurelia se diese en un barrio más humilde? Lo aceptemos o no, sigue siendo traumático porque estás dando pie al desarraigo, más aún cuando hablamos de una persona de 85 años que tiene su médico, sus amistades y su modo de vida en una zona determinada.

¿Qué ocurre ahora que se paró el desahucio?

Esto también nos lo preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? De la parte de acompañamiento y de búsqueda de una nueva vivienda deberían ocuparse los Servicios Sociales, pero lo único que ofertan son pisos de protección oficial y en el Ayuntamiento aseguran que no hay iniciado ningún proceso de “concurrencia competitiva abierta”, como dicen ellos. En definitiva, que no tienen pisos. Ahora estamos en una situación en la que nosotros estamos cumpliendo la función que debería realizar la Concejalía de Servicios Sociales. Estamos encargándonos de buscarle un piso en los dos meses que tiene de plazo, pero también nos ocuparemos de ayudarle con el cambio y de reubicarla. Si ocurriera con otras familias, pasaría lo mismo. Siempre se habla de cuando se para el desahucio, ¿pero a dónde van esas familias que consiguen la dación en pago pero quedan sin casa? ¿Quién se ocupa de ellas?

¿Están cumpliendo los movimientos sociales la función que deberían realizar los poderes públicos?

Está pasando y eso es una muestra del desmantelamiento del Estado de Bienestar. Es el activismo social el que muchas veces se tiene que ocupar de cosas de las que se deberían ocupar las administraciones públicas. No es que nos podamos ver en esa situación, sino que ya nos estamos viendo en ella. Hay muchos más casos y es evidente que nosotros no nos podemos ocupar de todos. Pedimos que las administraciones públicas se impliquen. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que buscar y procurar una solución porque el Ayuntamiento o a quien le corresponda no lo haga.

No obstante, siempre dijisteis que vuestra labor es también de concienciación social, de pedagogía...

Es evidente. Tengamos en cuenta que en plena crisis, se siguen manteniendo las mismas rentas para los alquileres cuando el poder adquisitivo de la sociedad es claramente menor. Tenemos que hacer entender que los nuevos tiempos requieren nuevos modos de relación. Pasamos de un Estado de Bienestar a un reparto de la carencia. O nos coordinamos entre todos o no sé lo que puede pasar. Yo creo en la autogestión, pero sé que es complicado porque la pequeña burguesía propietaria no quiere perder sus privilegios, a pesar de que el poder adquisitivo de las familias sigue bajando y el paro es cada vez mayor. Lo que debemos hacer es darle una vuelta a este pensamiento porque no podemos pensar que un movimiento como Stop Desahucios se puede convertir en unos Servicios Sociales autogestionados.

¿Qué opina del apoyo que recibieron de cargos públicos?

Cualquier apoyo de concejales de la corporación municipal fue importante, también como salvoconduto contra la represión del activismo, porque hay gente a la que ya le están llegando citaciones para ir a declarar al juzgado.

Hay quien dice que los políticos que los apoyaron sólo querían sacarse la foto...

Yo personalmente les estoy agradecido. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento para los concejales del BNG Xosé Manuel Carril y Avia Veira. Desde el primer día estuvieron con nosotros e incluso se quedaron a dormir en el portal. Yo sólo los veía como unos activistas más que apoyaron el movimiento. Estuvieron de nuestra mano y esa debe ser la función de un político. No debe imponerse en la sociedad, sino ser la membrana de vinculación de ese magma social. César Santiso, concejal de Izquierda Unida, también estuvo varios días dando la cara con nosotros e incluso algún concejal socialista se acercó para interesarse por el tema, a pesar de que en este último caso es difícil de entender cuando fue su partido lo que legisló justo en contra del que nosotros defendemos.

En definitiva, ¿creen que consiguieron una mayor concienciación de la sociedad con respecto a los desahucios o desalojos?

Ese es siempre uno de los objetivos y tenemos miedo de que el caso de Aurelia tape todo lo demás. Lo que notas por la calle, cuando la gente te anima a seguir, es que estamos todos muy necesitados de esperanza. Claro que se pueden cambiar las cosas, pero se necesita gente dispuesta a romper con las lógicas tradicionales. Todos estábamos acostumbrados a ingresar la renta del piso a final de mes, ¿pero cómo haces si ni tan siquiera tienes la renta del trabajo? Notamos más apoyo y notamos también como muchas familias que antes no se acercaban a nosotros por vergüenza, sí que nos llaman ahora para preguntarnos como los podríamos ayudar.

¿Seguirán luchando?

Seguiremos en pie de lucha. Lo de Aurelia es un caso muy concreto y muy especial. La gente puede quedarse con el caso de Aurelia, pero este caso sólo es la punta del iceberg. Ella podría ser la abuela de cualquiera y por eso mucha gente se identificó con su problema, pero insisto en recordar que está en una clara situación de exclusión social, algo que quizás no supimos transmitir como deberíamos. Destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler y eso a lo mejor es lo realmente grave. En Servicios Sociales nos dijeron que había más Aurelias. Creo que esa respuesta que nos dieron debería hacer reflexionar a los poderes públicos. Si hay más casos como el de esta mujer, deberían recapacitar sobre lo que están haciendo con el dinero público o sobre lo que está pensando con derechos básicos que vienen recogidos en la propia Constitución.