La comisión que investiga la fracasada fusión de las cajas gallegas acumula dos años de parálisis

Hace ahora seis años, a mediados de junio de 2013, llegaba al Parlamento de Galicia un carrito con cajas de documentación enviadas por la Xunta. Eran algunos de los expedientes que iban a manejar los miembros de la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de Caixanova y Caixa Galicia, que los grupos de la izquierda llevaban años reclamando y que el PP había accedido a abrir una vez celebradas las elecciones gallegas de 2012, en las que habían revalidado la mayoría absoluta.

Aquella investigación comenzó con la imposición a los diputados de guardar secreto sobre el contenido de gran parte de la documentación analizada, obligación que fue quedando diluida poco después y que, con el paso de los años, acabaría convirtiéndose en caricatura, cuando copias de documentos declarados cómo reservados acabaron siendo reutilizados como papel reciclado para tomar notas en diferentes dependencias parlamentarias. Cuando, tras las primeras comparecencias, el proceso había adquirido cierto vigor y relativa repercusión pública, el PP decidió frenarlo. Así lo hizo durante todo el ciclo electoral que comenzó con las europeas de 2014 y terminó con las gallegas de 2016. Lo hizo por “enfriar el debate”, según explicaron después.

Tras ese enfriamiento y después de una nueva mayoría absoluta los populares decidieron acceder a reabrir la comisión a comienzos de 2017, pero para buscar un cierre rápido mediante una elaboración ágil de las conclusiones. Esa búsqueda de la rapidez fue el motivo esgrimido por el PP para rechazar todas las nuevas comparecencias que habían solicitado En Marea, PSdeG y BNG, grupos que consideraban que, por los años transcurridos, había novedades -fundamentalmente judiciales- que era necesario analizar. Los populares sólo accedieron a incorporar algunos documentos nuevos -como la sentencia que llevó a la cárcel a algunos de los exdirectivos-. Esa incorporación se produjo entre finales de junio y comienzos de julio de ese incluso año.

Dos años después de la llegada de esa nueva documentación, el Parlamento apenas ha movido unos cuantos papeles vinculados a la comisión de investigación de las cajas. La mayoría, relativos la peticiones de los grupos de la oposición para que se reactiven sus trabajos y poder llegar así algún día a las esperadas conclusiones.

El informe del millón de euros

Mientras la comisión parlamentaria gallega estaba paralizada, las novedades sobre la creación de Novacaixagalicia y su posterior bancarización y rescate llegaron desde el Congreso de los Diputados, donde se desarrollaba una investigación sobre el rescate bancario en el conjunto del Estado, y sobre todo desde los tribunales de Justicia. En el Congreso, por ejemplo, la consultora KPMG volvió a evidenciar que lo que la Xunta había presentado como “auditoría” que “avalaba” la fusión realmente no era una auditoría ni avalaba la fusión. En el mismo foro y tras pasar por la cárcel el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, había accedido a pedir perdón por las preferentes.

El controvertido informe de KPMG sobre la fusión, sufragado por la Xunta con un millón de euros, regresó también al debate político a finales de 2018. Fue cuando el diputado Antón Sánchez (En Marea) decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para intentar conseguir hasta seis documentos de la fusión que llevaba reclamando por vía parlamentaria desde 2013 y que, afirmaba, la Xunta no le había entregado. Pedía, concretamente, la “carta de encargo de la Xunta a KPMG”, informes internos del Gobierno de Feijóo en relación con ese encargo y con la propia viabilidad de la fusión y actas de las consellerías relativas a la aprobación de la unión de las cajas..

Tras iniciar ese procedimiento ante el TSXG, el Gobierno gallego reveló algunos de los papeles pendientes. Esos documentos sirvieron para saber, por ejemplo, que la Consellería de Facenda contrató el informe de KPMG cuando la consultora llevaba veinte días elaborándolo ou que la Xunta aprobó sin hacerlo público el pago de un millón de euros por el documento.

La Xunta advirtió al Tribunal a finales del pasado febrero de que, desde su punto de vista, ahora sí ya “ha dado respuesta” a la “totalidad de la petición efectuada” por Antón Sánchez, pero el diputado discrepa. Pocos días antes la Fiscalía había apoyado la tesis de Sánchez al considerar que, efectivamente, el Gobierno gallego estaba lesionando“ sus derechos como diputado al no darle toda la información que solicitaba.

Fuentes parlamentarias y jurídicas consultadas por Praza.gal confirman que en este junio de 2019 el proceso iniciado a instancias de Antón Sánchez sigue en marcha en el Tribunal Superior, toda vez que el diputado considera, al contrario que la Xunta, que no es cierto que le hayan entregado todos los papeles que pidió. Mientras, los grupos de la oposición vuelven a pedir que la comisión se reactive.

El último en pedirlo formalmente ha sido el PSdeG, el pasado febrero, reiterándolo además en los últimos días. Antes también lo había hecho el BNG. A la legislatura gallega le quedan, como mucho, dos períodos de sesiones parlamentarias antes de que se celebren nuevas elecciones autonómicas.