El dueño de Sargadelos vuelve a cerrar la fábrica de Cervo tras otra visita de la inspección de Trabajo

La historia ha vuelto a repetirse en la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo). Casi ocho meses después de que el propietario de la factoría, Segismundo García, echase el cierre tras una inspección de trabajo, este jueves ha ordenado el desalojo de las instalaciones después de recibir la visita de unos inspectores. En un comunicado, García aseguraba haber avisado a su abogado para que comenzase “los trámites oportunos para un cierre ordenado por causas de fuerza mayor”. Mientas tanto, “se suspenden las operaciones en la planta de producción”.

Según relata El Progreso, los inspectores acudieron a la fábrica de cerámica en torno a las diez de la mañana. Por su vestimenta —“parecían astronautas”, dice en el comunicado— el propietario “deduce que en esta empresa se trabaja con materiales altamente nocivos”. Trabajadores citados por el periódico lucense aseguran que la inspección provocó la reacción “airada” de García quien les ordenó marcharse a través de la encargada de la planta. Ya en el exterior, decidieron concentrarse a la espera de explicaciones.

El dueño de la histórica planta culpa de la situación a la Xunta, que “se había comprometido a facilitar los medios y permisos para mejorar, en lo posible, los procesos de fabricación”. Sin embargo, “hasta la fecha no ha comenzado las obras, presuntamente, necesarias” aunque sí “envió a la empresa unos expertos que 'certificaron' la carencia de sustancias altamente patógenas o peligrosas”.

De nuevo, García muestra su disposición a cerrar Sargadelos y tira de sarcasmo al proponer que “después de la oportuna expropiación” se dediquen las instalaciones “a actividades museísticas o de 'interpretación de la cerámica', que seguro no generan partículas insalubres”. “Esta dirección, en absoluto quiere ser responsable ni causante de enfermedades o problemas de salud en su plantilla por motivos laborales”, concluye.

Se repite así la situación vivida en abril Entonces, después de que dos trabajadoras desarrollasen silicosis, la inspección laboral detectó hasta 36 deficiencias y propuso una multa de 5.000 euros, “por no adoptar medidas de protección” para su plantilla. La respuesta de García fue echar el cierre durante cuatro días —tras lo que intentó mandar a la plantilla de vacaciones forzosas— y despedir, dos semanas después de retomar la actividad, a tres trabajadoras. La reapertura de puertas llegó tras una negociación con la Xunta para realizar un estudio sobre las mejoras necesarias, a las que la administración autonómica no puso plazo ni presupuesto.