La Fiscalía abre una investigación sobre el vaciado de embalses en Galicia

Vista general sobre el estado del embalse de Salas en la cuenca Miño-Sil, a 24 de agosto de 2021, en Galicia, (España). En Salas -en Ourense-, los informes de la Xunta de Galicia indican que su actual nivel de ocupación es del 27,3%. En el caso de Portas

La Fiscalía delegada de Medio Ambiente de Galicia va a abrir una investigación sobre el vaciado de cuatro embalses en territorio gallego. Este verano, en plena escalada de los precios de la electricidad, Iberdrola y Naturgy decidieron desembalsar el agua que había acumulada en Cenza, Portas, Salas y Belesar. En algunos casos, quedaron por debajo del 20% de su capacidad. Pese a los avisos enviados por una de las empresas -Iberdrola- tanto a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil como a la Xunta, ninguna medida impidió una bajada brusca de los niveles, que tiene efectos sobre la flora y la fauna y también sobre las cargas de los aviones que participan en los dispositivos de extinción de incendios.

Feijóo ignoró durante semanas los avisos de las eléctricas sobre el vaciado de embalses en la escalada de precios

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La incoación de diligencias de la Fiscalía es la respuesta a una denuncia presentada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) ante la fiscal delegada en Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia, en la que apunta a la Xunta por un posible delito de "prevaricación omisiva" y a las empresas concesionarias por daños sobre la calidad de las aguas y la fauna acuática.

Iberdrola envió el 10 de junio y el 12 de julio dos correos eléctrónicos al servicio provincial de la Xunta para avisar de su intención de vaciar los embalses de Cenza y Portas. Sin embargo, el Gobierno gallego, que tiene las competencias en materia de medio ambiente, no tomó medidas. Argumentó que la comunicación le tendría que haber llegado a través de la Confederación Hidrográfica, a la que abrió un expediente sancionador. Un día después anunció que iniciaba el mismo proceso contra Naturgy e Iberdrola, con unas multas que podrían ser de 25.000 euros por embalse.

Adega señala en su escrito que la Confederación Hidrográfica dijo que no tiene competencia para evitar la bajada de los caudales embalsados si no afectan a las normas de explotación de los aprovechamientos.

La incoación de una investigación por parte de la Fiscalía es el proceso habitual. En caso de concluir la existencia de indicios de delito, el caso sería trasladado a un juzgado a través de una denuncia. Si las evidencias no son las suficientes, la institución se limitará a archivar el asunto.

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