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La justicia confirma que Navantia no puede librarse de pagar el IBI en Ferrol

Instalaciones de Navantia

El Ayuntamiento de Ferrol comunicó este martes que el juzgado de lo contencioso-administrativo de la ciudad dictaminó que la intención de Navantia de no pagar el IBI al consistorio por sus terrenos no es posible al ir en contra del derecho comunitario. En una sentencia del pasado 8 de enero, la justicia da la razón a la administración local, que en un comunicado asegura que este dictamen es el “último” paso en un “prolongado proceso de capítulos judiciales” entre ambas entidades.

Así, el Ayuntamiento recuerda que las autoridades ya se habían posicionado en contra de la postura de la empresa emitiendo un informe hace ahora un año en el que confirmaban que la intención de Navantia de no pagar el IBI era contraria a las normas de Bruselas. Este documento derivó más tarde en una sentencia, del pasado 9 de octubre, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratificaba la versión de la administración municipal al insistir en que los terrenos del astillero público en la ciudad sí estaban sujetos al Impuesto de Bienes Inmuebles.

El alto tribunal comunitario había dejado, no obstante, en manos del juzgado ferrolano comprobar si efectivamente la exención del IBI de la que se beneficia la empresa pública podría constituir una ayuda de Estado prohibida por la legislación europea, tal y como advertía la sentencia del TJUE. Y la justicia lo ha ratificado ahora.

El juzgado ferrolano comenzó la consulta el pasado mes de octubre al preguntar al tribunal de Luxemburgo si es compatible con las normas comunitarias “que un Estado miembro pueda establecer una exención fiscal sobre un terreno de su propiedad cedido a una empresa privada de capital íntegramente público (Navantia SL) en la que esta suministra bienes y presta servicios que pueden comerciarse entre Estados miembros”.

Se trataba de un dictamen sobre el pleito de Navantia y el Ministerio de Defensa contra el Ayuntamiento de Ferrol por el cobro del IBI de los terrenos en los que se sitúa el astillero. En realidad, es una cuestión perjudicial que elevó ante el Tribunal de la UE el juez de lo contencioso-administrativo de Ferrol, Cristóbal Pintado, tras un recurso contra la denegación por silencio administrativo de la solicitud de exención del impuesto y contra una resolución del concejal de Hacienda por la que se desestimaba el recurso de reposición contra la liquidación del IBI facturado en 2010.

La demanda en la que se solicitaba la exención del IBI fue admitida a trámite en junio de 2011 y el Ayuntamiento se personó como parte demandada, para más adelante Navantia ampliar la reclamación solicitando la exención de los ejercicios siguientes al de 2010. El juez explica en el auto que esta cuestión perjudicial pretende analizar la compatibilidad con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE de una exención fiscal de la que se beneficia una empresa privada, aunque aclara que el capital de esta pertenece íntegramente al Estado y que los trabajos son fundamentalmente para buques españoles o de otros países.

El Ayuntamiento de Ferrol liquida cada año el IBI con una cuota que supera el medio millón de euros. El juez entiende que el sujeto pasivo del impuesto es el Estado, por lo que es la factoría la que tiene que soportar el coste final del impuesto y quien finalmente se beneficia de la exención. La administración local sí percibió desde antes de 2007 la cantidad, pero en 2008 Defensa y Navantia solicitaron la exención, que fue denegada por el Ayuntamiento e impugnada ante los tribunales.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había revocado una sentencia del juzgado de lo contencioso y declaró que sí había lugar a reconocer la exención fiscal, pero para el magistrado esta exención podría implicar una ayuda estatal ilegal que falsea o amenaza falsear la competencia. Ahora, la justicia entiende que así es, por lo que Navantia tendrá que hacer frente al IBI.

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