La obligación de solicitar el voto provoca una abstención histórica de la emigración gallega para el 25M
Los emigrantes gallegos votarán menos que nunca en las próximas elecciones europeas. La instauración del voto rogado –la obligatoriedad de solicitarlo previamente para poder ejercerlo– hará descender a mínimos históricos la participación en los comicios del próximo 25 de mayo. Tanto, que menos de tres de cada cien residentes gallegos en el exterior elegirán a sus representantes en la Eurocámara. Será una abstención de más del 97% en la diáspora, una cifra más elevada aun que la de las últimas elecciones autonómicas, en las que ya se había evidenciado que la masiva participación con el anterior sistema desciende a mínimos en cuanto se implementan medidas de control.
Y las cifras pueden ser peores. De los 421.833 gallegos que están inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA), únicamente 12.763 han solicitado el voto, según los datos del INE actualizados a 5 de mayo. Tan solo en caso de que todos ellos optaran finalmente por ejercer su derecho, bien por correo o bien acudiendo a los consulados donde pueden hacerlo, la participación sería del 3,02%. No obstante, y toda vez que en las últimas elecciones autonómicas menos de la mitad de los residentes en el exterior que solicitaron el voto acabaron ejerciéndolo, la participación va a camino de ser ínfima.
Por provincias, tan sólo el 2,9% de los residentes en el exterior de A Coruña há solicitado ejercer su voto, frente al 3% de los de Lugo, al 2,6% de los de Ourense y al 3,5% de los de Pontevedra.
Tampoco son mucho mejores las expectativas a nivel estatal, ya que de los más de 1,72 millones de emigrantes inscritos en el censo exterior, tan solo 70.972 han cubierto la solicitud para ejercer su voto en las elecciones europeas, el 4,11% del total. Sería, y también en caso de que todos acabaran ejerciendo su derecho, un descenso de más de 100.000 personas con respecto a la participación de los comicios europeos de hace cinco años.
Los datos vienen a confirmar la espectacular caída de la participación de la diáspora en los diferentes comicios desde que en 2011 PP, PSOE y CiU pactaron el cambio de sistema para instaurar el voto rogado, justo el mismo que, menos de tres años después, tanto estos partidos como la práctica mayoría del Congreso pretenden echar abajo para volver al método anterior. La necesidad de dar mayores garantías y de dificultar el fraude que tantas veces se dio en los comicios gallegos, argumentos empleados entonces para modificar el método de voto en la emigración, han desaparecido rápidamente ante la evidencia de que un mayor control acaba por hacer bajar masivamente la participación.
En el caso gallego, la instauración del control legal a la votación en el exterior hizo caer a mínimos históricos la participaciín en las elecciones autonómicas de 2012: de los 30.524 electores del CERA que habían solicitado la documentación, solo 12.954 (de un total de casi 400.000 votantes registrados en la diáspora) completaron el trámite, lo que supuso una abstención del 96,05%, siendo la mitad de los sufragios para el PP. En los anteriores comicios autonómicos emitieron su voto 101.708 de los 335.453 ausentes, esto es, alrededor de un 800% más. La comparación de los porcentajes de participación tampoco deja lugar a dudas: el 3,2% de 2012 frente al 30,3% de 2009.
Además, y ya en los comicios generales de 2011, los primeros en los que se controlaba el voto emigrante, fueron poco más de 16.000 los residentes gallegos en el extranjero que eligieron a sus representantes, un 4,21%. En las anteriores elecciones europeas, aún con el sistema antiguo, la participación tampoco fue muy alta, pero en Galicia alcanzó más del 16% y una cifra absoluta que casi multiplica por cinco la de solicitantes de voto actuales. El 25 de mayo, como mucho, se quedará en el 3%, trece puntos menos que en 2009.
Pero el sistema de voto rogado tiene los días contados. El pasado 11 de marzo, PP y PSOE se valieron del Parlamento gallego para dar marcha atrás en la ley electoral. El Congreso aprobó entonces la toma en consideración de la propuesta que el Parlamento gallego le presentó para volver a reformar el sistema de voto emigrante con el fin de facilitar el voto en urna, pero que ahora será “el punto de apoyo” para suprimir también el voto rogado que se instauró hace tan solo dos años. PP y PSOE –con el apoyo de todas las fuerzas políticas excepto el BNG– decidieron echar abajo la reforma legal que ellos mismos habían propuesto e impulsado valiéndose de una proposición de hace case seis años y después de que la ley electoral ya hubiera sido reformada. La masiva abstención les hizo cambiar de opinión.
En aquella sesión, el BNG se quedó solo en la defensa del sistema actual. Su portavoz, Olaia Fernández Davila, dijo estar “preocupada por las razones que tienen los grupos que ahora votan a favor” y les recordó a los parlamentarios –en especial a los que desconocen la realidad de la diáspora y de los comicios autonómicos– que la normativa actual “impide el fraude”. “Ese que no percibieron ni vivieron como lo hicimos nosotros, ese que permitía que votaran personas inscritas en el CERA que ya estaban muertas o que llegaran cientos de sobres con la misma letra y la misma dirección a las urnas”, advirtió tras defender también el sufragio en urna, pero no aquel sistema que permitía a los inscritos en el CERA recibir en su casa la documentación electoral sin comprobaciones previas de identidad y sin ni siquiera confirmar que el elector seguía vivo.
Ahora, son varios los colectivos de emigrantes que piden también la eliminación del voto rogado, al considerarlo un sistema que dificulta mucho que puedan ejercer su derecho desde el extranjero. No obstante, reclaman que se establezcan urnas en los consulados y un mayor control, que está por ver si acaba por realizarse.
