Pacientes y plantilla de la adjudicataria de las ambulancias en el hospital de Santiago denuncian deficiencias en el servicio

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS y el Comité de Empresa de la adjudicataria del transporte sanitario en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza han denunciado deficiencias en el servicio y exigen su “desprivatización”. Lo hacen en un comunicado conjunto, en el que reclaman que se dote al servicio de los medios, materiales y humanos, necesarios para “garantizar un funcionamiento del conjunto del sistema de acuerdo con los principios de calidad y equidad” y que se integre como personal del Sergas a todo el personal subrogado.

“Llamamos a pacientes y usuarios a denunciar las carencias de las que sean víctimas durante la prestación del servicio bajo el convencimiento de que solo así será posible mejorar las condiciones materiales de atención”, animan, según recoge Europa Press. Recuerdan que, desde septiembre de 2024, el servicio de ambulancias de esta área está adjudicado para su gestión privada a la unión temporal de empresas TSNUX Santiago y Barbanza, compuesta por las compañías Ambulancias Casablanca Santiago, S.L. y Servicios Sanitarios del Cantábrico, S.L.

Sobre esto, remarcan su “absoluta discrepancia” con el hecho de que cualquier servicio que tenga como finalidad garantizar la atención sanitaria de pacientes “pueda ser explotado en un régimen de gestión privada, ya que esto resulta éticamente reprobable, al drenar recursos que no tienen como finalidad servicios asistenciales, sino garantizar la rentabilidad de la explotación”.

Apuntan también que la adjudicación se realizó sobre la base de 45 ambulancias, “que no fueron incrementadas por el adjudicatario en el trámite de licitación y que son manifiestamente insuficientes” para el área, que cuenta con una superficie total de 4.871 kilómetros cuadrados y una población de 443.458 habitantes, con una elevada dispersión geográfica a través de los 45 municipios que la componen y en la que se concentran seis servicios de referencia a nivel estatal, además del futuro centro de protonterapia.

El personal considera que son necesarias 10 unidades más para garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad. El comunicado agrega que la insuficiente dotación fue uno de los motivos de que se retrasase la puesta a disposición de camas que relacionan con el colapso de los días 9 y 12 de enero. Había, dicen, pacientes con el alta dada a la espera. “Esta precariedad constituye una de las causas estructurales que están afectando a los servicios de urgencias y a la vulneración de derechos fundamentales de los pacientes colocados en los pasillos esperando atención”, lamentan.

Ambas asociaciones consideran que las deficiencias anteriores son “consecuencia” del modelo de gestión privado que “prima” los criterios económicos en la adjudicación y que “favorece el drenaje de recursos públicos para retribuir el beneficio empresarial a costa de la atención sanitaria”.