Lo que el Parlamento gallego no investiga
El Reglamento del Parlamento establece en su artículo 52 que el pleno de la Cámara “por propuesta de la Xunta, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados miembros de la Cámara podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público”. El próximo martes concurrirá en el pleno del Parlamento una de esas circunstancias: AGE y BNG defenderán conjuntamente -en solitario no tienen escaños suficientes para hacerlo- indagar en sede parlamentaria sobre las causas del accidente ferroviario de Angrois y las medidas de seguridad del tren en Galicia. La mayoría absoluta del PP echará por tierra esta petición que, previsiblemente, tampoco tendrá el apoyo del PSdeG cuyo portavoz, Abel Losada, considera “precipitado” crear un órgano parlamentario que los conservadores podrían convertir en un “paripé”, dice.
El PP justifica esta vez el veto señalando a través de su portavoz, Pedro Puy, que “no es conveniente” investigar en el Parlamento una materia en la que está indagando la Justicia y mientras, además, están en marcha investigaciones internas de Adif y Renfe. Con estos argumentos los populares gallegos ratificarán el duodécimo freno a una investigación en el legislativo gallego en la última década. Los incendios, supuestos fraudes en el empleo público, gestión dudosa de fondos del erario... La oposición encontró causas diversas para investigar mientras, las más de las veces, el grupo o grupos que sustentaban al Gobierno no lo consideraron conveniente.
VIII Legislatura: freno a indagar en las cajas
La octava legislatura autonómica, primera con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia de la Xunta, estuvo marcada en buena medida por la fusión y posterior desaparición de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia. La oposición exigió en múltiples ocasiones abrir una investigación sobre lo sucedido en las entidades y también sobre las “indemnizaciones millonarias” que se llevaron consigo la mayoría de sus ex directivos. Finalmente, la solicitud que se aprobó no fue la del PSdeG ni la del BNG, sino una formulada por el PP en verano de 2012. El adelanto de las elecciones paralizó la comisión, que se reanudó en la vigente legislatura entre acusaciones de “paripé” por parte de la oposición.
Antes de las cajas la legislatura comenzaba con el PSdeG reclamando investigar la compra de la sede del PPdeG, instalada en los bajos de un edificio del barrio compostelano de San Lázaro en cuyos pisos superiores se ubica la fundación FEGAS, ligada al Sergas y cuyo precio de construcción se elevó en alrededor de un millón de euros, coste semejante al de los locales de los conservadores. El mismo destino corrió la petición de investigación sobre el presunto sobrecoste en la adjudicación de la autovía de la Costa da Morte, también formulada por el PSdeG. Por su parte, el propio PP llegó a registrar una petición de investigación sobre la que denominaba “trama agraria”, término creado por los populares para acusar a los socialistas de utilizar subvenciones públicas para “pagar campañas electorales”. Esa investigación no llegó a ser activada.
VII Legislatura: fuego y Gaiás
El primero período legislativo en 16 años sin dominio absoluto del PP se saldó con un episodio casi extraordinario: la aceptación de una comisión de investigación solicitada por la oposición que afectaba directamente a un partido del Gobierno. Fue la que indagó en el caso de la supuesta agente electoral del PSOE que, presuntamente, captó votos para los socialistas en Argentina viajando con fondos de la Consellería de Trabajo, entonces dirigida por Ricardo Varela, también secretario de organización del PSdeG. Este fue el mandato en el que también se celebró la comisión de investigación sobre la Cidade da Cultura, impulsada por PSdeG y BNG -el PP la había pedido por su parte y fue rechazada- y que dio lugar a imágenes muy recordadas como la comparecencia de Manuel Fraga o la del ex consejero de Cultura Jesús Pérez Varela.
En aquella legislatura los conservadores reclamaron investigar sobre más materias: supuestas irregularidades en el hospital de Vigo, el cambio en la empresa adjudicataria de la autovía del Barbanza y, sobre todo, los incendios de 2006. En ese tiempo Feijóo, con el traje de líder opositor, llegó a proponer que todos los grupos parlamentarios tuvieran el derecho de poner a funcionar dos comisiones de investigación en cada legislatura con independencia de que el resto de la Cámara estuviera o no de acuerdo. Esa propuesta no salió adelante entonces pero tampoco cuando Feijóo llegó a la silla de la Presidencia de la Xunta.
VI Legislatura: comisión interruptus para el Prestige
La convulsa sexta legislatura autonómica, la última con Manuel Fraga al mando, si por algo estuvo marcada fue por el naufragio del Prestige frente a las costas gallegas y la polémica gestión del siniestro realizada por los gobiernos gallego y central. La oposición socialista y nacionalista reclamó una comisión de investigación y esta llegó a crearse. No obstante, el PP hizo valer su mayoría absoluta para, primero, negar el acceso a ciertos documentos y vetar comparecencias y, después, para cerrar la propia comisión. A través de la creación de una norma parlamentaria ad hoc los conservadores establecieron la “disolución anticipada” de la comisión “por la imposibilidad material de terminar la labor encomendada”. Durante la breve vida de la comisión dirigentes populares como el entonces consejero de la Presidencia, Jaime Pita, atribuía las protestas de la oposición al triunfo “de la línea dura, de los radicales de Nunca Máis, los de las algaradas, los que alteran el orden público”.
