La oposición exige a Feijóo que explique por qué mantiene a sus cargos imputados por homicidio
Toda la oposición gallega pide -y pedirá oficialmente- que Alberto Núñez Feijóo o el conselleiro de Sanidade comparezcan para dar explicaciones tras la imputación por un posible delito de homicidio imprudente de los dos altos cargos del Sergas por, presuntamente, haber retrasado la prescripción de medicamentos contra la hepatitis C por razones económicas. El giro judicial del caso provocado por el auto de la Audiencia Provincial supone que el actual gerente del área sanitaria de Vigo y exdirector general de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia, afronten penas de entre 1 y 4 años de cárcel e inhabilitación para cargo público y profesional.
Con todo, ni el presidente de la Xunta ni Vázquez Almuíña, titular de Sanidad, han dicho nada desde que el pasado viernes se conociera el auto que amplía la imputación de los dos cargos del Sergas de prevaricación administrativa a homicidio después de que seis enfermos de hepatitis C fallecieran por, presuntamente, no habérsele administrado a tiempo la medicación que los podía curar por razones presupuestarias.
Tan sólo ha hecho declaraciones públicas el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, que cree que la decisión de la Audiencia “no varía” en nada el caso. Para él, sólo busca “ampliar el ámbito de defensa de los denunciados para que puedan ejercitar plenamente sus derechos frente a la totalidad de la denuncia y no sólo por prevaricacion”.
No opinan lo mismo desde la oposición, que ha salido conjuntamente a reclamar explicaciones y pedir comparecencias parlamentarias. Desde En Marea, su portavoz, Luís Villares, pide la comparecencia del conselleiro de Sanidade o del presidente de la Xunta cómo algo “imprescindible” y “urgente”, al igual que desde el PSdeG. Su portavoz de Sanidad en el Parlamento, Julio Torrado, ha reclamado “explicaciones públicas urgentes” y la “depuración de responsabilidades políticas” tras un caso que ambos califican de “gravísimo”. “Ya es tarde”, añadió. En el BNG, la portavoz de Sanidad en la Cámara, Montse Prado, ha profundizado en la misma línea, pidiendo que Feijóo o Almuiña comparezcan ya.
En Marea y BNG piden el “cese inmediato”
En cuanto a la situación de los dos altos cargos imputados ahora también por homicidio, tanto En Marea como BNG son muy claros al exigir su “cese inmediato”. Para Villares parece evidente que “la sociedad no puede confiar en personas que están siendo investigadas por incumplir deberes profesionales tan básicos, por no priorizar la salud de la gente”. Mientras, Montse Prado recuerda que tanto Rubial como Gómez-Criado “siguen siendo cargos de confianza del presidente de la Xunta”, por lo que no sólo deben ser destituidos sino que la responsabilidad debe caer también en el jefe del Ejecutivo.
Desde el PSdeG, no obstante, no reclaman todavía la destitución de los dos altos cargos, pero recuerdan que el giro judicial “supone consecuencias políticas inapelables e inaplazables” tras la “sospecha fundada” de un retraso deliberado de un tratamiento por razones de ahorro presupuestario que podría haber supuesto el fallecimiento de varios pacientes. Además, advierten de que esta situación está provocando una quiebra de la confianza de la ciudadanía en los responsables de la sanidad pública que debe ser restaurada de inmediato.
Los afectados ven “ratificadas” sus denuncias
Para la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C (PAHC), el giro judicial “exige” que “dos personas a las que se atribuye judicialmente la comisión de delitos graves sean inmediatamente apartadas de sus cargos”, toda vez que “el argumento al que el presidente de la Xunta se aferraba ha sido, también, rebatido”. Quique Costas, portavoz del colectivo, considera que la nueva imputación “ratifica” lo que siempre han denunciado: “que los recortes matan y que estas muertes fueron inducidas por la Administración”.
Tanto la PAHC como la oposición recriminan a Núñez Feijóo sus duras palabras tanto contra las denuncias como contra los médicos que las impulsaron, calificándolos de “indignos”. Desde la Xunta, tanto el presidente como Sanidade han venido defendiendo que “siempre” se usaron criterios clínicos para la atención de pacientes.
El propio jefe del Ejecutivo había sido muy duro e incluso había calificado de de “insidias” las acusaciones de que la decisión de no aprobar tratamientos había provocado el fallecimiento de pacientes. Atribuía las demandas a “líos que hay en los hospitales entre servicios y nos mismos servicios” e incluso había sido más allá al atribuir a la oposición las acusaciones de la Fiscalía y calificarlas de “disparate” e “insulto” mientras se jactaba de “pagar” los tratamientos. “Por dos o tres pacientes, no me parece lógico relacionar esas denuncias con la austeridad”, había sentenciado. Desde el viernes, Feijóo mantiene el silencio sobre el giro que acaba de dar el caso.
