El PP intenta que el Parlamento gallego se centre en recortarse a sí mismo

En pleno verano de 2012, con el rumor del adelanto electoral ya instalado en la política gallega, el presidente de la Xunta aprovechaba una entrevista con La Voz de Galicia para anunciar que recuperaba su durmiente plan de recortar el número de escaños del Parlamento, de los 75 actuales a 60, el mínimo posible sin reformar el Estatuto de Autonomía. Los argumentos ofrecidos en aquellos días en los que el rescate financiero planeaba sobre el Estado español eran diversos: que los políticos también deben hacer “esfuerzos”, que las administraciones “gasten menos en sí mismas”, el “simbolismo” o incluso pagar guarderías. Los conservadores mantuvieron su proyecto en lo más alto de los titulares durante gran parte del verano, concretamente hasta que Alberto Núñez Feijóo lo cambió por llamar a la ciudadanía anticipadamente a las urnas. Menos de un año después, la operación se reinicia.

El panorama ha cambiado notablemente con respecto a aquellos meses estivales. Ahora el centro de la polémica política no son los recortes de Rajoy y su onda expansiva en Galicia, sino que afecta directa y, sobre todo, personalmente al presidente. Hace un mes que que las fotografías de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado publicadas por El País capitalizan la vida política, partidaria y parlamentaria, un fuego que el partido de la gaviota procura ir apagando con más o menos fortuna. Este es el contexto en el que vuelven a sacar a pasear la tijera por el hemiciclo, con la diferencia fundamental, no obstante, de que ahora el recorte parlamentario sí estaba incluido en su programa electoral.

Pero, ¿qué es exactamente lo que pretende el PP? Según su programa, “reducir el número de diputados a 61” y, además, introducir cambios como “institucionalizar la figura del jefe de la oposición”, una decisión especialmente comprometida en el actual mapa parlamentario, con tres grupos opositores (PSdeG, AGE y BNG). Con todo, el vicepresidente, Alfonso Rueda, y el propio Feijóo ya introducen nuevos elementos en un plan de reforma que hasta ahora sólo se sustenta en declaraciones y no en documentos. La “modificación que plantea el PPdeG”, explicaba Rueda el pasado sábado, “quedaría recogida en la nueva Ley Electoral de Galicia”, norma que da por “pactada con el conjunto de la sociedad gallega” en virtud del resultado electoral de octubre y por eso espera que tenga “el respaldo del resto de formaciones”. Concretamente, se fija en el PSdeG y equipara el Parlamento de Galicia al Senado para considerar que es “muy difícil” que los socialistas se opongan al recorte en Galicia, dado que el PSOE “está pidiendo la reducción del Senado”.

La reforma, según Rueda, traerá consigo también la regulación por ley de los debates electorales. Por su parte, Feijóo considera que en esa nueva norma “se deben elevar los requisitos éticos para ser diputado” y estipular las “condiciones” en las que una persona puede perder tal condición. Del mismo modo, señalaba el pasado jueves al final del Consello da Xunta, apostará por la “reducción” del tiempo de las campañas electorales, lo que podría llevar la que una campaña estatal dure más que una gallega.

¿Cuánto y cuándo se ahorraría? ¿Qué pasa con la proporcionalidad?

Como en el pasado verano el PP vuelve a centrar ahora su argumentario en la cuestión económica. Como detalló Praza Pública, con 14 escaños menos el legislativo dejaría de gastar algo más de un millón de euros al año, ahorro que se podría lograr, por ejemplo, recortando el salario de los diputados y diputadas en el entorno del 20%. “Los ciudadanos quieren que las Administraciones públicas y el Parlamento también, que se nutre de fondos públicos, les cuesten menos dinero”, dice Rueda, que eleva el eventual ahorro a cinco millones de euros por legislatura. No obstante, el número dos de los conservadores obvia que ese ahorro no se produciría hasta la próxima legislatura, esto es, hasta el año 2016, cuando se elija el nuevo Parlamento recortado en unas nuevas elecciones.

En este contexto, y con los populares aparentemente decididos a lanzar la reforma de inmediato, falta saber si abren o no la mano para que la reducción de los escaños no implique también una mayor desproporción electoral entre las circunscripciones del interior (Lugo y Ourense) y las del litoral (A Coruña y Pontevedra). En la actualidad, cada provincia tiene asignados 10 diputados y los restantes 35 se reparten en función de la población, sobrerrepresentando así a lucenses y ourensanos. Una reducción de la Cámara sin tocar ese mínimo de diez escaños distorsionaría aun más el voto de la ciudadanía y beneficiaría al PP, tradicionalmente más votado en el interior.