El PP rechaza pedirle al Gobierno que anule las multas de Hacienda a los emigrantes
Los votos del PP han evitado que saliera adelante la propuesta, sí apoyada por todos los grupos de la oposición, que se solicitaba que el Parlamento de Galicia le reclamara al Gobierno central que quedaran sin efecto las sanciones que la Agencia Tributaria viene aplicando a milles de jubilados gallegos que trabajaron en la emigración y en las que le reclama tributar por sus pensiones del extranjero desde el año 2008, a pesar de la falta de información o incluso desinformación que denuncian los afectados. Con más de 20.000 pensionistas afectados en Galicia y una recaudación que supera los 3,5 millones, el único punto aceptado unánimemente en la Comisión de Economía de la Cámara fue la que le reclama al Estado una amplia campaña informativa sobre el proceso tributario a la diáspora.
Porque mientras AGE y BNG solicitaban que se paralizaran los expedientes sancionadores y que el deber de declarar se aplicase sólo desde el ejercicio 2013 y el PSdeG reclamaba que se regularice su situación pero que no se les apliquen intereses de demora ni multa alguna y se amplíen los plazos, el PP sólo acepta revisar “caso por caso”, que los afectados “paguen lo que tengan que pagar, incluyendo los intereses de demora” y que, en todo caso, si les dé más flexibilidad. Lo contrario, en palabras del portavoz popular, Pedro Puy, supondría “una injusticia” con los que sí declararon las pensiones del extranjero, algo que considera fue lo habitual, mientras los partidos de la oposición le recordaron que “eso fue una excepción en la regla”.
“La excepción es que se declararan, la regla fue que no se hizo. Y fue así porque desde la propia Agencia Tributaria se dio una información confusa y engañosa que conducía al equívoco”, aseguró Francisco Jorquera, portavoz del Bloque, que preguntó a la bancada popular si “de verdad creen que hubo una confabulación de miles de emigrantes para no declarar sus pensiones”. “No hubo conspiración ni premeditación para no tributar. Podría haberlo en algún caso, pero es extraño que todos se pusieran de acuerdo para defraudar a Hacienda, medio millón de personas en todo el Estado”, recordó también Carmen Gallego, portavoz del PSdeG, que, no obstante, asegura que “sí hubo premeditación” en la inspección encargada por la Administración, después de décadas sin exigir ni informar sobre el pago de estos impuestos. “Y, además, se hace con desinformación o información confusa, aceptando un plazo más largo en algunas delegaciones y en otras no o aplicando sanciones después de asegurarles que no se aplicarían con el pago voluntario”, denunció.
“El Estado comienza ahora a reclamar estas declaraciones porque hubo una orden; fue una instrucción que se le dio a la Agencia Tributaria. ¿Por qué se hace esto y no se persigue a los grandes defraudadores?”, insistió Yolanda Díaz, portavoz de AGE, al tiempo que, al igual que el resto de los grupos de la oposición, contrapuso esta campaña contra la emigración con la amnistía fiscal aplicada a los grandes evasores fiscales.
“Esta campaña será legal, pero es inmoral, sobre todo habida cuenta la amnistía fiscal en la que sólo afloraron un 3,9% de impagos; entre esos defraudadores estaba el señor Bárcenas, siete imputados de la Gürtel o la prima del Rei”, añadió Carmen Gallego, que recordó que “mientras el PP perdona a defraudadores que iban a Suiza a llevar dinero a cuentas opacas, castiga a los que iban a Suiza para mantener a sus familias aquí y allí”. Tanto el PSdeG, como BNG y AGE, insisten en que el problema surge “de la desinformación o mala información” que la propia Agencia Tributaria dio en el extranjero a los emigrantes, además de recordar que con esta campaña “se está ahogando a la economía familiar” de miles de gallegos.
Así, los grupos de la oposición recuerdan que Hacienda ya había recaudado hasta junio unos 3,5 millones de euros en Galicia, que hay casi 25.000 afectados y que la ampliación de los expedientes sancionadores a los ejercicios entre 2009 y 2013 podría hacer llegar el número de pensionistas afectados a unos 200.000, pagando cada uno de ellos entre 12.000 y 15.000 euros. “Hay que hacer justicia y devolverles la dignidad; no son defraudadores”, insistió Gallego, que junto a Jorquera y Díaz acusó a Pedro Puy “de cupabilizar” a los gallegos emigrados a pesar de conocer “la falta de información” a la que estuvieron sometidos.
Hasta ahora, las cartas de Hacienda apuntan a los gallegos emigrados en Alemania, Suiza, Francia o Inglaterra, pero las órdenes de la Agencia Tributaria afectan a toda aquella persona que esté cobrando una pensión del extranjero. También a los que trabajaron en América, que serán informados enseguida de sus nuevos deberes fiscales.
El límite general se sitúa en los 11.200 euros anuales, por lo que todos aquellos pensionistas que entre la pensión de España y la del país donde emigraron superen esa exigua cantidad estarían obligados a ponerse al día al tener dos pagadores. La barrera, no obstante, se sitúa en los 22.000 euros para cualquier otro pensionista. Los afectados insisten en que nunca fueron informados sobre la obligatoriedad de realizar la declaración y que incluso fueron advertidos, tanto por parte de la Administración estatal como por otras de otros países europeos, de que no tenían por qué declarar el subsidio.
