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GALICIA

Los regalos que ahora veta Feijóo están prohibidos en la Xunta desde 2006

La Ley de Transparencia impulsada por el bipartito de PSdeG y BNG ya impide que los cargos del Gobierno gallego acepten "regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía".

El presidente gallego anuncia un "código ético" con la misma finalidad que la ley en vigor en pleno escándalo por las revelaciones del caso Pokémon.

Reunión del Consello da Xunta durante el mandato del bipartito PSdeG-BNG

Reunión del Consello da Xunta durante el mandato del bipartito PSdeG-BNG

"La normativa aplicable hasta ahora en la Administración pública gallega regulaba de forma suficiente y clara la materia de la que se trata, ya que el proyecto no contiene novedad ninguna que por sí misma justifique dicho texto". En la primavera de 2006 el que más tarde se convirtió en portavoz del PP en el Parlamento español, José Manuel Barreiro, firmaba una enmienda a la totalidad contra la Ley de Transparencia que impulsaba el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG. El argumento central de los conservadores era que el bipartito no aportaba novedades con la norma, por lo que lo mejor que podía hacer con ese texto era retirarlo. Ocho años después, quien entonces era líder de la oposición y ahora preside la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acaba de presentar como plan estrella un "código ético" para vetar los regalos a cargos públicos que, en esencia, ya está contenido en aquella ley.

Durante el trámite parlamentario a aquella ley le llovieron críticas desde las filas conservadoras por insuficiente o incluso por "ridícula", en palabras del entonces diputado y hoy alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, que caricaturizaba el texto como "ley de la página web de la Xunta", por fijar entre sus preceptos, por ejemplo, el deber de publicar en internet las remuneraciones de los principales cargos del Gobierno gallego. A pesar de todo, la norma salió adelante y, aunque con evidentes carencias, impuso deberes inéditos hasta el momento no solo a los miembros del Consello da Xunta, sino también a las personas titulares de secretarías y direcciones generales, al personal de gabinete o a dirigentes de empresas públicas.

Entre estos deberes están los estipuladas en el artículo 15.2, en el que se señalan los "principios éticos y de actuación" que deben tener en cuenta todas las personas afectadas por la aplicación de la ley. Entre estos principios figura el deber de actuar de buena fe, velar por la igualdad entre mujeres y hombres, respetar "el principio de imparcialidad" o no usar la Xunta para beneficio propio. En el punto 12 de este artículo se encuentra el deber legal que ahora Feijóo presenta como novedad: "No aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones", dice la ley.

Fragmento de la emienda del PP a la totalidad de la Ley de Transparencia

En pleno escándalo por el caso Pokémon

A pesar de llevar ocho años prohibidos, el titular de la Xunta optó por el pirotécnico anuncio de un "código ético" en pleno escándalo por las revelaciones del caso Pokémon y, más concretamente, cuando la oposición en pleno lo instaba a intervenir ya en el Ayuntamiento de Santiago, con 10 de los 13 miembros del gobierno local imputados y 7 de ellos a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por pretender pagarle con fondos públicos el abogado a uno de los encausados en la presunta trama corrupta, Adrián Varela. En este contexto, Feijóo se aferró a uno de los aspectos más mediáticos del sumario, las listas de regalos presuntamente recibidos por políticos y funcionariado.

Así, Feijóo obvia la normativa de 2006 para asegurar que su código va a "protocolizar y concretar las responsabilidades que las leyes no concretan", empezando por "prohibir los regalos" excepto en casos de "cortesía institucional". El código, según abundó en días pasados, tampoco permitirá que un cargo público pueda "valerse de su posición" para vivir mejor que el resto de la población. No obstante, en las mismas intervenciones públicas en las que anunció el código, cuyo texto íntegro aún se desconoce, defendió la continuidad del maltrecho gobierno municipal compostelano, incluso cuestionando el criterio de la jueza y de la Fiscalía.

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