El Sindicato de Enfermería rechaza que las farmacias gallegas expidan el certificado COVID y accedan a las historias clínicas de los pacientes

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña. EFE/Lavandeira Jr/Archivo

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Galicia ha mostrado su desacuerdo con la propuesta del Sergas para que sean las farmacias y otras entidades privadas las que tengan la potestad de expedir los certificados COVID dentro de la comunidad. Al Satse le preocupa que estas accedan a la información sensible sobre los pacientes que contiene las historias clínicas. El sindicato ha hecho pública su postura después de que el Sergas firmase un acuerdo con los colegios de farmacéuticos para la emisión de certificados en las farmacias.

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Según el comunicado emitido por el sindicato, su opinión ha sido trasladada por carta al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, al que le han pedido una copia del acuerdo. Además, argumentan que el Sergas dispone de los medios y las herramientas suficientes para poder expedir esos certificados sin tener que recurrir a entidades privadas.

Datos sensibles en manos de entidades privadas

Por otro lado, el Sindicato de Enfermería recuerda que en el proceso de expedición del certificado se manejan datos que corresponden a la historia clínica de cada paciente, por lo que es información sensible que, según el comunicado del Satse: "No debería estar accesible para entidades privadas con ánimo de lucro como son las oficinas de farmacia". El Satse reclama al Sergas que gestione los recursos de los que dispone para que sea el propio Servizo Galego de Saúde quien pueda encargarse de la expedición de los certificados sin tener que acudir a entidades privadas.

El comunicado del sindicato también interpreta los motivos por los que la Xunta ha podido tomar esta decisión: "Los ciudadanos tienen su centro de salud al que acudir para la expedición de dichos certificados. Tenemos los recursos y tenemos las herramientas, solo falta la voluntad del Sergas para llevar a cabo una buena organización y, así, evitar ir desmantelando poco a poco el sistema sanitario público".

Por último, la organización sindical reclama al Sergas que haga público el acuerdo alcanzado con el Colegio de Farmacéuticos para conocer, con total transparencia, si el procedimiento tiene algún coste económico para la administración pública y si las oficinas privadas de farmacia van a recibir una contraprestación económica o de cualquier otro tipo en base al acuerdo.

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