Suárez y el Estatuto gallego: de Galicia como excusa a Galicia como problema

Los medios de comunicación se llenan desde este domingo de retratos de la figura de Adolfo Suárez y de narraciones, amables y edulcoradas la mayoría de ellas, sobre su acción de gobierno entre 1976 y 1981. Suárez fue un político con luces y sombras y seguramente representa mejor que nadie esa transición política por la que un régimen dictatorial se transformó en uno democrático “de la ley a la ley”, siguiendo los propios procedimientos normativos de la dictadura y sin modificar tampoco la distribución de poder económico y empresarial existente en el franquismo y los privilegios con los que en él contaban grupos como la jerarquía católica. Y representa mejor que nadie, además, la evolución interna que amplios sectores de la sociedad española llevaron a cabo, pasando en un plazo muy breve de aceptar y defender el franquismo y sus instituciones y legalidad, a aceptar y defender un modelo democrático equiparable al de los restantes países de Europa Occidental. Puede que no siempre por firmes convicciones y valores, sino más bien por pragmatismo y por la certeza de que también serían los beneficiados en el nuevo régimen.

Adolfo Suárez tuvo también una relación muy próxima con Galicia, uno de los grandes caladeros de voto de UCD (en 1977 obtuvo 20 de los 27 escaños posibles) y donde el entonces presidente del Gobierno solía pasar parte de sus vacaciones de verano, concretamente en el chalé de A Atlántida, en O Grove. Suárez tuvo asimismo una participación importante en ciertos momentos del proceso de redacción y aprobación del actual Estatuto de Autonomía, aunque sus referencias públicas al autogobierno gallego fueron escasas. Suárez, hombre discreto y dialogante, llevó a cabo intervenciones concretas –sobre todo en ámbitos privados– que fueron determinando el camino de la autonomía de Galicia.

Suárez, al igual que la mayor parte de la UCD, no creía en el autogobierno. Sin embargo, desde el comienzo de su gobierno tuvo que enfrentar una reivindicación absolutamente mayoritaria en Catalunya a favor de la recuperación inmediata de su autonomía, y también una presión muy fuerte igualmente en Euskadi, sumada al problema del terrorismo. Eso lo movió a reinstaurar la Generalitat el 29 de septiembre de 1977, dos semanas después de una masiva Diada que reunió a más de millón y medio de personas en las calles, y más de un año antes de la aprobación de la Constitución. El punto de partida de las preautonomías fue la Operación Tarradellas, una inteligente jugada de Suárez consistente en el restablecimiento de la Generalitat en la figura de su presidente en el exilio. La medida se efectuó a través de un Decreto-Ley basado en el Artículo 13 de la ley de Cortes franquista, y además de constituir un efectivo acto simbólico, servía de contrapeso al poder de la izquierda (PSC-PSOE y PSUC) en la Asamblea de Parlamentarios catalana. Después llegó la preautonomía vasca, y la gallega aún se haría esperar hasta comienzos de 1978, coincidiendo con las concedidas al País Valenciano y a Aragón.

El mismo proceso siguió la redacción y aprobación de los respectivos estatutos de autonomía. En la primavera de 1979 los textos catalán y vasco estaban ya listos para su votación en referéndum (fueron aprobados ese verano), mientras que el gallego aún no había comenzado su redacción. La presión de las fuerzas políticas gallegas (incluso del sector más galleguista de la UCD) aceleró el proceso y la Comisión de los 16 elaboró un proyecto de estatuto a la altura de los textos catalanes y vasco. Este proyecto fue recortado en parte por la UCD en la Asamblea de Parlamentarios, pero llegó casi íntegro a su debate en el Congreso, ya en otoño del mismo año.

El papel de Suárez en el aldraxe

aldraxeSin embargo, una vez que los problemas catalán y vasco fueron solucionados con la aprobación de sus respectivos Estatutos, el Gobierno de Suárez (con el apoyo editorial de la prensa capitalina del Estado y de algunos sectores del PSOE) decidió que había llegado el momento de racionalizar el proceso autonómico. Y a Galicia, como tercera y última nacionalidad histórica, le tocaba el papel de chivo expiatorio, de ejemplo limitador para los restantes territorios. La prensa gallega hizo popular la denominación de aldraxe (ultraje) para condensar estos agravios. “Le tiene miedo Suárez a las autonomías. De ahí que se diese esa orden de paralización total del tren autonómico. No podrían tampoco dar luz verde al vagón de Galicia, porque tendrían que aguantar el grito de los demás que van enganchados a este”, escribía ya en 1978 Luis Álvarez Posa en su crónica política en La Voz de Galicia.

Así, en octubre y noviembre el texto llegó a la Comisión Constitucional del Congreso, donde necesitaba del apoyo de la UCD y del PSOE para ser aprobado. El consenso al que se había llegado en Galicia y los precedentes catalán y vasco auguraban una resolución rápida. Pero la historia fue diferente. Las modificaciones que efectuó la Comisión Constitucional en los meses de octubre y noviembre de 1979 afectaron a temas fundamentales del Estatuto, como las competencias o la organización territorial. La transformación más importante fue la conocida como Disposición Transitoria tercera (en un comienzo, artículo 32.4), que definía la delimitación unilateral por ley de las Cortes Generales en las materias competenciales compartidas y eliminaba la iniciativa del Parlamento autónomo para su cesión, teniendo que esperar a la voluntad (incluso sine die) del Congreso. Es decir, en la práctica, el Estatuto nacía sin competencias, estaba vacío.

A día de hoy, aún se desconoce el papel concreto que Adolfo Suárez tuvo en este recorte. Se puede decir que su autoridad planeaba sobre los debates, pero al igual que hacía en otras cuestiones, delegó la dirección de las negociaciones en personas de confianza, como Abril Martorell o Pérez Llorca. La noche del 21 al 22, la Comisión Constitucional aprobó con dichos recortes el Estatuto con el voto a favor de la UCD, en contra de PSOE y PCE y la ausencia de AP, vascos y catalanes. Durante las semanas anteriores se había especulado con la existencia de un pacto entre UCD y PSOE, entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, para recortar el Estatuto gallego y para que una vez concedido el autogobierno a Catalunya y Euskadi, Galicia fuera el tapón y el ejemplo para el resto de territorios, el primero de los estatutos de segundo nivel. UCD lo haría en Galicia, donde era muy mayoritara, y el PSOE en Andalucía. Sin embargo, al final los ucedeos se quedaron solos. La UCD gallega, que aunque mantenía una posición crítica acató la disciplina de voto de su partido, apostaba por aprobar el Estatuto (según Meilán, de no aprobarse, Galicia tendría que esperar cinco años) y modificarlo en el propio Parlamento gallego.

La solución no contentaba a casi nadie en Galicia. Contaba con la oposición clara del PSdeG-PSOE, de los partidos que formaban Unidade Galega (POG, PSG y PG) y del PCG, y no generaba un gran entusiasmo ni siquiera de la UCD de Suárez. Entre noviembre y diciembre se habían celebrado además masivas manifestaciones contra el aldraxe, vigilias en los ayuntamientos y encierros de representantes públicos. Si el proyecto aprobado era votado en referéndum obtendría muy pocos votos a favor y probablemente sería rechazado. Galicia había pasado a ser algo más que un instrumento, una excusa para limitar el autogobierno a Catalunya y Euskadi. Galicia era ya un problema, un territorio clave que UCD no se podía permitir perder. Es a partir de ese momento cuando Suárez adopta un papel más protagonista.

Un Estatuto desbloqueado en O Grove

A finales del año 1979, Adolfo Suárez afirmó públicamente que “se repararán las injusticias cometidas en Galicia durante siglos”, prometiendo que “la autonomía gallega no será inferior a la catalana o vasca” y reconocía que “acaso por nuestra parte se han cometido errores psicológicos de presentación, al tratar de ordenar racionalmente las transferencias de competencias a Galicia, pero esto no debe dar pie a interpretar el estatuto con criterios restrictivos”. Su toma de postura, en realidad la primera que llevaba a cabo en todo el proceso, fue bien recibida por la prensa gallega y por UCD. También por Ramón Piñeiro, que destacó que “Suárez se convierte en el valedor moral de que Galicia tendrá los mismos niveles que Catalunya y Euskadi”. El 4 de enero, El Ideal Gallego publicó un editorial titulado “Disyuntiva ante el Estatuto”, en el que afirmaba que las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el Estatuto de Autonomía para Galicia constituían un hecho importante en el proceso político gallego pues “elevan la cuestión gallega a categoría de problema de Estado” y que “las protestas contra el Estatuto, elaborado de forma que muchos han coincidido en calificar de ofensivo para el pueblo gallego han dado sus frutos y han servido al menos para abrir los ojos del Gobierno”. El periódico también aseguraba que “Nos queda la impresión de que hubiera sido muy positivo que la intervención del presidente Suárez se hubiera producido antes”.

El lío en la que UCD había metido el Estatuto gallego fue poco a poco, a lo largo de 1980, deshaciéndose, con el establecimiento de los primeros contactos entre los centristas y algunos representantes del PSdeG-PSOE, del PG y también de la intelectualidad galleguista encabezada por Ramón Piñeiro y organizada en el colectivo Realidade Galega. Sin embargo, en paralelo, el propio presidente Suárez iniciaba una crisis de liderazgo, en un marco de grave crisis económica y de fragmentación de la UCD, que lo llevaría a dimitir en febrero de 1981. En este contexto, el presidente pasó el mes de agosto en O Grove, y allí aprovechó para establecer diversos contactos, sobre todo con sus propios compañeros de partido, para hablar del Estatuto gallego.

El 6 de agosto El Ideal Gallego le dedicaba un editorial titulado “Suárez debe hablar en Galicia”, en el que afirmaba que “debe traslucirse en algún tipo de declaración o de pronunciamiento que despeje ciertas incógnitas. Ya hemos dicho que la moderación no debía entenderse como coartada para seguir marginando a esta región, sino al contrario para premiar su actitud de serenidad”. El propio Quesada dibujó una viñeta sobre el tema, colocando a un paisano que le decía a Suárez: “La cosa está clara: si quiere salir con la cabeza alta, tiene que elevar el techo”.

El 21 de agosto, Suárez se reunió con los principales líderes de UCD en Galicia, una tensa reunión en la que José Luis Meilán y Antonio Rosón le demandaron gestos y concesiones sobre el Estatuto para obtener una mejor imagen pública y, según las crónicas políticas publicadas en esa semana, incluso amenazaron con desentenderse del tema si no se consideraban sus opiniones. Fruto de esas reuniones, con un Suárez ya muy debilitado, la UCD accedió a modificar el texto a través de las conversaciones que dieron lugar al Pacto del Hostal, en el que participaron AP, PSOE, UCD, PCG y PG. No era el texto de los 16 pero sí que se eliminó una parte importante de los motivos de crítica. Después aún vino un referéndum con una abstención del 70%. Vino también el café para todos, así como la LOAPA –después del 23F– como intento de limitar el Estado Autonómico. Pero esa fue otra historia, una en la que Suárez ya no era protagonista y tampoco el pazo de A Atlántida, hoy un lugar conocido sobre todo por acoger numerosas bodas.