La Valedora do Pobo reprende a bancos y administraciones por embargar rentas de inclusión social

La Valedora do Pobo reprende a bancos y administraciones por haber embargado cantidades correspondientes a la renta de inclusión social de Galicia (Risga) y les recuerda que estas prestaciones no se pueden bloquear. Lo hace en su informe sobre su actividad el año pasado, en el que recoge que recibió quejas por estas cuestiones, “a pesar de ser cantidades inembargables y de afectar gravemente a las personas vulnerables”. En el caso de las administraciones la situación se corrigió “al poco tiempo”, pero, “en ocasiones, se repitió”.

En cuanto a las entidades bancarias, el documento señala que quedó comprobado que algunas de ellas “no cumplieron sus obligaciones” porque no comunicaron a los afectados que se les iban a embargar cantidades. Esto, destaca, es va en contra de las buenas prácticas establecidas por el Banco de España. La entidad debe comunicarlo de forma inmediata para que los afectados puedan ejercer la oposición dentro del plazo. En estos casos, la Valedora aconsejó reclamar ante el regulador bancario “subrayando que tuvieron lugar en una situación de vulnerabilidad económica” que entiende que queda acreditada por el propio cobro de la Risga. “Las administraciones y entidades de crédito deberían ser especialmente diligentes en estos supuestos”, afirma.

El informe también hace referencia a quejas recibidas de perceptores que tuvieron pagos inferiores a la cuantía de la Risga en meses en los que hubo cambios en las circunstancias económicas de la familia. La respuesta dada por la Xunta a este respecto fue que cuando hay este tipo de cambios, tiene efecto al mes siguiente y que esto “en ocasiones perjudica y en otras beneficia”. La Valedora, sin embargo, avisa de que esto provoca que “durante un cierto tiempo se den situaciones de mayor precariedad económica”. Le reclama al Gobierno gallego que busque otra fórmula para evitar los efectos “injustos” de esta norma.

La Valedora se dirige también a los ayuntamientos para pedirles que faciliten los empadronamientos porque son “la puerta de entrada” a los servicios sociales“. Poner dificultades, advierte, puede suponer impedir o retrasar ayudas de primera necesidad. Sugiere que se hagan los empadronamientos incluso con un domicilio ficticio cuando los servicios sociales hayan realizado las comprobaciones necesarias.