El edificio de los Juzgados de Cerdanyola (Barcelona) es nuevo. Es una instalación que 'clona' a otros muchos juzgados que existen por ahí. El Juzgado de Guardia luce paredes hormigonadas y un techo semejante al de una buhardilla. Sentada en una de las sillas desde hace 3 horas, nunca te atreves a reclamar por tu detenido, ni siquiera a preguntar cuándo “te lo suben” (de calabozos). Esperas. A unos 15 metros (los funcionarios parece que no lo saben), la acústica del Juzgado de Guardia permite escuchar la frase de la juez: “El Código Penal no está preparado para estos casos”.
Efectivamente, el Código Penal no está preparado para encajar un caso de 'sextorsión' en la Red. Viene a mi memoria la noticia que leí el 12 de septiembre de 2014, sobre la primera reunión del Gobierno para establecer un marco normativo de protección de menores en internet.
Y también me viene a la memoria que, hace pocas semanas, han vetado la cuenta de Twitter de Marcelino Madrigal porque consideraban que estaba “demasiado involucrado” en la denuncia de páginas dedicadas a la pederastia. Se generó la duda sobre si él mismo no lo era. Pero los que le veníamos siguiendo sabíamos que estaba amenazado, no sólo en la Red, sino también en su realidad más cercana, compuesta por su familia.
La pregunta es: ¿qué va a regular exactamente el Gobierno? En el Código Penal no están tipificados los delitos de nueva nomenclatura: 'sexting', 'grooming', 'happy slapping' y ciberacoso, entre otros.
Nuestros hijos pasan, a los 10 u 11 años, de la etapa Russell - en la que son 'boy scouts' y miran por la ciudadanía - a meterse en un mundo conectado a internet que escapa a nuestro control. ¿En qué punto evolutivo de los menores podemos crear normativa de protección? Bajo mi punto de vista, lo único que podría plantear el Gobierno es el establecimiento de controles parentales en los ordenadores, que sean fáciles de configurar a fin de que ningún desaprensivo pueda captar de ellos ninguna imagen, ni incitar a que las dé, ni siquiera provocar que les ofrezca usuario o contraseña alguna.
Además, se puede perfilar un poco más el tratamiento que se realiza sobre los datos e imágenes de éstos, e incluso, facilitar los accesos a denuncias online con formularios-tipo. Sin embargo, también soy un poco crítica acerca del alcance de un formulario-tipo. ¿Cuál es? ¿Quién va a denunciar? ¿Los padres? ¿Los menores? ¿A quién va esa denuncia? ¿Cómo se tramitan las denuncias? ¿Van al Juzgado de Menores? Si, según el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la denuncia debe tener rúbrica, ¿qué eficacia jurídica podemos darle a los formularios-tipo?
Bajo mi criterio habría que incorporar primero al Código Penal los nuevos tipos delictivos junto con sus penas correspondientes. La normativa de protección no puede ser más que de prevención, porque llegará una edad en la que los menores podrán conectarse desde cualquier lugar, incluso desde sus teléfonos móviles y sólo la educación preventiva, recibida antes de esa edad conflictiva, es la que podrá, quizás, hacerles sentir “protegidos”.
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Las fotos de este artículo son propiedad de Pro Juventute y de Josh Hallett
Sobre este blog
Un blog sobre leyes y tecnología por y para iLetrados digitales. Derecho para todos los públicos de la mano de Jorge Campanillas, Marina Franganillo, Miriam García, David Maeztu, Jorge Morell, Andy Ramos, Ruth Sala, Alejandro Sánchez, Alejandro Touriño y Roberto Yanguas.
