El Ajuntament obligará a la nueva empresa notificadora de Palma a contar con un sistema para resolver incidencias

El Ajuntament de Palma obligará a la nueva empresa encargada de las notificaciones postales a disponer de un sistema para prever y enmendar posibles incidencias, entre otras mejoras y nuevas obligaciones para la adjudicataria tras los problemas detectados en el contrato actual que opera CI Postal.

Así lo recogen los nuevos pliegos de contratación que ha aprobado este miércoles la Junta de Gobierno de Cort. El portavoz del equipo de gobierno municipal, Alberto Jarabo, ha indicado que la intención es “lógicamente” mejorar el servicio tras las “incidencias” en el contrato actual.

Cabe recordar que en Palma se ha constituido una plataforma de afectados después de que millares de recibos y notificaciones hayan ido apareciendo desechadas en torrentes y descampados de Palma y que antiguos trabajadores de la empresa postal hayan reconocido que las tiraban y que falsificaban el reparto con el geoposicionamiento de la PDA de la empresa porque no podían asumir la carga de reparto que les imponían.

La Policía detuvo en febrero a cuatro trabajadores y mantiene abierta una investigación. Los afectados denuncian que la falta de notificación les ha supuesto importantes recargos en las sanciones y solicitan al Ajuntament que retrotraiga los expedientes.

El nuevo contrato supone una inversión de 15,5 millones de euros, IVA incluido, para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, y se divide en dos lotes: uno para las notificaciones con destino dentro de Palma -del que actualmente se encarga CI Postal- y otro para las notificaciones a entregar fuera de la capital -del que se encarga Correos-.

En los nuevos pliegos, el Ajuntament ha elevado los requisitos en cuanto a las oficinas mínimas abiertas que debe tener la empresa, que además tendrá que disponer de un servicio de atención a la ciudadanía mediante teléfono y correo electrónico.

Además, la empresa que quiera optar al contrato deberá arbitrar un sistema para enmendar las incidencias que puedan surgir y “que permita la rápida resolución con el menor perjuicio posible” para el ciudadano. Los pliegos también incluyen obligaciones sobre transparencia en la información que la adjudicataria debe suministrar al Ajuntament, para lo que la prestadora deberá contar con información estadística sobre el cumplimiento del servicio y la satisfacción de los usuarios.

“Habrá una obligación total de la empresa adjudicataria para cumplir los requisitos y dar garantías a los ciudadanos de la manera más firme y comprometida, y evitar cualquier tipo de duda que pueda tener un ciudadano en cuanto a la capacidad de entregar las notificaciones”, ha asegurado el regidor.

Los pliegos también reformulan las causas de resolución del contrato, incluyendo entre ellas “la comisión de hechos declarados delictivos por sentencia judicial firme” y el incumplimiento de los plazos máximos de intento de notificación. Además se contempla la posibilidad de realizar una auditoría externa de comprobación de cumplimiento del contrato y se replantean las penalizaciones por incumplimientos o “cumplimientos defectuosos”, incluyendo “penalidades por incumplimiento masivo y continuado”.

Igualmente, se exigirá a la empresa que disponga de un sistema informático de control y se otorgarán puntos adicionales por tener un sistema de geolocalización para certificar “de manera exacta” la entrega.

Por último, se constituirá una Comisión técnica para el seguimiento del contrato, que servirá para trasladar al responsable datos de seguimiento, detectar incumplimientos sobre la forma o plazo de notificaciones, coordinar campañas y “tratar cualquier otro aspecto” relacionado con las notificaciones de Palma.

La Comisión estará integrada por el jefe del departamento de calidad y atención a la ciudadanía, el jefe de la sección de la unidad administrativa de correspondencia, el jefe de departamento de movilidad, el jefe de la unidad administrativa de multas, el jefe del departamento de disciplina urbanística y el jefe del departamento tributario.

A preguntas de los medios, Jarabo ha asegurado que no ha habido un incremento de las quejas por el funcionamiento del servicio de notificaciones en Palma si se atiende, proporcionalmente, al aumento de la actividad. Según el regidor “siempre ha habido quejas con un porcentaje mínimo respecto al total de notificaciones”, que se ha mantenido.