El Gobierno responde a Balears que no está al límite de su capacidad ni en condiciones de entrar en contingencia migratoria

El delegado del Gobierno central en Balears, Alfonso Rodríguez, ha aseverado que los centros de acogida del archipiélago no están al 1.000% de su capacidad, en contra de lo que alega el Govern de Marga Prohens (PP). Tampoco está la comunidad autónoma, ha manifestado, en condiciones de pedir la situación de contingencia migratoria extraordinaria para que las islas queden excluidas del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias.

El Ejecutivo balear ha anunciado que cursará esta solicitud pese a no triplicar su capacidad ordinaria de acogida, tal y como establece como requisito el real decreto que regula el reparto y al que el Consejo de Ministros dio a luz verde este martes. Mediante esta resolución, el Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida del conjunto de España en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes, 406 en el caso de Balears.

El decreto, que ha entrado en vigor este miércoles con su publicación en el BOE, fija por tanto la capacidad de acogida de cada autonomía y supone el arranque la solidaridad obligatoria que exigió Canarias, por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones. Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.

El destino de los menores serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Los traslados se distribuirán, además, teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.

Ante la negativa del Govern a cumplir con el decreto, Rodríguez ha reclamado a Prohens que elija entre gestionar la crisis migratoria desde la colaboración y la coordinación con el resto de administraciones o seguir “por la senda que le marcan sus pactos con la ultraderecha de buscar la migración como una herramienta arrojadiza de confrontación”.

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno ha recriminado que la líder balear cuestione el modo de calcular los criterios de capacidad de acogida, reprochándole además el hecho de que no acuda a las conferencias sectoriales de Inmigración que convoca Madrid y de que no aporte los datos requeridos a la administración autonómica en materia de menores acogidos.

“Hay unas conferencias sectoriales a las que el gobierno balear no ha acudido. Por tanto, lo primero, acudir a esos espacios de coordinación. En segundo lugar, si el gobierno de España pide datos reales de la acogida real que tenía Balears, ¿por qué Balears no ofrece los datos? Ha sido una de las cuatro comunidades que no ha ofrecido los datos. Que los ofrezca”, ha insistido, al tiempo que ha acusado al Govern de “boicotear” el reparto de recursos económicos al mismo tiempo que reclama más aportaciones dinerarias.

Preguntado por el cálculo para fijar la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, el representante del Gobierno central en el archipiélago ha explicado que las cifras son el resultado de tomar la población total en España, con un número global de migrantes no acompañados, y realizar la división. “Ese cociente a su vez se aplica sobre la población de Balears. Y eso te da los 406”, ha señalado, recalcando que se trata de un criterio objetivo.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este miércoles de que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas incumplen la ley por la que se derivará a menores migrantes no acompañados desde territorios muy tensionados a otras autonomías.

El ministro ha lanzado esta advertencia en declaraciones a los periodistas desde la sede del Ministerio de Justicia, al ser preguntado sobre la posibilidad de desplegar, en caso de incumplimientos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la que aludió este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

“No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales”, ha señalado.

Además, ha defendido que los criterios para distribuir a los menores no acompañados son objetivos, claros y transparentes y que en caso de que una comunidad triplique la ratio de acogida de 32,6 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes se activa el traslado a otras comunidades. Según Bolaños, estos criterios son solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria entre las que ha mentado a Canarias, Ceuta y Melilla y también a Andalucía o Balears.

El pasado 29 de julio, Prohens “suplicó” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que “ponga todo a su alcance para evitar que Balears se convierta en Canarias” en relación con su “dramática situación humanitaria”, toda vez que lanzó un “grito de auxilio” para que el Ejecutivo central frene el reparto de menores extranjeros no acompañados ante la “falta de espacios y profesionales” que, aseguró, acusan las islas, lo que “imposibilita” poder atenderles “como se merece cualquier persona, cualquier niño, venga de donde venga”.

En declaraciones a los medios tras recibir a Sánchez en audiencia en el Consolat de Mar -sede de la presidencia balear-, Prohens señaló que la “crisis migratoria” fue, de hecho, “una de las principales preocupaciones” que le transmitió: “Es una crisis migratoria como nunca vista antes, con unos datos cada vez más preocupantes y una evolución cada vez más negativa en términos de llegada de inmigración irregular a las islas”. En este sentido, la líder balear manifestó haber “compartido y constatado” con el presidente que “la ruta más activa y la que más crece en estos momentos es la de Argelia, con Balears como parada preferente”.