La jueza del caso 'Amadiba' critica al PP por “instrumentalizar políticamente la justicia” pero ve “indicios de delito”

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Carmen Martín, ha acordado prorrogar por un periodo de seis meses -el plazo legalmente establecido- la investigación penal por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios de la Asociación de Madres y Padres con Discapacidad de las Illes Balears (AMADIBA) por parte del Consell Insular d’Eivissa cuando Lydia Jurado (Podemos) era la consellera insular de Bienestar Social (2015-2019), según figura en un auto al cual ha accedido elDiario.es.

Pese a que Lydia Jurado dejó su cargo como consellera insular de Bienestar Social en mayo de 2019, no fue hasta el 2 de febrero de 2023 cuando el Ejecutivo del PP, que en ese momento gobernaba en coalición con Ciudadanos (en estos momentos lo hace con mayoría absoluta), informó de que había puesto en conocimiento de los juzgados y de la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades en relación a unas contrataciones que el gobierno progresista del PSOE y Guanyem-Podem (2015-2019) había realizado con AMADIBA, entidad con la que el Consell Insular mantiene una deuda de más de 2 millones de euros por servicios realizados entre 2017 y 2019. AMADIBA no puede cobrar estas cantidades económicas mientras la vía penal siga su curso. De hecho, la entidad presentó un recurso en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Palma para reclamar el impago de la deuda contraída, según informó Periódico de Ibiza y Formentera.

El auto de la jueza, fechado a 27 de febrero de 2024 y cuyo contenido fue avanzado por Diario de Ibiza, señala que dado que no se ha podido finalizar la investigación judicial en el plazo de un año, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que si tal investigación no ha podido ser concluida, se puede alargar durante seis meses más. En cuanto al objeto de la investigación, la magistrada afirma, en cuanto al conjunto de la causa, que la única conducta que pudiera ser constitutiva de ilícito penal de prevaricación administrativa son las “presuntas irregularidades que pudieran existir en lo que respecta a la tramitación de dos únicos y concretos contratos de prestación de servicio (los fechados los días 01/01/18 y 23/03/18)”.

Instrumentalización política de la justicia penal

Unos contratos que, detalla la jueza, fueron, al parecer, formalizados y firmados por la entonces consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, “sin que conste la correspondiente tramitación administrativa preceptiva a tal efecto”. En este sentido, la magistrada argumenta que son estos dos contratos los que hay que “analizar y verificar (...) en el contexto de la normativa aplicable”, pero que, sin embargo, no puede compartirse la pretensión de la acusación (el gobierno del PP en el Consell Insular) de revisar, vía procedimiento penal, “todas y cada una de las facturas cuyo abono se cuestiona por esta parte estando en curso procedimiento administrativo para su reclamación evidenciándose, en este punto, una clara intención de instrumentalizar políticamente la justicia penal”.

Es decir, que la magistrada sostiene en su auto que no ve indicios de ilícito penal en el conjunto de la causa, que hay dos únicos contratos que pudieran ser constitutivos “de ilícito penal de prevaricación administrativa” y que, por otro lado, estima que hay “una clara intención de instrumentalizar políticamente la justicia penal”, por parte de la acusación que ejerce el gobierno insular del PP. Este diario ha podido saber que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (OAIB) ha archivado al menos una denuncia en relación a este caso, antes de que el departamento de Bienestar Social, que dirige Carolina Escandell (PP), denunciara el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

En este sentido, el auto detalla en cuanto a los oficios solicitados por la defensa de Lydia Jurado (14 de febrero de 2024), que el juzgado solicita a la OAIB copia íntegra del expediente I/de/18/2019 (incluyendo toda la documentación anexa a las alegaciones presentadas por su defensa legal) para valorar el contenido en relación a los hechos que se investigan en la causa. Además, se instará a la Fiscalía de Eivissa a fin de que aporte sus diligencias de investigación penal registradas bajo el número 18/20.

Un relato “vago y genérico”

En un auto anterior del 3 de marzo de 2023, Carmen Martín, magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, afirma haber recibido el escrito con las conclusiones presentado por la consellera de Bienestar Social del Consell Insular, Carolina Escandell (PP), sobre el caso AMADIBA. En dicho auto, la jueza afirma que el relato contenido en el extenso informe es “vago y genérico” y que el hecho de que el Consell Insular considere que la forma en que se adjudicaron los contratos a dicha entidad durante el período 2017-2019 entren dentro de “la esfera del ilícito penal” es una consideración, igualmente, “vaga y genérica”.

“En ningún momento se especifica o concreta qué hechos o actos se considera tendrían trascendencia penal o qué persona o personas pudieran estar implicadas en los mismos. Únicamente se aprecia, por el momento, posibles irregularidades en lo que respecta a la tramitación de dos contratos de prestación de servicio (los fechados los días 01/01/18 y 23/03/18) que, al parecer, fueron formalizados y firmados por la Sra. Lydia Jurado Cotrina en su condición de consejera ejecutiva del Departamento de sanidad, bienestar social, igualdad y relaciones con entidades y asociaciones sin que conste la correspondiente tramitación administrativa preceptiva a tal efecto”, desgrana el auto de la magistrada. Si se demostraran las supuestas irregularidades en ambos contratos sí podrían constituir un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La denuncia del ‘caso Amadiba’ por parte del gobierno insular del Consell d’Eivissa, bajo el mandato del PP, se produjo el 2 de febrero de 2023, casi cuatro años después de que Lydia Jurado (Podemos), investigada por presunta prevaricación administrativa, cesara en su cargo de consellera insular de Bienestar Social debido al cambio de gobierno. Un día después de que el Ejecutivo conservador pusiera el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes de la institución insular informaron de que Vicent Marí (PP), presidente del Consell Insular, debería haber declarado en calidad de investigado el 9 de febrero por el caso de ‘La vida islados’, aunque dicho juicio se terminó aplazando. Cabe mencionar que entonces quedaban poco más de dos meses para la celebración de las elecciones locales, insulares y autonómicas del 28 de mayo.