El PP pide a propietarios y constructores que ajusten precios y beneficios en Balears mientras se opone a regular la vivienda

El conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (PP), ha instado este jueves a constructores, promotores y propietarios a aceptar menores márgenes de beneficio y a evitar desmesuradas subidas de precio, un “llamamiento colectivo” que contrasta con algunas decisiones adoptadas por el Govern de Marga Prohens en materia de vivienda, como su rechazo a las herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

“La cuestión de la vivienda es una cuestión que nos preocupa absolutamente a todos. Estamos hablando de la vivienda de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos y de nuestros amigos”, ha manifestado.

Mateo ha asegurado que el Govern es “plenamente consciente” de la actual crisis tras ser preguntado por el último informe del Consejo de la Juventud de Balears, que sitúa en un 16,2% la tasa de emancipación de las personas con edades entre los 16 y los 29 años mientras su salario medio se incrementó en apenas casi cuatro euros -de acuerdo a los datos relativos al segundo semestre de 2024-. El documento recomienda limitar el precio de los alquileres, mejorar los mecanismos de acceso a la vivienda y reconvertir espacios en desuso.

El conseller ha defendido que “desde el primer día” la Conselleria ha impulsado medidas en esta línea, aseverando que varios hoteles se convertirán en viviendas y que el Ejecutivo dispone de acciones a corto plazo, como la transformación de antiguos locales comerciales en pisos. Asimismo, ha señalado que en el municipio de Manacor ya se han iniciado proyectos a precios “muy asequibles” y ha destacado también nuevas promociones como la del Pil·larí dentro de la categoría de Vivienda de Precio Limitado (VPL), una nueva figura introducida por el PP en esta legislatura cuyo precio máximo está fijado en hasta 30% por encima del de las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

En esta línea, ha asegurado que, en la actualidad, hay planificadas cerca de 7.000 viviendas en Balears, incidiendo en que la problemática del acceso a la vivienda no es exclusiva del archipiélago. Mateo ha anunciado que el Govern mejorará el programa 'Alquiler Seguro', si bien ha advertido de que, para ello, es necesaria la colaboración estatal. Al respecto, ha manifestado que el Ejecutivo balear está negociando con el Gobierno central el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para que se modifique el umbral máximo del alquiler que permite acceder a las ayudas, un tope en el que el PP ha centrado sus críticas en varias ocasiones, desviando el debate de los precios abusivos de la vivienda en el archipiélago.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, PP y Vox impidieron con sus votos que el Parlament balear tomase en consideración una proposición de ley del PSIB-PSOE dirigida a declarar, en medio de la actual emergencia habitacional, zonas de mercado residencial tensionadas en el archipiélago y topar con ello los precios de los alquileres. Los socialistas consideran que el vigente marco normativo autonómico ha demostrado su “incapacidad” para resolver la “dimensión del problema de acceso a la vivienda”, por lo que abogan por aplicar un nuevo enfoque a través de la Ley estatal de vivienda, evitando los procesos especulativos y otorgando respuestas de “gran alcance”.

Del mismo modo, en abril, ambos socios de investidura volvieron a rechazar una moción de Podemos dirigida a instar al Govern a declarar como zona tensionada todos los municipios de Balears y considerar gran tenedor a aquellos que tengan cinco o más viviendas (Balears es la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de viviendas en manos de grandes propietarios, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles, de acuerdo a una investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro. Los datos arrojan, además, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles cada uno).

En mayo, populares y extrema derecha rechazaron una iniciativa impulsada por Asociación Socialista Gomera y el senador por Pitiüses, Juanjo Ferrer, para establecer un marco normativo que limite y regule la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes en Balears y Canarias, una propuesta que desde hace varios años han puesto sobre la mesa partidos de izquierdas y entidades sociales con el objetivo de combatir la compra masiva de viviendas por parte de extranjeros de elevado poder adquisitivo, garantizar por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenar con ello el incremento desbocado de los precios.

Ya en julio, PP y Vox reforzaron su alianza en esta materia con la aprobación de una de las medidas más controvertidas de la legislatura, la ley de liberalización del suelo. Con sus votos, el Parlament dio luz verde a una norma que flexibiliza las restricciones urbanísticas y permitirá recalificar suelos rústicos en determinadas condiciones con el objetivo, defiende el Govern de Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Mientras en el hemiciclo se debatía la nueva normativa, más de 200 personas convocadas por entidades ecologistas y plataformas ciudadanas se concentraban a las puertas de la Cámara para protestar contra un texto que, denuncian, pone en riesgo el territorio balear y reduce los controles públicos en un momento de creciente saturación turística y falta de recursos.