El Govern balear del PP critica los topes estatales de las ayudas al alquiler mientras calla ante los precios abusivos de la vivienda

El conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se ha escudado este viernes en el Gobierno central para justificar que las ayudas al alquiler anunciadas por el Govern solo alcancen a quienes paguen menos de 900 euros al mes, un umbral que se sitúa muy por debajo de los precios de mercado en las islas. El titular de Vivienda ha centrado así su discurso en los límites actuales de los subsidios, evitando criticar los precios abusivos de la vivienda en el archipiélago, que están expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

Preguntado por la escasa cobertura que tendrán estas subvenciones, Mateo ha asegurado que el Ejecutivo central habría abierto las puertas a revisar los topes en futuras convocatorias en el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Con ello, el conseller ha tratado de justificar que el Govern “defiende los intereses de los baleares”, aunque al mismo tiempo ha admitido que los límites actuales “no son suficientes” y que dependen de Madrid para que se amplíen.

Pese a la grave situación que atraviesa la vivienda en Balears, el Govern de Marga Prohens mantiene su rechazo frontal a declarar las islas zona tensionada, una medida contemplada en la Ley estatal de Vivienda que permitiría topar los precios de los alquileres. En este sentido, Mateo ha aseverado que Balears “no incumple ninguna ley”, rechazando cualquier limitación de precios de alquiler bajo el pretexto de que allí donde se ha aplicado esta medida “no ha tenido éxito”. Según el conseller, esas políticas solo han provocado la desaparición de la oferta o la permanencia de viviendas “de peor calidad y más baratas”.

El argumentario del PP en Balears pasa por defender el aumento de la oferta de vivienda asequible a través de la construcción y la colaboración público-privada. “El Govern considera que las medidas de la Ley estatal de Vivienda no son las correctas. Si de verdad el Govern creyera que son las correctas, ¿no las iba a aplicar? Por supuesto que se aplicarían pero no han dado resultados”, ha incidido Mateo.

Con todo, ha reconocido que el parque público de vivienda en Balears es “insuficiente”, y que sin el sector privado el desafío no podrá afrontarse.

Mientras tanto, las entidades sociales contradicen frontalmente esta visión. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca, Àngela Pons, denuncia que en dos años de legislatura el Govern de Prohens “no ha hecho nada” en materia de vivienda social, mientras el sinhogarismo crece en las islas. Pons considera una “injusticia enorme” que se construyan viviendas en suelo público con precios de hasta 300.000 euros, mientras familias con niños siguen en la calle.

Frente a esta situación, la PAH exige que se priorice la vivienda social y se cumpla el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a una vivienda digna, frente a lo que considera una política centrada en atender a quienes pueden pagar precios muy por encima de la capacidad de las familias más vulnerables.

El pasado mes de marzo, PP y Vox impidieron con sus votos que el Parlament balear tomase en consideración una proposición de ley del PSIB-PSOE dirigida a declarar, en medio de la actual emergencia habitacional, zonas de mercado residencial tensionadas en el archipiélago y topar con ello los precios de los alquileres. Los socialistas consideran que el vigente marco normativo autonómico ha demostrado “su incapacidad para resolver la dimensión del problema de acceso a la vivienda”, por lo que abogan por aplicar un nuevo enfoque a través de la Ley estatal de vivienda, evitando los procesos especulativos y otorgando respuestas de “gran alcance”.

Del mismo modo, en abril ambos socios de investidura volvieron a rechazar una moción de Podemos dirigida a instar al Govern a declarar como zona tensionada todos los municipios de Balears y considerar gran tenedor a aquellos que tengan cinco o más viviendas.

En mayo, populares y extrema derecha rechazaron una iniciativa impulsada por Asociación Socialista Gomera y el senador por Pitiüses, Juanjo Ferrer, para establecer un marco normativo que limite y regule la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes en Balears y Canarias, una propuesta que desde hace varios años han puesto sobre la mesa partidos de izquierdas y entidades sociales con el objetivo de combatir la compra masiva de viviendas por parte de extranjeros de elevado poder adquisitivo, garantizar por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenar con ello el incremento desbocado de los precios.

En julio, PP y Vox reforzaron su alianza en las islas con la aprobación de una de las medidas más controvertidas de la legislatura, la ley de liberalización del suelo. Con sus votos, el Parlament dio luz verde a una norma que flexibiliza las restricciones urbanísticas y permitirá recalificar suelos rústicos en determinadas condiciones con el objetivo, defiende el Govern de Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Mientras en el hemiciclo se debatía la nueva normativa, más de 200 personas convocadas por entidades ecologistas y plataformas ciudadanas se concentraban a las puertas de la Cámara para protestar contra un texto que, denuncian, pone en riesgo el territorio balear y reduce los controles públicos en un momento de creciente saturación turística y falta de recursos.